979 euros por 14 pagas: el SMI “adecuado” que indica Bruselas para España

¿Cuál sería un salario mínimo “adecuado” para España en estos momentos, según los criterios de la Comisión Europea? Aquel que, al menos, suponga un 60% del salario mediano o un 50% del salario medio, afirma el Ejecutivo comunitario en una propuesta de directiva. En el caso de España, según los datos de Bruselas extraídos de las estimaciones de Eurostat para 2019, el organismo estadístico comunitario, habría que pasar de los 950 euros en 14 pagas a los 979 euros –de 1.108 a 1.142, si fuera en 12 pagas– si se considera el 60% del salario mediano que maneja Eurostat. Es decir, un incremento del 3%. Si se tiene en cuenta el 50% del salario medio que usa Bruselas, sería pasar de los 1.108 euros mensuales a los 1.116 –una subida de algo menos del 1%–. Las recomendaciones de la Carta Social Europea, en las que se referencia el acuerdo de Gobierno entre PSOE y UP, elevan la ambición hasta “al menos el 60% del salario medio nacional neto” –unos 1.150 euros por 14 pagas en el caso de España–.

La subida del salario mínimo hasta los 950 euros al mes en 2020 marcó el inicio del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Solo unos días después de su formación, la ministra Yolanda Díaz se apuntaba este primer acuerdo con los empresarios y los sindicatos, al que han seguido bastantes más. Pero ese primer pacto social adquirió una relevancia especial dadas las reticencias que las patronales habían mostrado a que se formase el Ejecutivo de coalición. Trabajo quiere seguir subiendo el SMI en 2021, para lo que intentará llegar a un acuerdo con sindicatos y patronales, que mantienen posturas enfrentadas: Díaz entiende que si los convenios colectivos están produciendo subidas de entre el 1,5% y el 1,85 para 2021 y si las pensiones y los salarios públicos también subirán el año que viene un 0,9%, el SMI no debería quedarse atrás, tesis apoyada por UP y algunos ministros socialistas, pero no por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, entre otros. El compromiso del programa de gobierno de coalición es acabar la legislatura con un SMI equivalente al 60% del salario medio en España, de acuerdo con las recomendaciones de la Carta Social Europea, lo que supondrían unos 1.150 euros mensuales por 14 pagas.

En este contexto, la ministra de Trabajo viaja a Bruselas este jueves acompañada por el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, y el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, para, según las fuentes de Trabajo y de la Vicepresidencia segunda, “hablar de derechos laborales y sociales” con el comisario de Finanzas, Paolo Gentiloni; y el comisario de Empleo, Nicolas Schmit.

Entre las cuestiones que serán abordadas en las reuniones, según las fuentes, se encuentran “el salario mínimo interprofesional, la modernización del mercado del trabajo en España, la negociación colectiva, el diálogo social, la posibilidad de impulsar un ingreso mínimo vital europeo, y la lucha contra la pobreza o la Garantía Juvenil e Infantil.” 

“El acuerdo del Consejo Europeo para poner en marcha el Fondo de Reconstrucción y Resiliencia ha sido un enorme paso adelante para reforzar el proyecto europeo, que tendrá que completarse en los próximos años con otras reformas que consoliden un nuevo marco de cooperación económica orientado a garantizar el crecimiento económico y la cohesión social”, afirman las fuentes.

Valores de referencia para el SMI

En paralelo a este debate interno, la Comisión Europea está pidiendo a los Estados miembros que utilicen valores de referencia indicativos para guiar su evaluación de la adecuación en relación con el nivel general de los salarios brutos, pero no prescribe un indicador específico. Eso sí, señala que el uso de algunos indicadores utilizados a nivel internacional, como el 60% del salario mediano bruto y el 50% del salario medio bruto, puede ayudar a orientar la evaluación de la adecuación del salario mínimo en relación con el nivel bruto de los salarios. “Estos indicadores permitirán a los Estados miembros evaluar si un salario mínimo es justo en comparación con los salarios de otros trabajadores en el mismo país e informa sobre el efecto de los salarios mínimos en la desigualdad salarial”, dice Bruselas.

