Sancionan a Jorquera, ediles de IU y BNG y un bombero por detener el desalojo de Aurelia Rey
La Subdelegación del Gobierno acaba de expedientar a ocho personas por los altercados acontecidos en A Coruña en la paralización del desahucio de Aurelia Rey el pasado 18 de febrero. Entre los denunciados están Francisco Jorquera, portavoz del BNG en el Parlamento, y dos ediles del Ayuntamiento de A Coruña, Xosé Manuel Carril (BNG) y César Santiso (IU), además de Paulo Carril, secretario comarcal de la CIG, y el bombero que se negó a llevar a cabo el desalojo y cuyo gesto apoyando la detención del lanzamiento de la anciana dio la vuelta al mundo.
Todos los implicados fueron denunciados por la Policía Nacional que ayudaba a la comisión judicial que se disponía a llevar a cabo el desalojo de Aurelia Rey y la propuesta de sanción es de 600 euros para cada uno de los expedientados. El BNG ya ha reaccionado y anuncia que pedirá explicaciones al Ministerio del Interior a través del Congreso de los Diputados de confirmarse las sanciones.
No obstante, el BNG aclara que sólo tiene constancia de la apertura de un expediente a través de la prensa, ya que asegura que ninguna de las personas mencionadas ha recibido notificación formal ninguna. Lo mismo confirma César Santiso, concejal de Izquierda Unida, que reconoce “no tener ninguna comunicación oficial” y que prefiere “no perder ni un minuto con este tema”. Aun así, denuncia “estos son los poderes públicos que tenemos”.
“Nos expedientan por una defensa legítima y nos enteramos por la prensa”, reflexiona. Santiso también anuncia que solicitará información sobre la presunta sanción, así como por los argumentos empleados para llevarla a cabo. “Lo volvería a hacer las veces que hiciera falta; paramos un desahucio, defendemos una causa justa y removimos las conciencias para cambiar una legislación que es totalmente injusta”, recuerda Santiso.
El BNG cuestiona “el uso de la represión y del amedrentamiento que está haciendo la Policía y el Ministerio para atajar las protestas en el caso de conflictos sociales”, aclara, tras definir la actuación de las fuerzas de seguridad como “el uso de la fuerza de coerción del Estado contra personas que protestan contra medidas sociales muy injustas, como los desahucios, que tienen su raíz en el apoyo sin fisuras que los gobiernos le dan al capitalismo financiero y a los oligopolios”.
Aquel 18 de febrero, después de horas de protesta y concentración ante la casa de Aurelia Rey y tras el anuncio por parte de fuentes judiciales de la comisión de que no se llevaría a cabo el desalojo, la Policía aprovechó la marcha de buena parte de los manifestantes y de la mayoría de los periodistas para intentar echarla de la casa. Alrededor de las dos de la tarde, seis furgones policiales aparecieron en la calle para llevar a cabo un desahucio que tan sólo unos minutos antes parecía suspendido y después también de que los agentes antidisturbios abandonaran la zona.
Fue en aquel momento, y en los primeros momentos de tensión, los portavoces de BNG e Izquierda Unida en el Ayuntamiento de A Coruña, Xosé Manuel Carril y César Santiso, fueron zarandeados y golpeados por la Policía, tras denunciar una situación que calificaron de “engaño” y “trampa” por parte de la comisión judicial y de la Delegación del Gobierno. Más tarde, y tras la presión ciudadana, la Policía detuvo a las personas que intentaban parar el desalojo y el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, sufrió al menos un empellón por parte de los agentes.
El portal estaba cerrado con una cadena, pero el primer grupo de bomberos que habían sido llamados al lugar se negaron a romperla para facilitar el desahucio de la anciana. De hecho, uno de ellos fue despedido entre aplausos mientras sostenía un cartel de Stop Desahucios. Es el incluso que ahora ha sido denunciado por la Policía, que entiende que su actitud alteró aún más el ambiente.
Reacciones
Toda la oposición ha salido en defensa de Jorquera y critica la “cafrada” y el “tic autoritario” que le atribuyen a la derecha que gobierna en el Estado y en Galicia. No obstante, el PP dejó bien claro que apoya la propuesta de sanción -que es de 600 euros para cada uno de los expedientados- incluso atribuyéndole al portavoz del Bloque palabras que no dijo. “No se puede decir que hoy por hoy se están violando los derechos de un diputado, como dijo el portavoz nacionalista”, aseguró la portavoz popular, Marta Rodríguez Arias, cuando en realidad fue el socialista Losada quien pronunció esa frase. “Todos los ciudadanos estamos sometidos a la ley y todos estamos obligados a cumplirla. Nadie puede incumplir una ley amparándose en su cargo y obviar que todos tenemos los mismos deberes”, continuó la popular, e insistió en que “uno por ser diputado no debe no cumplir la ley que tienen que cumplir el resto de los ciudadanos”.
Francisco Jorquera recibió enseguida los apoyos de los otros dos grupos de la oposición. Xosé Manuel Beiras, portavoz de AGE, calificó de “cafrada” la sanción a Jorquera y al resto de los denunciados. “Sólo les falta decir 'la calle es mía', como decía Fraga cuando era ministro de Gobernación”, aseguró, tras advertir de que el expediente “supone una violación de los derechos de un diputado” y añadir que no le “sorprende nada” que eso ocurra.
Por su parte, el portavoz del PSdeG en la Cámara, Abel Losada, cree que la sanción “es consubstancial con la historia de la derecha en este país”. “En cuanto puede, los tics autoritarios aparecen igual que los hongos en otoño; no es nada nuevo, nadie se sorprenderá, pero la derecha entiende que las fuerzas del orden público están para garantizar los intereses y el orden no del conjunto del público, sino de determinados grupos sociales y económicos”, aseguró.
