Competencia analiza los contratos de eventos formalizados entre 2018 y 2021 por el Ayuntamiento de Hondarribia

La Autoridad Vasca de la Competencia (un organismo conocido por sus siglas AVC y que depende del Gobierno vasco) está analizando los contratos del Ayuntamiento de Hondarribia, gobernado por el PNV, con empresas organizadoras de eventos culturales, sociales o deportivos. Aunque no son las únicas, entre ellas se incluyen las marcas del grupo Montai, a cuyo frente está el empresario y miembro del PNV Aitor Elorza. Estas empresas han copado durante años ese tipo de adjudicaciones. La revisión afecta a todas las facturas entre los años 2018 y 2021. Las fuentes consultadas matizan que el trabajo de Competencia no derivará en ningún caso en un expediente sancionador y que, de detectar alguna anomalía, se quedará en recomendaciones para mejorar la transparencia en la contratación pública.

Este periódico publicó antes de la pandemia que la interventora municipal de Hondarribia había alertado en sucesivos informes de reparo de la existencia de irregularidades en la contratación de este tipo de servicios para mercados, fiestas, ferias, competiciones deportivas o conciertos. Incluso antes de 2018, buena parte de las adjudicaciones se hacían de modo directo, sin ningún tipo de concurso, y mayoritariamente recaían en el grupo Montai, cuyas cuatro marcas son la propia Montai, Denok Zuzeneko Komunikazioa, Estali La Karpa y Kultur Kirol Zerbitzuak. Lo que ocurrió en 2018 es que la normativa estatal de contratos menores cambió de raíz el sistema. Por un lado, redujo de 18.000 euros más IVA a 15.000 el tope para conceder un contrato de modo directo. Y, por otro lado, obligaba a que cada una de las mercantiles no sobrepasara ese tope de 15.000 euros en el año en contratos menores de cada poder adjudicador. Pese a los 'peros' de la interventora, el alcalde Txomin Sagarzazu levantaba los reparos y ordenaba el pago de las facturas.

En la década previa a 2018, Montai facturó con las cuatro marcas 2,3 millones de euros por cientos de trabajos de montaje y organización de eventos vinculados a las áreas de Cultura, Juventud, Euskera o Deportes facturados individualmente, una cantidad que suponía entre un 70% y un 80% del gasto total de esas áreas. Este grupo de empresas también se convirtió en proveedor habitual de otras instituciones gobernadas por el PNV y, en la mayoría de los casos, sin que los trabajos salieran a concurso. Fue el caso de la Presidencia vasca, del Instituto de la Memoria (Gogora), de la academia de la Ertzaintza en Arkaute, del centro Tknika o de la sociedad pública Hazi, aunque también de municipios como Llodio o de la Diputación de Gipuzkoa.

Competencia ya ha intervenido, en el marco de sus competencias, en otros casos polémicos de contrataciones. Fue la vía para poner coto a las irregularidades en la contratación del polideportivo de Pinosolo de Leioa, que estaba teledirigida para dos empresas previamente seleccionadas. También fue este organismo el que destapó el sistema de reparto del mayor contrato de Educación, el de los comedores de los colegios públicos, y sancionó con una multa millonaria a las empresas que se repartían las diferentes comarcas vascas para garantizarse siempre un trozo del pastel. La diferencia con esta investigación es que, en este caso, se trata de un “expediente de promoción” y no de un “expediente sancionador”. Esto supone que se emitirá un informe y que, en el caso de ser negativo, no impondrá multas u otras medidas, sino que se quedará en recomendaciones para mejorar el sistema de contratación.

Se da la circunstancia de que la Fiscalía ya analizó las contrataciones continuadas en Hondarribia con el grupo Montai. En sus conclusiones, el ministerio público aseguraba que el incumplimiento de la normativa de contratación era una “práctica generalizada” en ese municipio pero que no estaba acreditado “suficientemente” que fuera un delito.