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La Ertzaintza estudia expulsar a un agente de la unidad contra la violencia de género que abusó de una víctima

Un coche-patrulla de la Ertzaintza, frente a un edificio judicial

Iker Rioja Andueza

Vitoria —
2 de mayo de 2024 21:46 h

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La Ertzaintza ha apartado cautelarmente de su unidad de protección de víctimas de violencia de género a un agente que ha admitido en un tribunal –con la consiguiente condena en firme, pero de apenas 2.160 euros de multa y sin más consecuencias– que abusó sexualmente de una víctima a la que había conocido en comisaría cuando fue a denunciar su caso. Pero Asuntos Internos todavía no ha decidido si lo expulsará definitivamente del cuerpo, una posibilidad prevista en la ley autonómica de Policía, o si el agente será suspendido por un máximo de dos años.

Los hechos se produjeron en mayo de 2021 –por eso tienen la consideración de “abuso” y no de “agresión”, ya que son previos al endurecimiento del Código Penal– y la sentencia de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa llegó en enero de 2024. El tribunal constata que el funcionario público, bajo el pretexto de llevar documentación, se plantó en el domicilio particular de la víctima y que, una vez allí, le practicó tocamientos con el ánimo de “satisfacer su deseo sexual”. Y todo ello a pesar de las reiteradas negativas de la mujer, que tras este episodio vio agravado el cuadro de ansiedad que ya padecía. La secuencia tuvo lugar en la demarcación de la comisaría de Errenteria.

Un informe del Departamento de Seguridad enviado al Parlamento Vasco en abril a instancias de EH Bildu ofrece algunos detalles del caso. La portavoz de la coalición en asuntos de Igualdad, Oihana Etxebarrieta, justificó la necesidad de que se ofrecieran explicaciones porque entiende que un caso tan grave no puede quedar ventilado con una “simple” sanción económica y lamenta que el Ejecutivo no haya hecho “ninguna valoración pública” sobre lo ocurrido.

La documentación aportada muestra que Asuntos Internos conoció los hechos en mayo de 2021 y que abrió un expediente disciplinario en agosto de 2021, tres meses después. Se añade que, “teniendo en cuenta la gravedad de lo acontecido”, se adoptó como medida cautelar la separación del agente de la unidad de atención a las víctimas de violencia de género. Se le prohibió “expresamente” que realizara labores de “atención a la ciudadanía”. Casi cuatro meses después de la sentencia y tres años después de los hechos el agente sigue en la Ertzaintza. No se precisa su destino actual, aunque sí se insiste en que no tiene “ninguna tarea” de cara al público.

Sostiene Seguridad que “una vez finalizado el procedimiento penal” toca resolver el expediente disciplinario interno. El caso es una “falta muy grave” a la luz del código deontológico interno y sería posible la “separación del servicio”, es decir, la expulsión definitiva del cuerpo. Pero también podría resolverse con una suspensión de entre uno y dos años. En el documento, el vicelehendakari y consejero en funciones, Josu Erkoreka, niega que Seguridad haya costeado la defensa jurídica del condenado, como es habitual en otros procesos en los que los funcionarios se ven en los tribunales por razón de sus actuaciones.

Erkoreka rechaza también que se trate de un caso de “violencia institucional” y recalca que ha sido un episodio totalmente “excepcional”. “Todos los miembros de la Policía del País Vasco están expresamente formados en la protección contra la violencia doméstica y la violencia de género, así como en la igualdad entre hombres y mujeres. Es una de las materias que se imparten en los diferentes cursos para la especialización y formación continua de los miembros [de la Ertzaintza]”, se puede leer.

El Gobierno ahora en funciones reivindica que la Ertzaintza es “miembro activo” de los acuerdos interinstitucionales para la coordinación de la atención a las mujeres víctimas porque “la violencia machista es un problema social y de salud de primer orden”. Se enumera una lista de cambios implementados en los últimos años, como la promesa del incremento del 40% de los efectivos de las unidades contra la violencia hacia las mujeres. Añade Erkoreka que auditorías externas como Aenor han destacado como “punto fuerte” del cuerpo su actuación contra estos delitos.

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