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3.300 amenazados por ETA necesitaron escolta para sobrevivir

"En cierta medida eres un poco apestado", relata uno de las personas que necesitó escolta para combatir la amenaza del terrorismo de ETA

Al menos cinco personas tuvieron que vivir con este servicio de seguridad durante más de 20 años

Queman ocho autobuses en Bizkaia en un sabotaje de "apoyo" a presos de ETA

Autobuses quemados en un sabotaje de apoyo a presos de ETA. EFE

3.300 personas amenazadas por ETA precisaron de un servicio de escolta para poder seguir adelante y sobrevivir. Este es uno de los datos del Informe sobre la injusticia padecida por las personas amenazadas por ETA (1990-2011), elaborado por el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto por encargo de la Secretaría General para la Paz y la Convivencia del Gobierno vasco. El trabajo disecciona el dolor padecido por estas víctimas, a las que se debe "una rehabilitación social y moral", subraya el Ejecutivo de Vitoria.

El estudio aborda esta realidad desde dos perspectivas, una cuantitativa, que cifra en unas 3.300 personas las amenazadas que tuvieron que llevar escolta, y otra cualitativa, que se recoge las impresiones y testimonios de 15 de estas víctimas para describir su padecimiento y proponer una serie de conclusiones.

El criterio utilizado para definir a los amenazados ha sido la asignación de escolta, aunque los propios redactores del informe admiten que esta metodología excluye a otras muchas personas que respondieron de otra manera a la amenaza, por lo que se parte de la base de que fueron muchos más los ciudadanos que sufrieron esta situación, tal y como han explicado sus redactores, José Ramón Intxaurbe, Eduardo J. Ruiz y Gorka Urrutia. De las 3.300 personas amenazadas que contempla el estudio, 1.619 recibieron la protección a cargo del Gobierno vasco.

Más de dos tercios dispusieron de escoltas entre uno y cinco años, una quinta parte fue protegida durante una década y se han registrado al menos cinco casos de personas que vivieron con este servicio de seguridad durante los 20 años que abarca el informe. En cuanto a sus ámbitos de actuación, los colectivos más afectados fueron los políticos, los empresarios, los profesores, los miembros de la administración de justicia y los trabajadores de los medios de comunicación.

Pérdida de libertad e intimidad

Más allá de los números, el estudio refleja con crudeza el sufrimiento en el día a día de los amenazados, la pérdida de la libertad y la intimidad, los problemas laborales que la situación acarreó en algunos casos, el impacto en sus familias y allegados y las consecuencias en la salud, con frecuencia materializadas en cuadros de estrés postraumático.

También aborda uno de los aspectos más dolorosos, como es su estigmatización, un "déficit de solidaridad entre allegados, vecinos o compañeros de profesión" muchas veces motivado por "el miedo y el deseo de no verse involucrados en la misma estresante realidad de las personas amenazadas".

"En cierta medida eres un poco apestado", relata uno de los entrevistados, miembro del poder judicial, un testimonio que se une al de otras personas que narran cómo tuvieron que dejar de hacer determinadas actividades debido al rechazo que despertaban sus escoltas.

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