Bruselas investiga si el 'caso Koldo' afecta a los fondos europeos

El 'caso Koldo' llega a Bruselas. La posibilidad de que el caso de corrupción por la compra de mascarillas afecte a los fondos europeos ha hecho sonar las alarmas de la Comisión Europea, que se ha puesto a analizar la situación. El gobierno comunitario se ha puesto en contacto con las autoridades nacionales para que determinen si la trama, que asciende a 53 millones de euros, afecta a los fondos europeos. Igualmente, ha enviado los detalles a la oficina antifraude (OLAF) para que lleve a cabo una investigación exhaustiva, según fuentes comunitarias.

“Estamos siguiendo la situación de cerca”, expresan esas mismas fuentes, que aseguran que tomarán “las medidas necesarias” para “proteger el presupuesto de la UE” en el caso de que hubiera desvío de fondos europeos y recuerda la política de “cero tolerancia con la corrupción”. En última instancia, si se determina que el fraude afectó a fondos europeos, Bruselas puede congelar o bloquear dinero en el futuro por el importe que presuntamente se haya desviado.

Una de las principales líneas de investigación de la Operación Delorme son las adjudicaciones de instituciones públicas a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa, que pasó de no tener prácticamente actividad a llevarse entre 2020 y 2021 doce contratos públicos que rozan los 53 millones de euros por la adquisición de material sanitario para hacer frente a la pandemia. La UE entra en juego en el momento en el que parte de esos contratos se financieron con fondos comunitarios FEDER.

De hecho, más allá del análisis que ha iniciado la Comisión Europea en contacto con las autoridades españolas para determinar en qué medida se ha podido perjudicar al presupuesto de la UE y de la investigación que pueda poner en marcha la OLAF, la Fiscalía Anticorrupción ya envió el caso a la Fiscalía Europea hace unos meses.

La parte que Anticorrupción elevó al ministerio público europeo tiene que ver con adjudicaciones por un importe total de 15,3 millones de euros abonados con fondos europeos por los gobiernos de Ángel Víctor Torres (Canarias) y Francina Armengol (Baleares).