El Gobierno de Urkullu tumba por tercera vez la oficina contra la corrupción que pedía EH Bildu

El Gobierno de Iñigo Urkullu, una coalición de PNV y PSE-EE, ha emitido un informe desfavorable que adelanta el rechazo en el Parlamento Vasco a la tercera iniciativa legislativa de EH Bildu para crear un organismo específico contra la corrupción en Euskadi. El consejero-portavoz, Bingen Zupiria, ha afirmado que ya existen un gran número de organismos de control. Por el contrario, el portavoz de EH Bildu en la materia, Josu Estarrona, ha considerado “sorprendente” y una “contradicción” que “los mismos partidos” sí secundaran una propuesta idéntica en Navarra, dentro de la coalición Geroa Bai en el caso del PNV.

“Se trata de una iniciativa prácticamente idéntica presentada por el mismo grupo parlamentario el 15 de septiembre de 2020 y que también entonces fue rechazada. Las razones manifestadas entonces para su rechazo son prácticamente similares a las de ahora. En resumidas cuentas, porque en el momento actual ya existe y está en vigor en el ámbito de la comunidad autónoma de Euskadi un dispositivo jurídico e institucional vigente y activo para promover la integridad, impulsar la transparencia y prevenir y combatir la corrupción en las administraciones públicas vascas”, argumenta el Ejecutivo. El Gobierno, de hecho, ha enumerado ese “entramado” de “organismos” activos, entre los que ha citado la Oficina de Control Económico (OCE), los funcionarios interventores municipales, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (y en determinados casos el estatal), el Ararteko (y también la Defensoría del Pueblo de España), la Agencia Vasca de Protección de Datos, la Comisión de Ética y la oficina que regula los conflictos de intereses, Gardena (encargada de la aplicación de las normativas de Transparencia) y, desde luego, “los órganos judiciales que integran la jurisdicción penal” y la Fiscalía. No aparece en la lista la Ertzaintza, con una unidad de delitos económicos que colaboró en la investigación del 'caso De Miguel', el mayor sumario conocido hasta ahora.

“El Consejo de Gobierno considera que la iniciativa de EH Bildu no tiene en cuenta este entramado institucional. Además, no comparte el modelo de control que plantea, ya que reproduce la experiencia aplicada en el Estado con escasa eficacia, ya que tiene un sentido más represivo que preventivo. Ese modelo se fundamenta en la creación de nuevas estructuras organizativas y de coste público importante que en la regulación de una acción pública comprometida con los principios y valores de la transparencia y el buen gobierno”, alegan desde el Gobierno de Urkullu.

EH Bildu, que ya parecía entrever esta respuesta la pasada semana cuando protestó en la sesión de control al Gobierno del Parlamento Vasco, entiende que “la lucha contra la corrupción no está entre las prioridades” del Ejecutivo de PNV y PSE-EE “a pesar de que el 'caso De Miguel', sin ir más lejos, ha vuelto a poner sobre la mesa el déficit de medios para acabar con este tipo de prácticas”. “Las instituciones que trabajan en ese ámbito denuncian de forma permanente la falta de medios para detectar e investigar la corrupción”, remarca Estarrona citando, por ejemplo, las intervenciones en la Cámara de la fiscal superior vasca, Carmen Adán. Y añade: “Hacen falta herramientas para garantizar que en el futuro no haya más casos como el de De Miguel [...]. Bloquean cada iniciativa hacia la desaparición de las prácticas corruptas y eso nos parece muy preocupante”.