Policías franceses y españoles confirman 'devoluciones en caliente' en el paso fronterizo de Irún
El Gobierno vasco terció esta semana en el debate sobre las 'devoluciones en caliente' en la frontera hispanofrancesa de Irún/Hendaya, reveladas por este periódico el fin de semana y denunciadas después por SOS Racismo y otras organizaciones sociales, y aseguró que Francia está cumpliendo los “procedimientos establecidos en los acuerdos bilaterales en materia de Extranjería” y que no hay constancia de rechazos en frontera al margen de estos protocolos, que datan de 2002 y está vigentes desde 2003. ¿Cómo se explica entonces el incremento de migrantes vagando por las calles de Irún tras ser bloqueados en la entrada al Hexágono cuando la estadística oficial refleja un descenso de las personas vetadas?, ha podido saber eldiarionorte.es de fuentes policiales francesas. Fuentes policiales españolas, por su parte, insisten en que la unidad de Fronteras gala no comunica la totalidad de controles y expulsiones a la Policía Nacional, como marca el procedimiento vigente, y que la estadística oficial “no refleja” el total de personas que han sido vetadas.
El 'muro invisible' en el acceso a Francia se levantó en 2015 a pesar de ser una frontera interior dentro de la Unión Europea, en la que se aplica la libertad de tránsito del espacio Schengen. Tras la cadena de atentados yihadistas de ese año se recrudecieron los controles y esa política se ha mantenido hasta hoy. El Gobierno de Emmanuel Macron ha mantenido la instrucción de “presionar” la frontera y sus efectos se están haciendo más visibles este verano, según indican las fuentes consultadas. Con más llegadas a la frontera Sur de España, la frontera Norte es cada vez más un cuello de botella. Los vetos, incluso, se extienden a personas en situación irregular que claramente viven en Francia -por la documentación o enseres que portan- y que son enviadas igualmente a España. Una ONG francesa indicó que el documento que se hace firmar a los inmigrantes expulsados no recoge información sobre todos los derechos que tienen, principalmente un plazo de 24 horas para recibir asistencia letrada o solicitar asilo. Las personas a las que se les impide el acceso a Francia son devueltas a España a las pocas horas de ser interceptadas en un control policial.
El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) ya reclamó en 2016 una copia de los acuerdos “orales o escritos” entre ambos países que justificaban las actuaciones policiales en la frontera de Irún/Hendaya, que en aquel momento ya se producían. La central, todavía hoy, defiende que hay expulsiones que no se ajustan a la normativa vigente -“son totalmente irregulares”- y cuestiona que la Policía Nacional española tenga que dar cobertura a la Policía Nacional francesa. La petición, que nunca fue atendida ni por los responsables policiales del País Vasco ni por la jefatura del cuerpo, se cerraba recordando que “en ningún caso, la obediencia debida podrá amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la constitución o las leyes”.
“No nos han enseñado el protocolo. Nunca nadie nos ha dado explicaciones”, indica Mariano Rodado, secretario general del SUP en Euskadi. Esta central reseña también que la pequeña comisaría de Irún “no tiene la capacidad, en cuanto a instalaciones y personal, para afrontar esta situación”. Se “devuelven grupos” que apenas pueden ser atendidos por un funcionario, denuncian.
