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El Gobierno relaja el déficit a las CCAA en 2019 con la oposición del PP

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con la de Administraciones Públicas, Meritxell Batet

Economía

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Las autonomías han aprobado, con oposición de las del PP y la abstención de la Comunidad Valenciana, la senda de estabilidad para el periodo 2019-2021, más relajada que la negociada por el PP. Es un paso previo a la aprobación este viernes del techo de gasto que servirá de base a los presupuestos de 2019. Según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, “no sería explicable” que los grupos parlamentarios en el Congreso no le dieran también su aprobación la semana que viene, ya que eso supondría más recortes. 

Este jueves se ha celebrado el primer Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del Gobierno socialista. Montero, que hasta ahora acudía a esta reunión como consejera de la Junta de Andalucía, se ha estrenado en la presidencia del encuentro de responsables de la política fiscal de las administraciones central y autonómica. También ha presidido la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet. 

El motivo de la reunión era autorizar el alza del déficit en dos décimas para las autonomías en 2019, hasta el 0,3%, y acordar la creación de un grupo de trabajo para la coordinación de la tributación propia de las comunidades. Esta propuesta ha obtenido siete votos a favor (más el del Gobierno), seis en contra (más Ceuta y Melilla) y la abstención de la Comunidad Valenciana, informa Efe.

Los votos a favor han venido de las autonomías gobernadas por el PSOE, excepto la Comunidad Valenciana, que se ha abstenido, y la oposición de las del PP y Canarias. Según han informado a Efe fuentes presentes en la reunión del CPFF, la propuesta ha salido adelante en un encuentro con muchas críticas por esta medida.

Han votado a favor Andalucía, Extremadura, Baleares, Castilla-La Mancha, Asturias, Aragón y Cantabria, mientras que sus compañeros socialistas valencianos se han abstenido, y han votado en contra las gobernadas por el PP (Madrid, Castilla y León, La Rioja, Galicia y Murcia) y Canarias.

Cataluña no ha acudido y País Vasco y Navarra se rigen por su propio régimen foral.

De esta forma, las comunidades tendrán el año 2019 un objetivo de déficit del 0,3%, y no del 0,1 % como estaba estimado. Además, la Seguridad Social obtiene otras tres décimas adicionales de déficit. Según ha explicado Montero en rueda de prensa, es la primera vez que el déficit adicional concedido por Bruselas se reparte entre estas administraciones preferentemente frente a la central.

En la reunión del CPFF se ha acordado además crear grupos de trabajo políticos para impulsar la reforma de la financiación autonómica y otro para estudiar la armonización tributaria de las autonomías, pero sólo de los impuestos cedidos.

El Gobierno de Pedro Sánchez ya ha reconocido que no tendrá tiempo de reformar la financiación autonómica en lo que queda de legislatura, lo que ha generado malestar en las comunidades.

A la reunión, como lleva ya tiempo ocurriendo, no ha acudido Catalunya, que dice preferir reuniones bilaterales. Esta circunstancia también ha generado críticas entre otros consejeros. 

Muchos de los consejeros que han asistido al CPFF han reclamado al Gobierno central que aborde la reforma de la financiación autonómica y han señalado la necesidad de disponer de más recursos para destinarlos a políticas sociales, informa Europa Press.

A su llegada a la reunión, el conseller de Hacienda de la Comunidad Valenciana, Vicent Soler, ha declarado a los medios que hay un cambio de actitud en el Gobierno de Pedro Sánchez respecto al Ejecutivo de Mariano Rajoy que puede traducirse en “un diálogo diferente”.

Según ha recordado el consejero socialista, la Comunidad Valenciana es “la peor financiada de España”, y “buena parte” de su deuda y de su déficit son “producto de la infrafinanciación”, una situación que espera que “se tenga en cuenta” en el conjunto de España cuando se trate la reforma del sistema con el fin de que el Estado del bienestar disponga de “los recursos necesarios”.

