Ucranianas acogidas en el centro que Pozuelo quiere cerrar para evitar recibir a menores africanos: “Eso se llama racismo”

Supieron que algo había pasado cuando se toparon con varias cámaras de televisión a su salida del centro de acogida. La ucraniana Daria Voievoda, tras preguntar a otros compatriotas, buscó en Internet la noticia de la que algunos hablaban: el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón había ordenado el cierre del centro donde viven tras pedir una instrucción urbanística de un espacio que acoge solicitantes de protección internacional, la mayoría ucranianos, desde 2022. “Me han explicado un poco, pero me quedo en shock. Llevo meses aquí y este centro ayuda mucho a muchísima gente, en mi opinión es un delito cerrarlo”, dice la mujer refugiada ucraniana que huyó de la guerra en febrero de este año junto a su marido y sus tres hijos menores.

Pese a que la actividad del centro continúa con normalidad, la noticia de la orden de cierre por parte del Ayuntamiento ha generado cierta inquietud entre las personas acogidas. “Todavía no sabemos nada y estamos muy pendientes de lo que nos digan. Hay cierto miedo: si cierran el centro ¿a dónde vamos a ir?”, se pregunta. Tampoco su compatriota, Bohdana Mysiukeych, entiende el problema surgido con un centro del que dice no tener queja: “No sé por qué van a cerrar un sitio como este. Nos da mucha seguridad”, lamenta

El Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) de Pozuelo de Alarcón, de competencia estatal y gestionado por la ONG Accem, comenzó su actividad en marzo de 2022. El Gobierno habilitó entonces una antigua residencia de estudiantes propiedad del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para atender y albergar a los refugiados ucranianos llegados a Madrid tras el inicio de la invasión rusa. Una vez que el flujo procedente de Ucrania comenzó a caer, el Ejecutivo utilizó también el espacio para acoger a solicitantes de asilo y migrantes de otras nacionalidades.

Fue entonces cuando la actual alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero, empezó a mostrar su rechazo a la existencia de un centro de acogida en su municipio, con declaraciones que conectaban a inmigración con la delincuencia, sin que hubiese ocurrido incidente alguno destacable. Pero el Consistorio dio un paso más este mes, cuando el Gobierno central ofreció a Canarias el espacio como uno de los posibles lugares donde trasladar a parte de los menores solicitantes de asilo de los que el Estado se debe hacer cargo para acatar una sentencia del Supremo. No estaba confirmado, pero el Consistorio no tardó en mover ficha para evitar la llegada de cualquier adolescente refugiado africano.

Fue entonces cuando el Ayuntamiento pidió una inspección urbanística del centro de acogida que llevaba años alojando a solicitantes de asilo, sin problemas aparentes con las condiciones ligadas al espacio. Según el Consistorio, el centro carece de “todas las licencias” por lo que exige la suspensión de su actividad.

“Los menores africanos tienen el mismo derecho”

Entre esas 500 personas acogidas en el centro que el Ayuntamiento de Pozuelo quiere cerrar se encuentra Voievoda, su marido y sus tres niños. No comparte la posición del Ayuntamiento de mostrar su rechazo a la posible llegada de menores solicitantes de asilo africanos, mientras que el Consistorio colaboró de forma activa en 2022 de la acogida de ucranianos. “Yo pienso que es racismo. Eso se llama racismo. Hay de todo, gente buena y mala, entre los ucranianos, entre los españoles, entre los africanos y entre cualquier persona de cualquier nacionalidad, sea de un color de piel u otro”, reflexiona la mujer. “Aquí vivimos todos sin problema, no lo entiendo. Aquí ya hay muchas nacionalidades. Todos venimos desde diferentes países por una razón”.

Dentro del centro, recalca, personas de distintas procedencias conviven sin apenas problemas, en un ambiente que la ucraniana considera enriquecedor. “Por ejemplo, mis hijos tienen amigos de Afganistán, y los niños afganos enseñan el idioma de su país, y mis hijos el ucraniano”, detalla la mujer. “Cuando tenemos clases de castellano, para sacar algún tema, los chicos africanos nos comentan las costumbres de su cultura y nosotros las nuestras. Es un intercambio”, apunta Daria para explicar su incomprensión la alerta generada por el Ayuntamiento de Pozuelo ante la posibilidad del traslado desde Canarias de menores solicitantes de asilo africanos, la mayoría malienses.

Bohdana Mysiukeych abandonó Kiev para refugiarse en Madrid hace menos de un mes. Después de evitar su marcha durante años, la mujer, de 21 años, decidió salir del país ante el incremento de los bombardeos en la capital ucraniana, donde en los últimos meses se han producido algunos de los ataques más fuertes desde el inicio de la contienda. La joven padece parálisis cerebral desde su nacimiento, que le afecta únicamente a nivel motor, padeciendo dificultades para caminar. Su madre vive en Dinamarca y sus dos hermanos permanecen en Ucrania.

