La portada de mañana
Acceder
El número de contagios sigue batiendo récords en España
COVID, frío y hambre: el toque de queda de quienes no tienen donde ir
Opinión - Susto y muerte, por Rosa María Artal

España no es un estado fallido, pero puede serlo pronto

Vista general del hemiciclo durante el pleno del Congreso de los Diputados. EFE/Fernando Villar/Archivo

49

Estado fallido es una expresión periodística que se refiere a situaciones como las de Libia, en donde el gobierno no controla amplias zonas del territorio, no puede proveer servicios básicos, tiene altos niveles de corrupción y sufre una intensa degradación económica. España no ha llegado a eso. Pero la institución clave del Estado, la monarquía, está en crisis abierta, el poder judicial también, el Parlamento está bloqueado, la organización territorial es un desastre, dos regiones importantes tienen mayorías independentistas y, según el FMI, nuestro país sufre la mayor crisis económica entre los avanzados. Pero lo peor de todo es que no existe indicio alguno de que cualquiera de esos problemas pueda empezar a resolverse en un futuro.

El más acuciante de ellos, el más inmediato a efectos funcionales, es la crisis absoluta y catastrófica del estado de las autonomías. La rebelión de Madrid contra una política sanitaria centralizada es un hecho gravísimo que podría anunciar un giro involucionista y antidemocrático de la derecha. Pero lo tremendo es que el entramado legal del sistema autonómico permite movimientos tan irracionales e intolerables como los de Isabel Díaz Ayuso. Solo un recurso al artículo 155 de la Constitución, la disolución del gobierno madrileño por parte del central, podría frenarlos.

El desarrollo legislativo del Estado de las autonomías a lo largo de más de 30 años ha llevado a esa aberración. Alemania es más federal que España, las atribuciones de los länder son mayores que las de sus equivalentes hispanos, pero allí hay límites formales o de hecho que los estados federales no pueden traspasar. Lo de Madrid de estas últimas semanas sería impensable en Alemania.

En España se ha creado un monstruo ingobernable. Y no es ahora cuando se ha visto hasta donde podía llegar, sino que ya en la crisis de 2008 apareció con toda su fuerza destructora. Las barbaridades que habían venido haciendo las cajas de ahorro regionales en connivencia con sus gobiernos autonómicos, junto a la irracional atribución del parte del gobierno Aznar a estos de todo el poder para recalificar terrenos, que fue la clave del "boom" inmobiliario que llevó al desastre, explican por qué el crack de 2008 fue aquí más crack que en otras partes y por qué costó más salir del mismo.

La política del "café para todos" que se inventó durante la Transición para que la España centralista digiriera las inevitables concesiones a Cataluña y el País Vasco fue el origen de ese desaguisado. Las demás autonomías, fueran del color que fueran, se aprestaron a presionar para tener tanto poder decisional como las dos primeras y articularon una estructura en la que los gobiernos se entendieron con las oligarquías y los poderes sociales regionales para que cada autonomía hiciera la guerra por su cuenta y para obtener cada vez más atribuciones. Hasta llegar a la aberración actual en la que el país es prácticamente ingobernable.

Tras la crisis de 2008 se dijo hasta la saciedad que había que reformar a fondo el Estado autonómico. En 12 años no se ha hecho nada. Ningún partido, sobre todo los dos mayores, se ha atrevido a mover ficha. Porque su estructura es autonómica, porque su poder procede del que tienen en las regiones y porque las organizaciones regionales no están dispuestas a ceder un ápice de sus atribuciones ni a someterse al Gobierno central.

Esa situación no solo limita extraordinariamente la amplitud de las políticas unitarias, sino que cuesta mucho dinero y hace imposible hacer frente a alguno de los problemas decisivos de la estructura económica española. A la cabeza de ellos, el del turismo, que es casi un monocultivo en unas cuantas regiones. Los expertos llevan mucho tiempo diciendo que el crecimiento exponencial de ese sector, especialmente intenso desde que se acabó el boom del ladrillo, es irracional y un día iba a costar muy caro. La pandemia ha confirmado esos negros. Si España va ahora peor que otros países avanzados es por culpa del hundimiento catastrófico del turismo.

¿Por qué eso no se ha evitado si tan claro se tenía que era peligroso? Por unas cuantas razones. Pero sobre todo porque las autonomías en las que el turismo es la clave de su economía se habrían levantado en pie de guerra, fueran del color que fueran, para impedir cualquier cambio. Ante esa contundencia, los gobiernos centrales han cedido y cualquier política alternativa, como el impulso a una industria cada vez más raquítica y al desarrollo tecnológico, han quedado aparcados.

La crisis autonómica es gravísima y la presión independentista en Cataluña y Euskadi no hace sino agravarla. Sin que en el horizonte se atisbe perspectiva alguna de un acuerdo entre los partidos para hacerle frente.

La crisis del sistema judicial también es inquietante. Porque han aparecido demasiados fallos en el mismo, el último, la cada vez más clara politización de bastantes jueces. El que no haya un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial y que los magistrados que ilegítimamente lo ocupan se aprovechen de la situación para hacer nombramientos por la puerta falsa no hace sino intensificar la sensación de que es cada vez más difícil confiar en que el sistema emita sentencias justas y neutrales.

Basta haber visto un poco los telediarios de estos últimos dos días para ver a qué esperpento se ha reducido el legislativo, el tercer gran poder del Estado, junto al ejecutivo, cercenado por la irracionalidad autonómica, y el judicial. Si a eso se suma que la jefatura del Estado, la monarquía, es cada vez más cuestionada por la ciudadanía, sobre todo por los desmanes de su anterior titular, se podrá concluir que la Transición y la Constitución que en ella se elaboró han dejado de ser útiles, que hay que hacer algo nuevo.

Pero cualquier intento de ello parece imposible. La corrupción ha dado un golpe al PP del que no se sabe si podrá levantarse. Pero sus consecuencias las está pagando todo el sistema. Los dirigentes del Partido Popular, aquejados de "cretinismo político" ha dicho Pablo Iglesias, no son capaces de hacer otra cosa que tratar de frenar el avance de Vox, sin mucho éxito hasta el momento, y no parece que tengan ni tiempo ni recursos mentales para pensar en las reformas que el país necesita urgentemente. Con lo que los problemas no van sino a agravarse. Bastante tendrá el Gobierno con sacar adelante unos Presupuestos… con tres años de retraso. Que se dice pronto.

Etiquetas
Publicado el
15 de octubre de 2020 - 22:33 h

Descubre nuestras apps

stats