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Los votos de PP y EH Bildu (y Podemos) forzarán al Gobierno a abonar las primas de jubilación a los profesores

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Iker Rioja Andueza

“Es curioso el consenso alcanzado entre grupos tan distintos, entre grupos tan antagónicos, que en ocasiones se vetan, pero en esta ocasión parece que tienen un objetivo común, que es dificultar, en definitiva, la responsable y equilibrada política de personal y presupuestaria de este Gobierno”, protestaba la parlamentaria del PNV Estíbaliz Larrauri al constatar que, a la vuelta del parón electoral que ha vivido el Parlamento Vasco, los tres partidos de la oposición, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP han mantenido una posición conjunta para sacar adelante, contra el criterio del Gobierno, uno de los primeros asuntos debatidos en la Cámara. Fruto de los votos de las tres formaciones, se tramitará una reforma legislativa para garantizar el pago con carácter retroactivo de las primas por jubilación anticipada a los profesores de la red pública que quedaron suspendidas en el 2012 por el Gobierno del socialista Patxi López y que ha mantenido el de Iñigo Urkullu.

Se da la circunstancia de que el PP recurrió de manera reiterada a los acuerdos de los socialistas con EH Bildu en la campaña electoral para afear la gestión de Pedro Sänchez hasta el punto de que el asunto copó unos minutos en el primero de los debates electorales. Días antes, el líder del PP vasco, Alfonso Alonso, había afirmado tras la bronca en torno al debate de la ley de víctimas policiales que “no se puede acordar con EH Bildu”. En respuesta a los 'populares', Pedro Sánchez, de hecho, esgrimió un informe que mostraba que PP y EH Bildu habían firmado juntos 127 iniciativas en el Parlamento Vasco y que coincidían en un 45% de las votaciones. En realidad, este tipo de acuerdos -aunque evidentemente no se produzcan en asuntos estratégicos o de marcado componente ideológico- se han sucedido con naturalidad a lo largo de la legislatura cuando ha tocado hacer frente al Ejecutivo, como con la activación de la comisión de investigación por el fraude de los comedores escolares o cuando estalló la crisis por las oposiciones de Osakidetza.

Y la sesión de este jueves en el Parlamento se ha iniciado con una de esas coincidencias. Antes del debate sobre los profesores jubilados, todos los partidos han secundado la nueva petición a las Cortes Generales para la creación de un fondo de compensación para los trabajadores víctimas del amianto. El texto venía firmado por los cinco partidos con representación en el legislativo autonómico, también por el PP, pero los 'populares' retiraron su firma a última hora. No obstante, los nueve parlamentarios han votado a favor de la iniciativa, que ha salido adelante por unanimidad y sin debate. Desde el PP matizan que la firma se retiró porque “contar con todas las firmas sólo era necesario para tratarlo como urgente” el asunto cuando el parón electoral iba a retrasar el debate hasta mayo.

Acto seguido se ha tratado el espinoso asunto de las primas de jubilación de los profesores de la escuela pública. Los afectados podrían ser más de 2.000. El PP ha presentado un texto escueto, de apenas dos artículos, para forzar al Gobierno a que haga frente a los pagos pendientes desde 2012 “en el plazo máximo de tres ejercicios presupuestarios consecutivos comenzando en 2020”. La propuesta ha concitado el apoyo de EH Bildu y Elkarrekin Podemos frente al 'no' de los partidos de Gobierno, PSE-EE y PNV. El argumento del Ejecutivo es que no hay dinero en la caja: “Supone un impacto económico multimillonario, inasumible en este momento para las arcas públicas, un impacto económico superior a los 275 millones de euros para un número reducido concreto de personas en relación a toda la plantilla de este sector publico”.

El PP ha argumentado que se trata de una cuestión de voluntad política. Subrayan que año tras año se quedan cantidades millonarias sin ejecutar del presupuesto que, perfectamente, podrían tener ese destino concreto. De hecho, minutos después de cerrado el debate sobre Educación, el Gobierno ha anunciado que abonará 130 millones en complementos a 10.065 trabajadores de Osakidetza, unos derechos laborales suspendidos también en 2012.

Miembros de la plataforma Adostuz, que agrupa a los afectados, han presenciado el debate y han salido de él con una valoración “muy satisfactoria”. “Hay que recordar que este Parlamento se pronunció en contra de la suspensión ya en el mismo año en que la impuso el Gobierno de Patxi López, con el voto incluido del PNV. Formó Gobierno, nos dio tres veces la palabra de que levantaba la suspensión, cosa que ha incumplido, y creemos que esto es de justicia. Hemos dedicado 35 ó 40 años a la enseñanza pública y no hay derecho de que al final te intenten estafar de esta manera. Es de lo más rastrero el intentar enfrentar a profesores jubilados con los que están en activo”, ha indicado la portavoz, Katy Gutiérrez, que fue parlamentaria de IU y que luego militó en UPyD.

Preguntada por la heterogénea suma de partidos que han conseguido sacar adelante la iniciativa, Gutiérrez ha indicado que “esto ha sido, modestia aparte, labor de Adostuz”. “Nuestra causa era justa. Les hemos presionado en el sentido más positivo de la palabra para que se pusieran de acuerdo. Han tenido la grandeza de hacerlo porque la causa es justa y por la enseñanza en general, independientemente de que cada uno tenga su propia línea. La política es la solución de los problemas de los ciudadanos y aquí estos tres partidos nos están dando una lección. Desgraciadamente, los que más suben en las elecciones dicen una cosa en la oposición y otra cuando están en el Gobierno”, ha remachado la representante de Adostuz. Al término del debate, en el vestíbulo del Parlamento, todos los miembros de la plataforma se han hecho una fotografía con los portavoces de PP, Elkarrekin Podemos y EH Bildu.

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