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El auditor del Banco Popular se defiende: “Advertimos en tres ocasiones de la incertidumbre sobre su futuro”

Logo de PwC, auditora de Popular.

Diego Larrouy

El Congreso de los Diputados ha celebrado este miércoles una de las últimas sesiones de la comisión de investigación sobre la crisis financiera. En esta jornada ha comparecido Gonzalo Sánchez Martínez, presidente de la auditora PwC en España. Esta empresa era la responsable de la auditoría de las cuentas de Banco Popular hasta su resolución en 2017. Por ello, está imputada en la causa que el juez Fernando Andreu abrió sobre la gestión de la entidad financiera.

El directivo ha defendido en su comparecencia la labor de la auditora durante los años previos a la desaparición de Popular. En concreto, Sánchez ha argumentado que la compañía emitió tres párrafos de énfasis en 2016 señalando “incertidumbre sobre el futuro del negocio”. En concreto, incluyó esta apreciación en las cuentas semestrales, en las anuales y en la ampliación de capital.

El responsable de PwC en España ha limitado en su exposición el papel del auditor y ha remarcado que “la responsabilidad de las cuentas es de los administradores”. “Nosotros solo podemos apuntar si cumplen con la normativa vigente, y lo hacía”, ha destacado, señalando que los citados párrafos de énfasis son la única vía para opinar sobre la empresa. “Parece que somos responsables de todo porque no se conoce nuestra función”, ha asegurado.

El directivo ha subrayado que el banco “sufrió especialmente la crisis” debido a la exposición que tenía a los activos inmobiliarios y a las provisiones que tuvo que realizar. Sin embargo, ha recordado que hasta en tres ocasiones (2012, 2014 y 2016) superó los test realizados por distintas autoridades e instituciones. Pese a ello, ha señalado que “vigilábamos de manera regular los activos problemáticos” de la entidad.

PwC fue el auditor de Banco Popular durante 35 años. Pese a ello, ha defendido que siempre actuó con “independencia” y que la larga relación, ahora limitada con la nueva relación a solo 10 años, no implicó conflicto de intereses. Además, ha defendido que la entidad financiera siempre les dio acceso a toda la información y que de lo contrario “lo habríamos hecho saber”.

Sin embargo, además de estar imputada junto a los dos últimos presidentes de la entidad Ángel Ron y Emilio Saracho, la consultora ha recibido este mismo año una sanción por parte del ICAC, supervisor de las auditoras dependiente del Ministerio de Economía. En concreto, el organismo apuntaba a errores en el trabajo de PwC en las cuentas de 2012.

El directivo ha anunciado en el Congreso que se ha recurrido la sanción porque “no estamos de acuerdo”. Según el compareciente, la sanción se produjo por “una revisión de calidad general” en el sector y no de forma específica a la auditora. Por ello, ha defendido, “confío que ganaremos en alguna de las instancias”.

La comisión recibe este jueves las dos principales comparecencias en el caso Popular. Ron y Saracho comparecen en el Congreso para explicar las causas que llevaron a que la entidad, una de las más importantes del país, acabara teniendo que pedir su resolución y fuera finalmente vendida a Santander por 1 euro.

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