Hagamos un contrato con la ciudadanía
Vivimos tiempos de descrédito para los políticos y las banderas no las levantan ya los partidos. Sólo por eso el PSOE debería enganchar con una idea, fuerza o relato de comunicación que le ayude a recorrer el camino de la regeneración democrática, la larga reconstrucción del estado del bienestar y la reforma constitucional. ¡Casi nada! Y nos preguntamos si el objetivo de la próxima Conferencia socialista no debiera ser el de acordar una propuesta realmente innovadora que devuelva la esperanza a una ciudadanía que expresa cada día su desafección hacia el sistema político tradicional y su angustia al sentirse abandonada e invadida por el fatalismo.
Esa realidad se traduce en las calles en “mareas humanas de diferentes colores” que son la expresión de una energia ciudadana que lucha por ser escuchada en la defensa de los derechos básicos y la dignidad de los suyos y por disponer de más cauces de participación y control sobre lo que hacemos los políticos y las instituciones. ¿Y cuál está siendo nuestra respuesta?
Algunos socialistas comunicamos hace meses al PSOE que una de las ideas fuerza del proyecto alternativo a construir de la mano de una mayoría social de progreso, ha de consistir en proponer un nuevo “Contrato a la Ciudadanía”. Supondría la plasmación de un pacto cívico basado en la ética política, en una concepción participativa de la democracia capaz de articular otra política económica global alternativa al modelo involucionista de la derecha neoliberal (una utopía obligada) y en la corresponsabilidad social compartida para buscar una salida a la crisis que pivote sobre la honestidad y la solidaridad como grandes valores, la creación de empleo, el combate contra la exclusión, la eliminación de las desigualdades y un reparto justo de las cargas y los sacrificios dentro de una reforma fiscal.
Por un lado, se trata de un contrato de compromisos ciertos por una regeneración del sistema político que empodere a la ciudadanía y la implique en la gobernanza profundizando así en mayores cauces de participación en los tres niveles de la administración. Es preciso repensar el funcionamiento de la democracia y actuar con reformas legales que hagan posible los procesos de rendición de cuentas, la práctica de las consultas y del referéndum, las listas desbloqueadas, las primarias ciudadanas con plenas garantías democráticas, el respeto a la división de poderes, la prevalencia de los mėritos y el cierto prestigio a la hora de designar a los componentes de los organismos reguladores y de control, la transparencia de las cuentas de los partidos, la prevención y castigo de la corrupción y un desarrollo favorecedor del uso de la iniciativa legislativa popular.
Este pacto contractual necesitará mucha pedagogía y contar con nuevos liderazgos sin mochila, dispuestos a conectar en red y escuchar a la calle, también a las bases socialistas. Y conllevará un compromiso de todos los cargos públicos con un código de honestidad y de servicio público; en definitiva, abrirnos a otra forma de sentir la política y de ejercerla desde valores firmes en la defensa del interés colectivo y no de privilegios o intereses personales.
La otra cara del contrato entre los socialistas con la ciudadanía, movimientos y agentes sociales aborda la tarea de reconstruir juntos el estado del bienestar y la maltrecha estructura productiva del país, en ambos casos con garantía de sostenibilidad y desde una posición de corresponsabilidad social ante la crisis. Porque se trata de un contrato bilateral para una nueva etapa en la que muchas cosas deberán cambiar, con derechos y deberes para todas las partes, con un cumplimiento solidario de las obligaciones cívicas (como la del pago de impuestos, incluido el IVA), el buen uso de los servicios y equipamientos públicos y la correcta percepción de las prestaciones de ayuda.
Al hilo de la corresponsabilidad nos viene a la memoria la demagógica denuncia de la vicepresidenta del gobierno contra los supuestos 520.000 parados a quienes acusa de defraudar al Estado, olvidándose de los comportamientos inmorales e ilegales de los gestores financieros y los continuados delitos de los evasores y defraudadores fiscales de cuello blanco. Porque la corresponsabilidad es exigible a todas las personas, sí, incluídos aquellos políticos que practican el doble lenguaje y las falsas promesas electorales.
Habría que formular de manera pública y solemne este contrato de compromisos que culmine en un programa de gobierno de cara a las elecciones generales y que incorpore mecanismos democráticos para el seguimiento y control de su cumplimiento. Por ejemplo: obligarse a una consulta si se pretendiera un incumplimiento grave de una promesa electoral o ante la aprobación de una medida de gran impacto social que no viniera recogida en el programa.
El reto es doble: el difícil reencuentro con la ciudadanía y con nuestra identidad socialista. Y sólo será posible con la reafirmación de los principios éticos y manifestando nuestra voluntad de gobernar para transformar una sociedad infeliz por injusta, actuando sobre los poderes económicos y regulando el mercado financiero en una Europa que defienda a las personas. Sin duda algo bien diferente al simple hecho de ocupar y gestionar el poder.
Precisamente, cuando más desorientada se percibe a la socialdemocracia en Alemania, Francia o Gran Bretaña, con algunos tics más propios de fuerzas neoliberales o de extrema derecha que pueden llegar a desfigurar para siempre su alma, más deberemos esforzarnos en trazar aquí una vía propia que permita devolver la dignidad a la política y la credibilidad a los socialistas. No tenemos derecho a perder más tiempo ni a contener la rebeldía.
