El Gobierno indulta a una empresaria condenada a prisión por un accidente laboral con un muerto y dos heridos

Primera sesión del juicio por el accidente laboral en Ron Montero (archivo).

Laura Olías


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El Gobierno ha indultado esta semana a Andrea Martín Targa, administradora única de la compañía Ron Montero de Motril (Granada), de una importante familia de empresarios en la región, para evitar su entrada en prisión. La empresaria fue condenada a tres años de cárcel por incumplimientos de la prevención de riesgos laborales en la empresa, donde tuvo lugar un accidente laboral en 2014 en el que falleció un trabajador, Miguel García, y resultaron heridos graves otros dos empleados, su hermano (Manuel García) y otro compañero, Miguel Lorente. Primero en un juzgado de lo Social y después en la Audiencia de Granada, los magistrados condenaron a Martín Targa por un delito de homicidio y otros dos de lesiones “por imprudencia grave”.

El accidente mortal en la fábrica de Ron Montero en 2014, fruto de una explosión y, sobre todo, la triple condena a Andrea Martín Targa fueron muy destacados por varios motivos. El primero de ellos, porque la empresa afectada y la familia de empresarios tras la marca no son “cualquiera”.

Ana Martín Targa es miembro de una familia empresaria de Granada célebre en la región, con una potente compañía familiar de más de 50 años de historia. Ese mismo 2014, Andrea Martín Targa se unió como vicepresidenta de la patronal de empresarios de Granada (CGE), que lidera el hoy líder de la patronal de pymes a nivel estatal, Gerardo Cuerva.

Además, el tío de la condenada es Manuel Martín Montero, persona muy célebre en la provincia por su faceta como empresario y político y, desde hace poco, en todo el país por haber empadronado irregularmente a Macarena Olona en su casa. Se trata del máximo dirigente de Vox en Granada, antes político del PP, famoso empresario de la hostelería y de familia propietaria de grandes latifundios de cañas de azúcar en la Costa Tropical.

Omisión “muy grave” de la prevención

Pero además hay un segundo motivo que puso el foco en este caso, por novedoso. No suele ser frecuente que los empresarios rindan cuentas por lo penal en los accidentes de trabajo, incluso en aquellos que dejan víctimas mortales y cuando ha habido incumplimientos de prevención. En este caso, hay dos contundentes sentencias que llevaban a la cárcel a la empresaria en cuestión.

Los hechos probados dan cuenta de que se “excluyó expresamente de la evaluación inicial de riesgos laborales la protección contra atmósferas explosivas”, como la que generó el accidente que acabó con la vida de Miguel García y lastró la de su hermano Manuel y la de Miguel Lorente.

Evaluar la protección contra “atmósferas explosivas” suponía un pago adicional para Ron Montero a la empresa a la que había externalizado la evaluación de riesgos, según recoge la sentencia. La justicia responsabilizó a la empresaria de esta decisión, que infringe las exigencias legales en materia de prevención de riesgos.

Andrea Martín Targa, que solía estar fuera del país, intentó derivar la responsabilidad penal sobre uno de los trabajadores heridos, Miguel Lorente, al que había delegado gestiones en materia de prevención. Los jueces rechazaron tal pretensión: “Esa exclusión constituye una decisión empresarial, absolutamente voluntaria y entra dentro de la esfera de diligencia mínimamente exigible a la persona responsable de una empresa dedicada a la manipulación y transformación de alcoholes”.

“La omisión de gestión en el plano preventivo que enjuiciamos no puede sino catalogarse de muy grave”, concluye la Audiencia de Granada. “No cabe calificar su proceder sino de gravemente imprudente, como mínimo”, apuntaron los magistrados en la sentencia que resultó firme.

Uno de los heridos critica indultar “si matas en el trabajo”

El foco mediático sobre el caso se ha reactivado esta semana con el indulto aprobado por el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la medida de gracia para Andrea Martín Targa, firmado por la ministra de Justicia y “previa deliberación del Consejo de Ministros” del pasado martes.

“Atendiendo a las circunstancias de la condenada y de acuerdo a la información que obra en el citado expediente” se estima que “concurren razones de justicia y equidad” para conmutar la pena “por otra de dos años de prisión”, por la que no entrará en la cárcel, “a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres años desde la publicación del real decreto”, recoge el indulto.

Sobre cuáles son esas razones de “justicia y equidad” para evitar la entrada en prisión de la empresaria, condenada por tres delitos graves, en el Ministerio de Justicia mencionan que la indultada “no tenía antecedentes, ha abonado la responsabilidad civil”, los hechos se remontan a 2014, tiene tres hijos menores y cuenta con varios tomos de firmas de adhesiones a la petición de indulto. En el Ministerio que dirige Pilar Llop mencionan que hay “informe favorable de todo el mundo, hasta de los perjudicados”.

Los trabajadores heridos graves en el accidente (uno de ellos hermano del empleado fallecido) simplemente han advertido que no recurrirán el indulto aprobado, que contó con una gran campaña de apoyo en favor de la empresaria, también de autoridades, políticos y de miembros de la Iglesia. Como recogieron las crónicas de todo el proceso del El Ideal de Granada, los trabajadores afectados por el accidente expresaron durante el juicio que su intención no era acudir a la vía penal, que acabó con la condena de prisión, pero ambos lo hicieron después de que Andrea Martín Targa no cumpliera con las indemnizaciones por los daños ocasionados a los empleados. La Fiscalía pidió tres años y cuatro meses de prisión por los hechos.

Además, por las declaraciones de uno de los dos afectados, queda en evidencia que no parece “favorable” al indulto aunque no lo vaya a impugnar. El trabajador Miguel Lorente, cuyo cuerpo resultó quemado en más de un 60% en el accidente y sufre aún importantes secuelas en la salud, ha criticado en varios medios la medida de gracia. “El indulto no se le concede porque concurran razones de justicia y equidad, sino como fruto de la presión. Ha existido una cantidad enorme de autoridades que la han solicitado”, ha advertido el trabajador a The Objective.

“Esta familia es muy importante en la zona. Están acostumbrados a salir impunes de todo y las circunstancias le vuelven a dar la razón”, añade Miguel Lorente a este medio, donde afea que la empresaria “es millonaria y en el proceso se declaró insolvente”.

“No se puede lanzar el mensaje de que, si matas en el trabajo, después llega el indulto. No somos conscientes de las vidas que cuesta la siniestralidad laboral. Nos quedamos en una página de sucesos en un periódico y lo que hay que hacer es reforzar las medidas y acabar con la lacra, no indultar”, ha criticado también Miguel Lorente en El Ideal de Granada.

CCOO ha criticado la medida de gracia: “Se llama impunidad”. En el sindicato recuerdan que suele ser complejo que los casos de siniestralidad laboral prosperen en los tribunales penales, como muestra este caso de más de siete años de espera para celebrar el juicio por un golpe de calor mortal en el tajo en Sevilla.

“Pocas veces se dictan sentencias que impliquen la entrada en prisión por accidentes laborales mortales. Y cuando se dictan, el Gobierno indulta a los culpables. Aunque la sentencia acredite el más absoluto incumplimiento en materia de seguridad como en este caso”, ha denunciado en Twitter el área de Salud Laboral de CCOO.

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