El Gobierno vasco y EH Bildu se enzarzan a cuenta de la externalización de la asesoría jurídica de las zonas tensionadas

El Gobierno, en este caso la parte del PSE-EE, y EH Bildu han tenido un cruce de pareceres (escrito) a cuenta de la externalización en marzo de 2024 del servicio de asistencia jurídica para la declaración de zonas tensionadas por parte del área de Vivienda. La adjudicación es de la pasada legislatura, cuando el responsable de la cartera era Iñaki Arriola, pero sigue vigente hasta el 31 de diciembre. La coalición registró preguntas sobre el contrato, que recayó en el bufete Ekain y que se sustanció de modo directo y sin concurso al ser inferior (por apenas unos euros) al máximo legal de 15.000 euros más IVA. Sin embargo, en su respuesta, el nuevo consejero, Denis Itxaso, apunta a que los ayuntamientos gobernados por EH Bildu también recurren a esta práctica.

“Poco ha de valorarse el conjunto de servicios y asistencias técnicas que presta este personal público en esta área de declaración de zonas de demanda tensionada si se afirma con semejante ligereza que a través de un contrato menor de servicios puede externalizarse tal función pública. Es tan infundado como afirmar que tal externalización de servicios se ha producido a través de la contratación de consultoras privadas que han realzado todos los ayuntamientos que, hasta ahora, muchos de su propio partido, han solicitado tal declaración con el objeto de asistirles en la presentación y formalización de la documentación y planes de acción que requerimos a tal fin”, replica Itxaso como añadido a la solicitud de documentación parlamentaria realizada por Lamia Arcas, de EH Bildu.

“El conjunto de servicios profesionales que se prestan desde mi departamento en el proceso de declaración de zonas de demanda tensionada abarca un conjunto de estudios y análisis de naturaleza socioeconómica y un conjunto de trámites y resoluciones jurídicas que pueden concluir por nuestra parte, en su caso, en la declaración de zonas de demanda tensionada a nivel municipal o en parte del municipio, a instancias siempre de los propios ayuntamientos, y siguiendo una metodología y sobre la base documentada y publicitada de unos análisis previos de determinación de aquellos municipios que cumplen en cada momento con los requisitos fijados en la ley estatal de derecho a la vivienda”, señala Itxaso en un documento parlamentario de alambicada redacción. Y agrega que estas tareas “no han sido objeto de externalización ninguna ni lo van a ser”. “Acudiremos a apoyos externos puntuales cundo lo consideramos preciso para sostener nuestras prestaciones públicas de servicios”, concluye el consejero de Vivienda.

Arcas, en su pregunta, menciona que el expediente recoge una memoria de Paloma Usatorre, alto cargo con Arriola, en la que hacía constar que el trabajo externalizado “si bien se podría llevar a cabo por personal funcionario” no había medios por estar “vacante por jubilación” la plaza del responsable del equipo al que le correspondería. “Hasta su cobertura no hay personal que pueda llevar a cabo el objeto del contrato”, se leía en el expediente del contrato. “La plaza a la que se refiere ha sido finalmente cubierta tras el oportuno proceso de selección y tras dos intentos. También le informo adicionalmente que seguimos teniendo plazas sin cubrir en los servicios jurídicos a los que cita (y en otros de diferente naturaleza), dado que dichas vacantes quedan reservadas para la cobertura por el actual personal interino y futuro personal funcionario, en el marco del proceso de consolidación del personal temporal en curso, por lo que todavía resta un tiempo prudencial para poder completar nuestra plantilla en su totalidad”, explica Itxaso sobre las carecencias del área de Vivienda.