El Gobierno de Urkullu envió al Parlamento un informe defendiendo el pasaporte COVID a la semana de retirarlo

El Departamento de Salud dio entrada en el Parlamento Vasco el 9 de febrero -exactamente a las 12.50 horas, según el sello del registro- a un documento firmado por la consejera, Gotzone Sagardui, en el que se habla del pasaporte COVID como una medida para “procurar ámbitos más seguros en cuanto al riesgo de transmisión del virus”. Se da la circunstancia de que esta herramienta llevaba ya varios días desactivada del todo, desde el 4 de febrero. Además, consta como fecha de elaboración del informe el 1 de febrero, que fue el día en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) denegó la autorización judicial para la prórroga exigencia de este documento en la mayoría de locales. En ningún momento se menciona esta circunstancia.

El informe fue enviado a instancias de una pregunta de Rebeka Ubera, parlamentaria de EH Bildu. Pedía también a Salud que le respondiera a una pregunta concreta. “A la vista de las conclusiones identificadas por el Departamento de Salud desde su entrada en vigor, ¿cuál es la intención del Departamento de Salud en relación al mantenimiento del certificado?”, planteaba. La respuesta es la siguiente: “Es el consejo asesor del Labi, tras informe del Labi técnico, el que revisa las medidas en función de la situación epidemiológica”. Ni la instauración inicial del pasaporte COVID, ni su primera ampliación, ni la petición de prórroga solicitada al Superior ni, finalmente, la derogación total pasaron por el Labi. Tampoco hay menciones a que, días atrás, con un comunicado, Euskadi dio por terminado el uso de esta herramienta más allá de su función original, viajar entre países.

“La exigencia de certificado COVID es una medida que está siendo utilizada en muchos sectores de actividad por un buen número de países de nuestro entorno. Ha sido considerada como una medida para convivir con la COVID-19 y reducir el riesgo de transmisión en entornos de elevado riesgo, y también una medida dirigida a minimizar el riesgo en el caso de personas con un riesgo alto de complicaciones graves por COVID-19”, explica Sagardui, por el contrario.

La respuesta de la consejera se completa con una 'Memoria justificativa relativa a la ampliación de la exigencia de certificado digital COVID para la participación en determinadas actividades'. Fue un documento utilizado después del puente de diciembre para justificar la ampliación a toda la hostelería, a los eventos culturales y deportivos, a los gimnasios y a las visitas a hospitales, residencias o prisiones del control del pasaporte. En él, la directora de Salud Pública, Itziar Larizgoitia, remarca también que “se propone como una medida preventiva eficaz para mitigar la actual progresión” porque “posibilita el desarrollo de dichas actividades de manera más segura”.

La información enviada a la Cámara se completa con una tabla de la evolución de primovacunaciones -personas con al menos una dosis- desde que se anunció que se iba a controlar el pasaporte COVID en algunas actividades el 17 de noviembre hasta el 5 de enero, cuando está registrada la pregunta de EH Bildu. En niños de 12 a 15 años subió del 89,6% al 96,5%, en adolescentes de 16 a 19 años del 89,4% al 93,1%, en veinteañeros del 80,9% al 85%, en treintañeros del 84,4% al 87,1% y en cuarentañeros del 91,5% al 92,8%. En los más mayores la diferencia es de menos de un punto porcentual.

320 rastreadores en la última ola

También a instancias de Ubera, Salud dio entrada doce segundos antes a otro documento sobre las “zonas de contagio” durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021. Según estos, datos en octubre aparecieron 75 brotes, en noviembre 303 y en diciembre 849. De ellos se derivaron 510, 1.798 y 4.237 casos, respectivamente. El 69% de los focos registrados se dieron en centros educativos, 847 de 1.227. También 157 en el ámbito sociosanitario (residencias). Por el contrario, en el ámbito “social” apenas se identifican 38. ¿No hay brotes en bares, gimnasios o eventos o es que se rastrea mejor en colegios y residencias? En cuanto a Osakidetza, registró en el mismo período en sus centros 38 brotes, con 126 profesionales afectados.

Los datos aportados al Parlamento por Sagardui muestran también que Osakidetza dio de baja 11.419 contratos antes de la última ola. No obstante, eso no implica que se diera de baja a un número equivalente de personas. En cuanto a contrataciones, en noviembre había en nómina 1.093 profesionales para “tareas COVID” y en diciembre eran 1.224. En cuanto a la red de rastreo, ha afrontado esta oleada con 320 profesionales. En diciembre eran 364, en enero del pasado año fueron 529 personas y en julio eran 527. El lehendakari, Iñigo Urkullu, aseguró que esta unidad ha llegado a contar con 700 efectivos. No obstante, en esta ola los protocolos han cambiado de raíz el seguimiento de la pandemia. Solamente se ha hecho rastreo de personas vulnerables (mayores, crónicos, embarazadas o no vacunados) y ha desaparecido la figura de los contactos, de modo que se descongestionó la red de rastreo por la vía de reducir sus atribuciones.