En la actualidad, 21 de los 27 Estados miembros, entre ellos España, tienen un salario mínimo regulado por ley. En los otros seis (Suecia, Finlandia, Dinamarca, Italia, Austria y Chipre), el SMI se establece con la negociación colectiva. De los 21 con SMI regulado, sólo Portugal y Bulgaria cumplen el criterio del 60% del salario mediano, y sólo Portugal cumple el del 50% del salario medio. Es decir, el resto de Estados miembros tiene salarios mínimos por debajo de los criterios de la Comisión Europea.

De acuerdo con el Ejecutivo comunitario, “cuando se establecen en niveles adecuados, los salarios mínimos no solo tienen un impacto social positivo, sino que también generan beneficios económicos más amplios, ya que reducen la desigualdad salarial, ayudan a sostener la demanda interna y fortalecen los incentivos para trabajar. Un salario mínimo adecuado también puede ayudar a reducir la brecha salarial de género, ya que más mujeres que hombres ganan un salario mínimo”.

Bruselas reconoce que la crisis actual “ha afectado particularmente a sectores con una mayor proporción de trabajadores con salarios bajos, como la limpieza, el comercio minorista, la salud y los cuidados en residencias. Garantizar una vida digna para los trabajadores y reducir su pobreza no solo es importante durante la crisis, sino que es esencial para una recuperación económica sostenible e inclusiva”.

En las últimas décadas, los bajos salarios no se han mantenido al mismo nivel que otros salarios, y la pobreza de los trabajadores ha aumentado, según la Comisión Europea, con dataos previos a la pandemia: “La pobreza de los trabajadores aumentó del 8,3% en 2007 al 9,4% en 2018 en la UE. La desigualdad salarial también ha aumentado en gran parte debido a una creciente polarización en el mercado laboral (disminución del empleo en ocupaciones de remuneración media o medianamente cualificadas) y un aumento simultáneo de ocupaciones de remuneración baja y alta, junto al declive de la negociación colectiva”.

Cuando se establecen en niveles adecuados, afirma Bruselas, los salarios mínimos garantizan una vida digna para los trabajadores, ayudan a sostener la demanda interna, fortalecen los incentivos para trabajar y reducen la pobreza en el trabajo y la desigualdad salarial. Dado que más mujeres que hombres ganan el salario mínimo, los salarios mínimos también ayudan a reducir la brecha salarial de género. Esta propuesta trae beneficios a las empresas que pagan salarios dignos a sus trabajadores, al garantizar una competencia leal.

Los salarios mínimos no existen en todos los Estados miembros de la UE. Hay 21 países que tienen salarios mínimos fijados por ley y otros seis (Dinamarca, Italia, Chipre, Austria, Finlandia y Suecia) en los que la protección del salario mínimo es proporcionada por convenios colectivos.

Sin embargo, “en la mayoría de los Estados miembros los trabajadores se ven afectados por una adecuación insuficiente o por lagunas en la cobertura de la protección del salario mínimo”, explica Bruselas: “A la luz de esto, la directiva propuesta crea un marco para mejorar la adecuación de los salarios mínimos y para el acceso de los trabajadores a la protección del salario mínimo en la UE”.

El Ejecutivo comunitario insiste en que “respeta plenamente el principio de subsidiariedad”, en el sentido en que “establece un marco para las normas mínimas, respetando y reflejando las competencias de los Estados miembros y la autonomía y libertad contractual de los interlocutores sociales en el ámbito de los salarios. No obliga a los Estados miembros a introducir salarios mínimos legales, ni establece un nivel de salario mínimo común”.

