Exigen al Ayuntamiento de Donostia la reconstrucción de la villa Gure Baitha, demolida pese a su protección

La asociación Áncora ha remitido un escrito al Ayuntamiento donostiarra para iniciar los pasos necesarios para reconstruir la villa después de su demolición y así restaurar “la legalidad urbanística”. Áncora ya había solicitado la suspensión del derribo de la villa Gure Baitha y el Ayuntamiento de Donostia aceptó la petición, pero la medida no evitó la desaparición total del edificio. Según explica Áncora, el Ayuntamiento ordenó la suspensión el día 19 de agosto, tras una denuncia presentada por la entidad el día 18. Sin embargo, los responsables de los trabajos reanudaron el derribo al día siguiente hasta destruir por completo la villa.

Ante esta situación, Áncora ha instado al Gobierno municipal a exigir la reconstrucción del edificio derribado como medida para restituir la ordenación afectada. Esta petición se basa en la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco. En concreto, la entidad señala que el artículo 221.6.c de esta legislación contempla, para las actuaciones que no puedan ser legalizadas, “la reconstrucción de lo indebidamente demolido” cuando afectan a edificios catalogados o protegidos.

La entidad ciudadana recalca que el coste de la reconstrucción “deberá ser asumido por quienes resulten responsables de la actuación, sin que pueda recaer sobre el erario público”. Asimismo, insiste en que la desaparición física del inmueble no hace que pierda su protección legal. Gure Baitha sigue incluida en el Catálogo del Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido (PEPPUC), bajo el grado D y con la ficha GR D-824. Mientras esta ficha siga vigente, forma parte de la planificación local y sus mandatos continúan siendo de obligado cumplimiento.

La edificación, construida en 1913 por Manuel Domínguez Barros, contaba con protección urbanística a pesar de las alegaciones de la promotora BERME 2007. Aunque la empresa obtuvo por silencio administrativo una licencia de derribo en 2018, la entrada en vigor de la revisión del PEPPUC en 2021 otorgó al inmueble una protección expresa, que fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en su sentencia n.º 361/2022, del 28 de junio de ese mismo año.

La asociación sostiene que una licencia de 2018 no permite ignorar el planeamiento vigente en 2026, ya que la legislación contempla la “disconformidad sobrevenida” en estos casos. Por eso, Áncora denuncia que la concejala de Urbanismo, Nekane Arzallus, firmó el pasado 26 de mayo una resolución en la que se remitía al proyecto original de 2018 sin informes técnicos actualizados.

Áncora exige paralizar cualquier nueva intervención en la parcela de Miraconcha, incluido el inicio de la edificación sustitutoria prevista, que contempla cuatro viviendas. También reclama la apertura de un expediente sancionador para depurar responsabilidades técnicas y económicas por continuar los trabajos después de que se notificara la orden de suspensión. El colectivo recuerda que la Ley 2/2006 considera que la destrucción de bienes protegidos por el Ayuntamiento es “una infracción urbanística muy grave” y reclama la actuación de las administraciones para recuperar el patrimonio local.