Los bomberos murcianos exigen una ley de emergencias y denuncian su situación de precariedad
Más de 300 bomberos pertenecientes al Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, llegados desde distintos puntos de la provincia, junto a sus compañeros del cuerpo de bomberos del ayuntamiento de Murcia y del de Cartagena, se han concentrado hoy en la plaza Belluga de la capital para expresar su enfado con la política de la Administración regional en materia de emergencias.
Una de sus reivindicaciones principales ha sido la de exigir la elaboración de una ley para regular sus funciones, asegurar la coordinación entre los distintos servicios de emergencias y mejorar la seguridad de los ciudadanos frente a situaciones de urgencia. En opinión de los bomberos, “la seguridad ciudadana está en peligro”, y aunque reclaman una legislación específica, añaden que “lo principal es tener voluntad política” para gestionar mejor los servicios de la comunidad autónoma y de los ayuntamientos.
De este modo, los bomberos han querido llamar la atención sobre su situación en cuanto a la escasez de personal, la duplicidad de servicios, la existencia de municipios y pedanías sin bomberos -lo que genera unos tiempos de respuesta excesivos y una dotación insuficiente-, la precariedad laboral y el envejecimiento de la plantilla, y uno de los puntos más repetidos, el intrusismo y la privatización de algunos servicios.
Tras calificar a los gobernantes como “irresponsables” e “incapaces” de llevar a cabo una gestión razonable en esta materia, los bomberos del Consorcio, de Murcia y de Cartagena han exigido que se acabe con la desigualdad entre ciudadanos, ya que en función del lugar en el que se viva, unos tienen una atención profesional y otros no. También han pedido que se cubran las vacantes con funcionarios de carrera, y sobre todo, que se dignifique la profesión evitando la precariedad laboral, regulando la segunda actividad y reconociendo la figura del bombero como agente de la autoridad.
Por último, han incidido en la necesidad de elaborar una Ley de Emergencias “que resuelva los problemas planteados y que garantice la seguridad ciudadana por encima de otros intereses”. Aunque, de nuevo, han reconocido que más allá de la legislación, para mejorar el estado de la profesión, gestionar adecuadamente los recursos y garantizar la seguridad de los ciudadanos, es necesario que exista voluntad política y que se cuente con la opinión de los propios bomberos, además de dotarles de los medios necesarios para desarrollar sus funciones.
