El Gobierno atribuye al 'no' del PP a albergar centros de refugiados el retraso del plan para aumentar las plazas de acogida

El cambio de color de gobiernos municipales y autonómicos no sólo afecta a derechos relacionados con la igualdad o el colectivo LGTBI, que son los que más rápidamente se vieron atacados. La llegada de la derecha al poder también tiene una consecuencia en la política de asilo de España: la negativa de Cantabria y Logroño a albergar sendos centros de acogida de refugiados, como inicialmente estaba previsto. Esa situación ha obligado al Gobierno a buscar nuevas sedes y es una de las razones a las que atribuye la ampliación del plazo que ha pedido a Bruselas para cumplir con el compromiso de aumentar la capacidad de acogida de España.

En la revisión del plan de recuperación que Bruselas ha aprobado se incluyó un retraso de un año y nueve meses sobre el calendario inicial para cumplir con el objetivo de aumentar las plazas disponibles para refugiados. En concreto, se dota de 176 millones de euros para incrementar la capacidad de acogida en 5.700 plazas –en comparación con el año 2019–. Inicialmente el plazo estaba previsto para finales de 2024, pero el Gobierno de Pedro Sánchez pidió una ampliación hasta 2026 que la Comisión Europea ha avalado.

Los “problemas de licitación” son una de las causas a las que la Comisión Europea atribuye el retraso. “El rechazo de algunas administraciones a dar seguimiento al desarrollo de centros que ya estaban proyectados (Cantabria y Logroño), así como la indecisión de otras (Valladolid) ha ocasionado retrasos en las licitaciones, y también que haya que buscar nuevas ubicaciones para abrir los centros”, explican desde el Ministerio de Seguridad Social, Migraciones e Inclusión.

La nueva presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, decidió dar marcha atrás en el plan acordado con el anterior gobierno bipartito de Miguel Ángel Revilla y los socialistas que pasaba por convertir un viejo psiquiátrico en la localidad de Camargo en un Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI). El viraje supondrá, además, que esa comunidad autónoma perderá los 30 millones de euros apalabrados.

Algo parecido ha sucedido en el caso de la capital de La Rioja. El nuevo alcalde, Conrado Escobar, ha rechazado la construcción de un centro de acogida en esa ciudad bajo el argumento de que es preferible “trabajar en un proceso personal de acogida”, realizado “de manera responsable y ordenada”. “No es la fórmula idónea”, dijo sobre los centros de refugiados.

Con esa situación, que enfrentó a esas administraciones con el departamento que dirige José Luis Escrivá en el mes de agosto, el ministerio incluyó ese razonamiento en las observaciones de la adenda que el Gobierno intercambió con la Comisión Europea. La derecha ya había puesto en entredicho los proyectos antes de las elecciones de mayo.

No obstante, no es el único motivo por el que se amplía el plazo, a pesar del incremento de las solicitudes de asilo, que se han incrementado un 28% en la UE. En el ministerio también explican que la “presión migratoria” y la inflación “también están alterando las fechas previstas”. El incremento de llegadas de personas migrantes “ha obligado a compatibilizar los nuevos proyectos con el refuerzo de los recursos existentes (por ejemplo, reabrir Las Canteras) para poder atender óptimamente la situación”, explican en el departamento de Escrivá, que también ha visto cómo se han tenido que “rehacer los presupuestos de obras” por el aumento de los costes de las materias primas.