Anticorrupción pide la imputación de la portavoz del PP en el Parlamento asturiano por corrupción urbanística
La Fiscalía Anticorrupción quiere que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) investigue a la portavoz del PP en la Junta General del Principado, Teresa Mallada, por las presuntas irregularidades urbanísticas cometidas entre 2008 y 2013 en la cesión de un terreno del municipio asturiano de Aller, donde era concejala. Mallada era miembro de la corporación municipal que aprobó la cesión de ese espacio, sobre el que se construyó con fondos mineros un geriátrico para trabajadores jubilados del sector que se investiga en el marco de la llamada Operación Hulla.
La Fiscalía Anticorrupción inició esta investigación después de que el ex secretario general del SOMA-UGT y exdiputado provincial del PSOE José Ángel Fernández Villa y su principal colaborador en el sindicato, José Antonio Postigo, se acogieran a la amnistía fiscal de 2012 para regularizar 1,2 millones y 436.000 euros, respectivamente. Los investigadores sospechan que parte de esos fondos pudieron derivar de la obra del geriátrico, para la que obtuvieron una subvención irregular de 30,9 millones de euros de los que pudieron desviar a sus bolsillos entre 10 y 15 millones.
En un escrito al que ha tenido acceso eldiario.es, los fiscales Ignacio Stampa y Carmen García Cerdá solicitan al Juzgado de Instrucción 3 de Oviedo que eleve una exposición razonada al TSJA, que es el órgano competente para investigar a los diputados autonómicos asturianos, como es el caso de Mallada. Según los representantes del Ministerio Público, todas las “actuaciones” y “omisiones” municipales habría obedecido a un mismo fin: “el desarrollo del proyecto en dicho municipio, a toda costa, y por muy ilícitas que fueran las vías para conseguirlo”. A su juicio, estos hechos serían constitutivos de los delitos de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y tráfico de influencias.
Mallada tenía condición formal de investigada desde el 24 de mayo de 2018 junto al resto de miembros del Pleno del Ayuntamiento de Aller, si bien hasta el pasado noviembre no se habían llevado a cabo diligencias relacionadas con su participación en las ilegalidades urbanísticas presuntamente cometidas. Por este motivo, la jueza de Oviedo rechazó el pasado 30 de octubre la petición de que fuera el TSJA quien asumiera la competencia de la investigación como reclamó el que fuera alcalde de Aller cuando se cedieron los terrenos, Gabriel Pérez Villalta (PSOE). Entonces, la Fiscalía también informó en contra de que se elevara esa exposición razonada por carecer aún de indicios.
Sin embargo, el Ministerio Público estima ahora que, tras haber escuchado en sede judicial a investigados y testigos, sí existen los “elementos suficientes” para que sea investigada por el TSJA. Entre las supuestas irregularidades está que se habría concedido la licencia de construcción de “manera verbal” a pesar de que el suelo estaba clasificado como rústico de protección agraria o que se iniciaron las obras meses antes de contar las licencias municipales de obra y de actividad.
La amnistía fiscal de Fernández Villa
La entidad adjudicataria de la subvención para el geriátrico fue el Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana, un organismo con un patrimonio de 46 millones de euros que gestiona residencias geriátricas y destinos vacacionales para mineros jubilados y que presidía Postigo. De hecho, la Guardia Civil maneja indicios de que Villa se sirvió de la gestión “delictiva” de ese ente para amasar su fortuna. De manera paralela, Anticorrupción investiga la modificación de un Real Decreto 'ad hoc' durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero para financiar al 100% la construcción de esa residencia.
Para no desgajar la causa, los fiscales solicitan que el alcalde y el resto de concejales de Aller sean también investigados en el TSJA. Sin embargo, sí mantiene que los hechos relativos a los presuntos delitos de blanqueo de capitales vinculados con delitos fiscales relacionados con Villa y Postigo, así como la presunta corrupción de los representantes del Montepío y, en su caso, de las autoridades y funcionarios públicos del Ministerio de Industria por la obtención de la subvención de 30,9 millones de euros se sigan investigando en el juzgado de Oviedo.
