Vecinos de Delicias se aferran a la venta de un bloque como fin de la explotación sexual que las autoridades no han evitado

Hace mucho tiempo que lo que ocurre entre las paredes del número 127 del Paseo de las Delicias, el portal que nunca se cierra, dejó de ser un secreto. Ni bien guardado ni a voces, la actividad del bloque es sencillamente una realidad que conocen la inmensa mayoría de vecinos en esta zona del barrio de Legazpi, en el corazón del distrito de Arganzuela. Las primeras quejas vecinales e informaciones en medios de comunicación se remontan a principios de los noventa. Desde entonces, aparecen periódicamente noticas sobre denuncias de residentes o intervenciones policiales. La última, el pasado octubre, dejó seis clientes detenidos por la Policía Nacional. Pero nada erradica el negocio de explotación sexual en el edificio.

Al menos, ninguna de las actuaciones desarrolladas hasta ahora por las autoridades. Porque la actividad ha vuelto a pleno rendimiento solo un mes después de que los agentes identificaran a 140 personas. El jefe de la Sección de Investigación de Trata de la Brigada de Extranjería y Fronteras de Madrid, Víctor de las Heras, relató en declaraciones recogidas por Europa Press que al edificio acudían numerosas personas que buscaban beneficiarse de la prostitución. Las inspecciones en las viviendas comprobaron que en algunas se instalaron temporizadores en las puertas para que los proxenetas controlaran la duración de los servicios de las mujeres. Además, había cámaras de seguridad para seguir sus movimientos.

Es lo que encontraron en un importante dispositivo con agentes de la Brigada de Extranjería, la Unidad de Intervención Policial, la de Medios Aéreos, Guías Caninos y trabajadores de inspección de Trabajo y Seguridad Social. Además de los seis antes citados, hubo diez arrestos más por infringir la Ley de Extranjería. Una dinámica policial enfocada en el componente migratorio que no ha servido para frenar el problema en un edificio que las mafias han hecho suyo y que ha vivido repetidas redadas en las últimas décadas, la mayor en 2018.

Un problema enquistado por el garantismo de la legislación y la connivencia de la propiedad

La falta de una legislación que castigue el consumo de prostitución y la necesidad de que sean las víctimas de trata (o su representante legal si son menores) quienes denuncien, como recoge el artículo 191 del Código Penal, dificultan el desarrollo de los procedimientos judiciales. El Consejo de Seguridad de la Junta Municipal de Arganzuela ha abordado igualmente la cuestión en repetidas ocasiones, sin dar con un modo de atajarlo. Burdeles similares han ido retrocediendo en la zona, como el del portal 10 de la calle Enrique Trompeta. Pero en los bloques colindantes al Paseo de las Delicias, 127 (con 16 pisos dedicados en su totalidad a la explotación sexual), la indignación vecinal ha pasado a convertirse en un hartazgo resignado. Ahora, una palabra de siniestras implicaciones para la mayoría de barrios se presenta aquí como una última bala después del escaso éxito de las administraciones: un fondo de inversión.

Es la comidilla del entorno: un comprador mexicano estaría interesado en adquirir el inmueble y rehabilitarlo, en una zona en expansión revitalizada gracias a la renaturalización de la M-30 y el empuje cultural de Matadero Madrid. El reverso negativo ha sido el imparable aumento del precio del alquiler en Arganzuela: un 50% en cinco años y un 4,4% estos últimos doce meses (hasta un 6% en el barrio de Legazpi), según recoge el portal inmboliario Idealista.

La cuestión es clave, ya que la connivencia e incluso el amparo de la propiedad de la familia propietaria del bloque con la actividad que en él se desarrolla ha sido clave para mantenerla. “A mí personalmente no me molesta”, llegó a declarar un dueño en palabras recogidas por la prensa. El bloque pertenece a tres hermanos, que cuentan con todos los papeles en regla y contratos de arrendamiento por vivienda, en las que posteriormente se ejerce la prostitución en cada habitación de los 16 apartamentos. Según una vecina, “uno de los hermanos ha estado siempre muy implicado y lleva años enfrentado a los otros dos”.

Rumores y quejas: “Sigue el trasiego de gente”

Durante los 45 minutos que Somos Arganzuela permanece en el portal, acceden al bloque unos ocho hombres y lo abandonan cinco. Lo hacen a plena tarde y, la mayoría de ellos, con botellas o latas de cerveza en la mano. Se les puede ver entrar y salir con total naturalidad, incluso comenzar a subir la escalera. Al fondo del portal, una pintada recoge el mensaje “toca el timbre”. Casi nadie lo hace.

En un momento dado, un hombre cambia los cubos de residuos. Preguntado acerca de si trabaja en el lugar, lo niega: “Solamente me dedico a esto [sacar la basura], barro y hago compra. Me gano la vida”. Acepta la definición de “una especie de conserje”. Antes de ser inquerido sobre el futuro del negocio ilegal, saca el tema de la venta del edificio a la palestra: “Esto de aquí a mañana ya se cierra”, asegura. Un “mañana” que fija después en “enero o febrero”, una vez completada la cesión. “Esto lo heredaron varios hermanos y ahora hay unos mexicanos que están locos por el edificio. Desde la pandemia ha empezado a valer mucho más”, cuenta.

“Ya no hay problemas”, asegura este individuo en declaraciones a este periódico. Indica que desde la última intervención policial “las chicas trabajan con la puerta cerrada, antes la tenían abierta”. Sostiene que “ahora viene menos gente” y “ya no se meten los pillos que había antes”, aunque ello suponga que “las chicas ganan menos”. Cifra el número de mujeres en “quince o veinte”.

Siguen los ruidos, sigue la suciedad, siguen las redadas cada dos por tres, sigue el trasiego continuo de gente y sigue lo de tener que aguantar una cosa así al lado de tu casa todos los días

Los vecinos del Paseo de las Delicias son menos optimistas. Algunos también han oído “rumores” sobre la posible venta, pero después de tantos años no se hacen grandes esperanzas. Tampoco comparten esa supuesta normalización de la situación: “Siguen los ruidos, sigue la suciedad, siguen las redadas cada dos por tres, sigue el trasiego continuo de gente y sigue lo de tener que aguantar una cosa así al lado de tu casa todos los días”, lamenta un inquilino de una de las viviendas colindantes.

Otra residente es aún más dura: “A los cinco minutos de la última redada estábamos en las mismas. Yo no sufro los ruidos porque mi piso da al otro lado, pero la mierda en la entrada es una vergüenza. Aquí hay tráfico de personas, de drogas, se vende alchohol ilegalmente y en negro...”. En la visita de este medio, un camión comienza a descargar varias cajas de cerveza y unas jóvenes salen a recogerlas.

La vecina cree que hay “una mano negra” que evita el fin de la explotación sexual. Recuerda el caso de un edificio muy cercano, el número 133 de la misma vía, donde un negocio ilegal similar finalizó después de dos años y el bloque llegó a quedar sellado. “¿Por qué aquí no han conseguido lo mismo?”, se pregunta.

Pese a estas declaraciones vecinales, otras personas consultadas prefieren guardar silencio. En un negocio colindante, dedicado al sector inmobiliario, optan por no pronunciarse al respecto. Pertenecen a la marca más conocida en este campo. Todo un símbolo de otra lacra que corre por tantas zonas de Madrid y que aquí se presenta como la única solución a un problema enquistado que las administraciones no han resuelto. Como si a Legazpi, un barrio repleto de vida sociocultural, solo le quedara elegir susto o muerte entre la especulación y el estigma.