La Comisión Europea también se marca el “objetivo” de “promover la negociación colectiva de salarios en todos los Estados miembros”. ¿Por qué? “Porque los países con una alta cobertura de negociación colectiva tienden a tener una menor proporción de trabajadores con salarios bajos, menor desigualdad salarial y salarios mínimos más altos”. Precisamente uno de los aspectos más relevantes de la reforma laboral de Mariano Rajoy de 2011, tan alabada en Bruselas y cuya derogación figura en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y UP, es la quiebra de la negociación colectiva. Así, en la actualidad, son los datos de la propia Comisión Europea, España se encuentra por debajo del umbral del 70% de cobertura por la negociación colectiva.

“Los Estados miembros que están por debajo del 70%”, explican fuentes de la Comisión Europea, “serán invitados a hacer un esfuerzo adicional y elaborar un plan de acción para fomentar la negociación colectiva. El 70% es un mínimo de lo que debería ser la cobertura de la negociación colectiva. Pero, por supuesto, estaría mucho mejor si fuera superior. La negociación colectiva es importante porque los trabajadores se protegen con salarios que se establecen en los convenios colectivos, y tienden a tener salarios más altos”.

Fuentes comunitarias explican que “la negociación colectiva de media en la UE como ha disminuido de más del 80% en 1985 a menos del 60% en 2015, y es es lo que garantiza un buen nivel de salarios y también salarios mínimos. Esta disminución es motivo de preocupación”.

Pobreza laboral

España ha sufrido el séptimo aumento más alto de pobreza laboral en la Unión Europea entre 2010 y 2019. Así se desprende del informe anual de la Confederación Europea de Sindicatos, Benchmarking Working Europe, que se publica este jueves. El análisis de los datos de Eurostat, el organismo estadístico de la UE, revela que el porcentaje de trabajadores en riesgo de pobreza aumentó en 16 estados miembros entre 2010 y 2019, antes del impacto de la pandemia, a pesar de que la economía mejoró durante ese período. Así, Hungría, el Reino Unido, Estonia, Italia, Luxemburgo, Alemania y España han sufrido los mayores aumentos, con un aumento de la tasa de trabajadores en riesgo de pobreza entre un 58% y un 16%.

De esta manera, el aumento medio de los trabajadores pobres en toda la UE ha sido del 12%, lo que supone que alrededor de uno de cada diez trabajadores europeos –el 9,4%– estaba por debajo del umbral de riesgo de pobreza de Eurostat a finales de 2019, antes de la pandemia: el 60% de la renta media nacional.

Los jóvenes, los trabajadores migrantes y los que tienen contratos temporales se encuentran entre los más afectados, de acuerdo con el estudio, aunque ha habido aumento de pobreza en todas las categorías de trabajadores, incluidos los que tienen jornada completa y contratos indefinidos.

El informe de la Confederación Europea de sindicatos también muestra que solo cuatro Estados miembros tienen salarios mínimos regulados por encima de los umbrales recomendables. La Comisión Europea publicó una propuesta de directiva sobre salarios mínimos en octubre, que deja en manos de cada Gobierno la última palabra, si bien considera que el criterio debería ser fijar un SMI equivalente al 60% del salario mediano –el más habitual–. En el caso de España, sería pasar de 950 a 979 euros mensuales en 14 pagas.

La secretaria general adjunta de la Confederación Europea de Sindicatos, Esther Lynch, afirma: “Es un escándalo que más personas trabajadoras estén viviendo en la pobreza ahora que en el apogeo de la crisis financiera a pesar de que la economía está creciendo. Está claro que es necesario actuar a nivel de la UE. La UE también debe garantizar que los salarios mínimos, cuando existen, ya no se puedan establecer a un nivel que deje a los trabajadores y sus familias viviendo en la pobreza, lo que anula todo el sentido del salario mínimo. La Comisión Europea ha reconocido que el aumento de la pobreza de los trabajadores es malo para la sociedad y la economía, pero las medidas que han propuesto hasta ahora harán poco para revertir esta tendencia”.