Ha leído en los medios el revuelo generado por la posibilidad de que el centro que ahora la acoge pudiese recibir a adolescentes solicitantes de asilo de origen africano. Y no entiende el problema: “Después de vivir ahí un mes, veo cómo nos trata el personal y cómo vivimos aquí, no solo ucranianos, también otras nacionalidades, que cuando me enteré de noticia de que podrían llegar adolescentes aquí pensé que era un buen sitio para ellos, porque hay que ayudar a todos. Estos adolescentes tienen los mismos derechos que nosotros”, añade la joven, quien también recalca la buena convivencia surgida en el centro.

Aunque desde el Accem han trasladado calma a las personas acogidas, Bohdana reconoce cierto temor ante la posibilidad de un cierre repentino del centro. “No sé qué haría si cierran el centro. Aquí no tengo ni parientes que me puedan ayudar. Si pasa eso y no hay solución solo me quedaría volver a Ucrania, pero no quiero porque todas las noches bombardean a mi ciudad”, dice Bohdana. Si tuviese que cambiarse a otro lugar, añade, preferiría que fuese debido al cambio de etapa en su proceso de acogida, pero no hacerlo por una razón de emergencia: “Me costó acostumbrarme a este centro, a los profesionales, al entorno… Después de tan poco tiempo, moverme otra vez sí me afectaría”, indica.

Una inquietud similar describe Daria. Tras medio año en el centro, durante este tiempo la ONG que gestiona el centro les ha apoyado en los trámites ligados a su llegada y la escolarización de sus hijos. También reciben clases de español y orientación sociolaboral. Los niños, además de ir al colegio en la zona, participan en la escuela deportiva del Rayo Vallecano. “Los profesionales de aquí al principio nos acompañan al médico o a cualquier lado. No sé como nos hubiésemos apañado si no hubiésemos estado aquí. Es seguro, hay paz, los niños sonríen y desarrollan bien, ¿por qué van a cerrarlo?”, se pregunta.

“Si nos tenemos que ir de aquí, no sabemos qué haremos. No podemos volver a Ucrania y el alquiler aquí es imposible todavía porque no tenemos trabajo ni dinero porque aún no hablamos bien español. Sin la ayuda del centro, sería muy difícil”, sostiene Daria. No obstante, si tuviese lugar la suspensión efectiva de la actividad del centro, el Gobierno tendría que buscar otro espacio para reubicar a los solicitantes de protección que aloja antes de acabar la primera fase de la acogida. “Si solamente se tratase de los adultos sería difícil, pero no tanto. Pero a los niños les afectaría mucho. Porque pese a que son pequeños, les cuesta adaptarse. Si antes de terminar la primera fase nos van a llevar a otro sitio, será difícil porque los niños aquí están escolarizados, van a entrenamientos y cada vez que hay un cambio es muy complicado”, continúa.

El pasado marzo, Tribunal Supremo ordenó al Gobierno central que se hiciese cargo de los menores migrantes solicitantes de asilo acogidos en la red de protección de Canarias. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal adoptó esta medida cautelar positiva que afecta a 1.221 menores no acompañados que hasta ahora formaban parte de la red de protección del Archipiélago. Se trata, por tanto, de un proceso diferente al plan del Ejecutivo para el reparto obligatorio de menores extranjeros no acompañados por comunidades autónomas.

Tanto los ucranianos como los menores africanos que el Gobierno tiene que acoger son solicitantes de protección internacional. Unos y otros han formalizado peticiones de protección porque huyen de la guerra o de la persecución en sus países de origen. Los chavales llegados a Canarias a los que se refiere la sentencia del Supremo, esos que podrían pasar por el centro de acogida de Pozuelo, proceden en su mayoría de Mali, cuyo conflicto, recrudecido el año pasado, ha provocado oleadas de violencia contra civiles, así como la expansión de la guerra hacia otras zonas del país. Son niños y, como los ucranianos, huyen de la guerra.

Fuentes de Migraciones insisten en que el centro de acogida de Pozuelo era solo una de las posibilidades que barajan para recibir a estos chavales y, en todo caso, necesitaría ser habilitado para recibirlos, pues actualmente no está preparado para alojar a menores no acompañados. Para cumplir con la orden del Supremo, el Ministerio pretende apostar por priorizar espacios de acogida más pequeños para favorecer una mayor inclusión en la sociedad y una atención más personalizada, aunque no detallan los lugares que barajan para evitar reacciones como la del Ayuntamiento de Pozuelo, según fuentes de Migraciones.

Desde la noticia del posible cierre, Accem transmite cautela a los usuarios que preguntan por las informaciones recibidas y mantiene la actividad en las instalaciones, mientras el Ministerio de Migraciones asegura no haber recibido aún la notificación del resultado de la inspección, pero alerta de las consecuencias de un hipotético cierre: “Actualmente residen allí casi 500 personas, la mayoría ucranianas, pero también latinoamericanas, mujeres con niños muy pequeños. No contemplamos que el Ayuntamiento y el PP madrileño las quiera dejar en la calle de la noche a la mañana”.