Aniversario de otra crisis con la que Nekane Murga tuvo que lidiar

El domingo se cumplen dos años de aquella comparecencia de Jon Darpón en la comisión de Salud del Parlamento Vasco para dar cuenta de las irregularidades en los exámenes de la OPE de Osakidetza 2017-2018, las bien llamadas “Opes dopadas”. Fue una comparecencia que iba a suponer el inicio del final del consejero.

Era evidente que algo gordo había ocurrido en aquel proceso de selección a pesar de que el Departamento de Salud al completo junto con el lehendakari, Iñigo Urkullu, negaba cualquier irregularidad a la vez que miraban a otro lado. Y es que OPE tras OPE se repetía el mismo patrón mediante el cual unos jefes de servicio que a la vez eran nombrados miembros de los tribunales de selección elegían a sus “preferiti” para que fueran los y las mejores en cada oposición de especialistas hospitalarios. Y así les dotaban de una plaza de funcionario en la Sanidad pública.

Los miembros de los tribunales eran los encargados de elaborar los exámenes que iban a parar a manos enchufadas mientras el resto de candidatos y candidatas se rompían el lomo a estudiar. O no tanto, porque sabían que no serviría de nada…

Unos meses antes había recibido un ‘whatsapp’ de Roberto Sánchez, anestesistade Osakidetza. Me explicaba cómo se iban a celebrar las pruebas de las diferentes especialidades hospitalarias y cómo las plazas ya estaban adjudicadas de antemano. “Hay que hacer algo para poder demostrar que esto que todo el mundo sabe se pueda probar ante un juez”, me dijo.

Y así surgió la idea del acta notarial. En aquel entonces ya se conocía quiénes constituían los tribunales de las diferentes pruebas por lo que era de suponer que los y las profesionales interinas que formaban parte de los equipos de esos jefes y jefas de servicio serían las favorecidas. Sólo quedaba plasmar sus nombres en un acta de manifestaciones y, como en Osakidetza todo el mundo se conoce y esta práctica era ‘vox populi’, no fue difícil hacerse con el nombre y apellidos de las personas que iban a ser agraciadas esta vez.

Una vez firmada el acta ante notario, sólo cabía esperar.

Unas semanas más tarde me llamó Rober. El acta daba en el clavo. Habíamos “acertado” quiénes de entre decenas de opositores sacaban las mejores notas en dos de las especialidades: Anestesiología y Traumatología.

Pese a esta evidencia, aquella mañana del 19 de julio de 2018, el consejero de Salud y su equipo negaba la mayor insinuando que teníamos tantas actas como resultados posibles y recordándonos que esto (Euskadi) no es Venezuela. Pero aquel reino de taifas donde los jefes de servicio habían obrado con total impunidad durante años comenzaba a tambalearse. La verdad es que no hay que ser ningún gran estadista para darse cuenta de que en la mayoría de categorías ocurrían “cosas extrañas”: sacaban notas cercanas a la perfección tantas personas como plazas en disputa y el resto se quedaban en aprobados raspados o suspensos.

La información llegaba a cuenta gotas a la oposición y a la Fiscalía pero la revisión de las actas de los tribunales examinadores fue demoledora: reuniones paralelas en hoteles, denuncias de tongo por parte de algunos de los miembros, renuncia de una opositora a que se le corrija el examen presentada por duplicado y en fechas diferentes, lectura de exámenes que hacían perder el anonimato de las personas examinadas y un sinfín de irregularidades que dejaban al descubierto un sistema corrupto. Un sistema corrupto consentido por quienes miraban para otro lado y negaban cualquier favoritismo.

Las voces que salieron a confirmar que en Osakidetza las plazas de especialistas hospitalarios se las repartían entre unos pocos no fueron muchas por miedo a represalias. Junto a Rober, Marta y Manoel, hubo otros especialistas que se atrevieron a poner al descubierto esta trama al ver cómo los suyos no eran favorecidos o sencillamente porque formaban parte de un tribunal y optaron por denunciar el colegueo que se traían algunos de sus compañeros. El sindicato ESK y otros como LAB, ELA o CCOO fueron los que más presión ejercieron para que las ‘Opes dopadas’ de Osakidetza pasaran a la historia denunciando ante la Fiscalía los exámenes de hasta 14 especialidades.

La Fiscalía imputó a varios de los jefes de servicio que habían filtrado los exámenes a sus amigos y la juez de instrucción inició su investigación. Hemos conocido esta semana que siguen creciendo el número de personas imputadas. La responsabilidad penal de esta forma de repartirse los recursos públicos e ir en contra de la igualdad de oportunidades la dirimirá un tribunal. En su momento vimos necesario depurar responsabilidades políticas y pedimos en el Parlamento la reprobación del consejero Darpón ante la imposibilidad de crear una comisión de investigación. El consejero dimitió pero será también la juez la que considere cuánta responsabilidad tiene el Gobierno en unas prácticas mafiosas que “todo el mundo” conocía en Osakidetza y que nadie se atrevía a denunciar.

Y, así, con esta crisis, inició Nekane Murga su responsabilidad como consejera de Salud del Gobierno vasco. A ella le siguió la emergencia sanitaria que ha supuesto la pandemia de la COVID-19. Es una crisis sanitaria que ha puesto de manifiesto la importancia de blindar la Sanidad pública y con ella el personal sanitario para que Osakidetza no se la repartan entre unos pocos. Ahora el reto está en seguir mejorando el modelo de OPE para que todo el trabajo realizado no quede en una estrategia de gatopardo.