El sector sanitario privado se concentra en una petición: más dinero público

No ha habido autocrítica ni dudas sobre la gestión del sector sanitario privado durante los peores momentos de la pandemia del coronavirus. Durante las conferencias que ha organizado la patronal CEOE sobre cómo liderar el futuro de la reconstrucción de España, ningún representante de las asociaciones empresariales vinculadas con la salud ha asumido este lunes como error propio el desabastecimiento de medicamentos, la falta de productos de protección sanitaria, el colapso de las camas de UCI o los despidos o los ERTE del personal sanitario. Ahora bien, todos los responsables de las patronales sanitarias han coincidido en una petición: ampliar la inversión pública en sanidad en un punto porcentual del PIB (ahora está en el 6,3% del  PIB) que nos acercaría a la media de los países desarrollados.

Carlos Rus, presidente de Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), la patronal de la sanidad privada, ha destacado el “magnífico funcionamiento de dualidad publico-privada” y una “gestión eficiente en los picos de demanda” durante la pandemia, aunque luego aseguró que la Adminsitración Pública no les había permitido “adecuar nuestras infraestructuras a las necesidades en las zonas con menor afectación pandémica, donde había hospitales llenos de profesionales y vacíos de pacientes”.

El presidente de la patronal de la sanidad privada ha asegurado que en los hospitales que gestiona “la actividad había caído un 83% en intervenciones quirúrgicas y  un 73% en hospitalizacion entre abril y mayo” para posteriormente apuntar que “el 90% de los centros ha contratado personal entre marzo y abril, incrementando la plantilla en un 5%” y, finalmente, quejarse de que “los ERTE solo por fuerza mayor llegaron con 40 días de retraso y las bonificaciones de la Seguridad Social solo a algunas áreas”.

“No pedimos sacar tajada, ni ganar dinero. Solo queremos que se nos compense porque se nos han derivado pacientes y por la puesta en marcha de recursos para cubrir la pandemia”, ha insistido Rus. Además ha solicitado que de aplique un IVA superreducido (un 4%) a todos los productos sanitarios. 

Por su parte, Juan López Belmonte, presidente de laboratorios Rovi, ha recordado que “en España hay 82 fábricas en España de medicamentos de las que el 50% son marcas nacionales, por lo que las decisiones se pueden tomar rápidamente y permiten potenciar investigación básica y clínica de las enfermedades”. Para facilitar un entorno apropiado para la investigación de medicamentos ha solicitado seguridad jurídica, que el medicamento sea asumido como una inversión y no un gasto por la Administración Pública, aumentar la protección de la propiedad intelectual de las medicinas y eliminar los precios de referencia (cuantía máxima con la que se financian con dinero público los medicamentos y fijan los precios).

El presidente de Famaindustria, Martín Sellés, ha indicado que gracias a las compañías farmacéuticas “se aseguró un abastecimiento de medicamentos en un entorno de guerra comercial, de manera que los 25 millones de españoles que toman un medicamento cada día lo tuvieran, sin que hubiera problemas de desabastecimiento que habían provocado una que los hospitales se hubieran colapsado aun mas”.

“Espero que de está crisis hayamos aprendido la lección. Necesitamos un buen sistema, pero llevamos discutiendo hace años que solo dedicamos un 6,3% del PIB al gasto sanitario.Es insuficiente. Por lo menos necesitaríamos un punto más del PIB para que junto al gasto del sector privado sanitarios alcancemos el 10% del PIB”, ha añadido el presidente de Famaindustria.

Dependencia de productos de India y China

Al igual que María Luz López Carrasco, presidenta de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), Martín Sellés ha comentado que desde el punto de vista “de material sanitario y materia prima para medicamentos dependemos mucho de China e India, por lo que el Gobierno se tendría que tomar en serio la necesidad de reindustrializar Europa y España”.

El más crítico con la actuación del Gobierno ha sido Luis María de Palacio, presidente de la Federación de Empresarios Farmacéuticos Españoles (FEFE). De Palacio ha acusado al Ejecutivo de “llevar a cabo políticas de incautaciones erráticas y actuaciones incontroladas de precios” y sobre los medios de comunicación ha asegurado que han puesto a las farmacias “en el ojo de huracán, todo ello en contra del sentido común, cuando somos un elemento esencial para el retorno a la actividad, pero no se ha hecho una rectificación necesaria”.

El presidente de los farmacéuticos ha asegurado que la Administración los había abandonado“ por no haber incluido a los infectados en las farmacias en la estadística de sanitarios que han sufrido la enfermedad”. 

Aunque hubo momentos en los que faltaron medicinas, De Palacio ha insistido en que “no ha habido desabastecimiento de medicamentos”. Entre las peticiones de los farmacéuticos han exigido que “la disposición medicamentos sea solo en farmacias y  no en hospitales”, una revisión del estatus de la farmacia para “hacer más servicios como analíticas sencillas, que se permita la vacunación o tomar muestras para test de coronavirus” y, para concluir se ha quejado “de una excesiva presión impositiva”.