La Fiscalía pide cárcel e inhabilitaciones por las filtraciones de preguntas en la OPE de Cirugía Plástica de Osakidetza de 2018

La Fiscalía ha solicitado dos años de prisión y cinco de inhabilitación para el doctor Alfredo Martínez Flórez por “filtrar las preguntas” del examen de Cirugía Estética de las oposiciones médicas de Osakidetza de 2018, de cuyo tribunal era integrante, a una opositora, Thais Salas, a la que le unía un vínculo familiar. El ministerio público pide para ella un año de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación, así como la imposibilidad de que obtenga ayudas públicas durante ocho años. Eso sí, se estima “probable” que se pueda alcanzar una conformidad si ambos admiten los hechos, con lo que las penas quedarían moduladas.

Estos hechos son los únicos que llegarán a juicio de la docena de exámenes en los que existieron sospechas de filtraciones en la OPE de Osakidetza de hace ya ocho años, tras la que tuvo que dimitir tanto el consejero de Salud de entonces, Jon Darpón, del PNV, como la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, así como el responsable de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto. En el resto de casos, la investigación -con muchos parones y que ni siquiera revisó todos los exámenes denunciados- no fue concluyente a pesar de los intentos de las dos acusaciones, los sindicatos LAB y ESK.

Según la Fiscalía, es claro que Martínez Flórez, como miembro del tribunal del examen de una de las especialidades, “filtró las preguntas” a una opositora concreta, la pareja de su hijo. Se indica que los exámenes fueron en mayo de 2018 y que en marzo de ese año el IVAP (Instituto Vasco de Administración Pública) le había encargado la realización de 50 preguntas teóricas, “firmando para ello un contrato de confidencialidad”. Salas “contestó correctamente a 48 de las 50” preguntas de esa parte, por 24 de 50 del resto de la prueba. Su nota final quedó “muy por encima del resto de opositores”.

Expone la Fiscalía que en un “descanso” de ese examen Salas fue “advertida” de las “sospechas” sobre sus resultados. Le “recomendaron” que se retirara, pero no lo hizo. Finalmente, 48 horas después sí comunicó que renunciaba a la plaza y quedó “eliminada” de las listas. A juicio de la acusación pública, el doctor incurrió en un delito de revelación de secretos “con grave daño” para la causa pública o para terceros y Salas en un “intento”. Así, pide dos y un año de prisión, entre otras penas accesorias.

La magistrada de Vitoria Blanca Ester Díaz Pulido ha decretado, a la luz de este escrito, la celebración de juicio oral, para el que aún no hay fecha. El resto de imputados, miembros de tribunales y opositores de otras categorías, quedaron totalmente exonerados en una fase anterior. El tribunal encargado será la Audiencia Provincial de Álava.