A ver si consigo explicar el panorama de Percheles para que se me entienda y sin equivocarme, por lo que creo que hay que empezar señalando que, en su origen, el problema en presencia ha sido la obstaculización de un acceso a esa playa por un tal Avelino López, propietario de la finca que cubre casi todo el horizonte interior de la misma. Esta playa es quizás la más bella del municipio de Mazarrón y por ello muy frecuentada, lo que los vecinos han venido haciendo por el camino ahora bloqueado.
El dicho propietario, con una osadía que no se puede explicar simplemente por su caradura, ha acondicionado su finca, lindante como digo con el dominio público marítimo-terrestre, para instalar en ella un parking, con gran abundancia de vehículos-caravana, con lo que ha pretendido, y logrado, que, al estar esta playa a varios kilómetros del núcleo próximo poblado (la pedanía de Cañada de Gallego), los visitantes pasen por caja antes de dejar sus vehículos en las inmediaciones.
Una simple ojeada al deslinde realizado por la Demarcación de Costas del Estado, que en su día debió respetar el área de matorral vinculado al arenal y al mar, nos muestra una intervención del propietario que ha recortado este matorral y que ha logrado (habrá que ver de qué manera, si legal o ilegal) que el amojonamiento se ciña al lindero de su finca.
Así que, ordenando lo expuesto, lo que tenemos en presencia es, en primer lugar, una violación del derecho consuetudinario por parte del propietario, que ha cerrado un paso tradicional de acceso a la playa, que es pública y por eso necesita que se reconozcan los accesos públicos (verticales y horizontales), como manda la Ley de Costas. En segundo lugar, y tal y como explican en el Ayuntamiento, la mayor parte de las obras realizadas en esa finca para cerrarla y adaptarla al negocio del parking-caravaning, son ilegales y han sido denunciadas, aunque sin efecto porque, al parecer, el propietario de ríe de esas denuncias y las recurre sistemáticamente, generando una estrambótica “judicialización” del asunto, que es el término que emplean las fuentes municipales para disimular su manifiesta incompetencia, y que ha dado lugar, desde hace una treintena de años, a este espectáculo. En tercer lugar, don Avelino, feriante de profesión pero que vive instalado en su tienda sultanesca en el centro de la finca para mejor vigilar el negocio, desarrolla una actividad de tipo turístico sin las licencias correspondientes, que son tanto municipales como, sobre todo, autonómicas; nada de esto le impide exhibir un gran cartel con las tarifas a pagar por los usuarios, que por lo que respecta a las caravanas es de 6 euros por vehículo y noche en este momento; ni que decir tiene que ese asentamiento comercial no dispone de luz ni de servicios esenciales, ya que es pirata, lo que le permite embolsarse en negro esos cuantiosos ingresos. Y en cuarto lugar, este listo de playa desafía a la Demarcación de Costas, ya que –aun dejando aparte que haya invadido el dominio público mediante alguna manipulación de los mojones– no respeta la servidumbre de paso, o tránsito, que marca la Ley de Costas y afecta a su propiedad, estando ocupada por caravanas, cocinillas, alfombras, perros y canoas. Por su parte, el organismo estatal de Costas no ha dudado en habilitar dos o tres accesos de tablones a la playa, para goce exclusivo de los ocupantes ilegales del caravaning, ya que terminan en el amojonamiento que constituye el borde de esa propiedad, tan celosamente reservada para el negocio.
Dicho sea todo esto a salvo de que haya podido incurrir en algún error, lo que me extrañaría porque los vecinos, hartos de la ofensa del feriante y de la inacción de los munícipes, y organizados en la Plataforma Percheles Libre y la Asociación de Vecinos de Cañada de Gallego, me lo tienen bien explicado. Así que, resumiendo, lo que tenemos en presencia es un desafío triple de don Avelino López a la legalidad municipal, fundamentalmente la urbanística, a la legalidad autonómica, básicamente la turística, y a la legalidad estatal, concretamente la Ley de Costas. Todo ello frente a esas tres administraciones que se muestran incapaces de hacer entrar a este tipo en la legalidad; más aún, y por lo que a la corporación municipal mazarronera actual se refiere, se reconocen a sí mismas incapaces de meter en vereda a ese infractor múltiple, lo que no deja de exhalar un cierto tufillo acomodaticio.
Recientemente, los vecinos han incrementado su acción por considerar que ya está bien, arremetiendo contra el actual alcalde, Gaspar Miras (PSOE) que, si bien se muestra accesible y dialogante, no acaba de asumir sus responsabilidades, acometiendo la tarea que a él le compete por imperiosa, política y legal obligación (y que no es cosa de los vecinos, que están para criticar, presionar y exigir, lo que no parece entrarle del todo en la cabeza a don Gaspar). Hay un sensible problema adicional y es que el edil de Urbanismo, que debiera ser el directo responsable de esta situación de desvergüenza del citado particular, es Ginés Campillo, cuyo partido gobierna en coalición con el PSOE. Don Ginés, que ya fue alcalde media legislatura (2011-2014), parece ceder este asunto al alcalde, recordándonos que se trata de rivales políticos y que, muy comprensivamente, erosionarse políticamente debe figurar en su agenda ordinaria, aunque lo disimulen (tampoco mucho, no se vayan a creer).
Todo el mundo conoce la catastrófica historia de los alcaldes de Mazarrón desde el primero de la democracia, Mariano Yúfera, un constructor que quería hacer de su municipio un sayo, pero después ha habido pocos periodos de tranquilidad y brillo ético en las sucesivas corporaciones. Y han destacado esos partidos de tipología “independiente”, siempre de derechas y pegados frecuentemente a los negocios locales y a cultivar el apoyo de sectores concretos (No debe consolar que esto haya sido, y es, parte omnipresente del paisaje político en todo el Mediterráneo español).
El caso es que los vecinos han dicho que hasta aquí hemos llegado, un hartazón en el que se sienten apoyados por todos los ciudadanos amantes del litoral como espacio libre y común. En su última reunión con alcalde y responsable de Urbanismo han llevado a estos la denuncia de la última pifia de Avelino, que sido sustituir los pedruscos que entorpecían el libre acceso a la playa por un cuidado muro de mapostería que ya no se lo salta un galgo; una obra, por cierto, de dos semanas, durante las cuales el Ayuntamiento no se ha dado por enterado pese a habérsele informado de forma directa (antes de la denuncia formal). Y han pedido al alcalde Miras, y este ha aceptado, que, visto el atasco y la falta de imaginación demostrada hasta ahora, el primer edil pida ayuda al fiscal jefe, Díaz Manzanera, para que considere el caso, de desafío inaceptable del caravanero de Percheles y, sobre todo, el cabreo de los vecinos.
De momento, el asunto maravilla y enseña: en el cada día más embarullado panorama de Percheles, lo único que surte efecto y que es verdaderamente ejecutivo es el bloqueo que interpone este empresario y su negativa a cumplir lo que la Ley le manda que cumpla; porque ni las órdenes de paralización de obras ilegales ni le negativa a concederle las licencias de actividad solicitadas, por no cumplir los requisitos, surten efecto. Es este un pésimo ejemplo, que se prolonga escandalosamente y que muestra cómo el Estado de Derecho, del que se dice que protege al ciudadano, en realidad se desarma y derrite cuando de proteger a negocios y negociantes se trata.
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