También la consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, la 'popular' Pilar del Olmo, ha afirmado que lo que quiere el Gobierno autonómico “no es más deuda”, sino que se reforme el modelo de financiación de las comunidades “lo antes posible”. “Nos hace mucha falta porque estamos infrafinanciados”, ha añadido antes de pedir “más ingresos” para su región.

En la misma línea, el consejero de Hacienda gallego, Valeriano Martínez, ha asegurado que lo que necesitan todas las comunidades son “más recursos de naturaleza ordinaria, para nada más deuda”, y ha agregado que Galicia está en una situación de “práctica consolidación fiscal técnica”.

Como ya hizo el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cuando se reunió el martes pasado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Martínez solicitará a la ministra de Hacienda más recursos para su comunidad. Además, considera que en dos años, Sánchez “tiene tiempo más que suficiente” para emprender la reforma de la financiación autonómica y que debe hacerlo “de la manera más rápida posible”.

Para la consejera de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, lo fundamental es que se establezca un sistema “equitativo” y “transparente” y que los madrileños “no estén por debajo en financiación per cápita”, así como que se negocie con “absoluta transparencia” y “se siga manteniendo la solidaridad”.

En representación del Gobierno de Andalucía, el consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública, Antonio Ramírez de Arellano, ha indicado que la financiación debe garantizar los servicios públicos de las comunidades y también la igualdad entre todos los españoles.

A favor del nuevo objetivo de déficit

Entre las comunidades que han valorado la propuesta de Pedro Sánchez de ampliar dos décimas el objetivo de déficit de las comunidades para 2019 se encuentran Castilla- La Mancha, cuyo consejero, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha señalado que con la nueva senda de estabilidad se “suaviza el esfuerzo” que tienen que realizar las comunidades.

Por su parte, Cantabria ha defendido que repartir la flexibilización de déficit entre las comunidades es “justo”, entendiendo que va a servir para que las administraciones autonómicas puedan destinar más recursos a sanidad, educación y política social.

Rechazo a la relajación

Comunidades como Galicia y Canarias han mostrado su rechazo a la propuesta de Sánchez porque, a su juicio, incide en un mayor endeudamiento de las comunidades.

Según el consejero de Galicia, el 'popular' Valeriano Martínez el enfoque de la medida propuesta el Gobierno es “una equivocación” porque se centra en un mayor endeudamiento.

El también consejero 'popular' de Hacienda de Murcia, Fernando de la Cierva, coincide en que la propuesta del Gobierno supone endeudarse más. “Lo que se nos está vendiendo es que las comunidades nos endeudemos y en cambio no vayamos a obtener mayores ingresos”, ha afeado, entendiendo que Hacienda va a provocar que las comunidades aumenten sus hipotecas. “No, mire, la hipoteca que ya tengo no puedo pagarla”, ha ejemplificado.

Mientras que la consejera canaria, Rosa Dávila, ha reivindicado que para las comunidades que han cumplido los objetivos no sirve de nada esta medida. “En todo caso es un premio para las comunidades que no han cumplido”, ha dicho, esperando que haya una oferta de Hacienda a las autonomías cumplidoras.

Regla de gasto

Asimismo, la consejera de Hacienda de Canarias ha encabezado las demandas de flexibilizar la regla de gasto para adecuarla a las circunstancias de cada autonomía. A su llegada a la reunión ha planteado que se introduzca una regla de gasto “territorializada”.

“El nuevo margen beneficia especialmente a Cataluña y a Valencia, y esperamos una respuesta favorable a las expectativas de las comunidades que cumplimos, dando flexibilidad a la regla de gasto”, ha recalcado Rosa Dávila.

Desde el Gobierno del Principado de Asturias, se ha reiterado que se debe flexibilizar la regla de gasto para “hacer compatible” la norma con el mayor margen de déficit para las comunidades. “Podría ocurrir que muchas comunidades no pudieran usar todo el margen”, ha advertido la consejera de Hacienda, María Dolores Carcedo.

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