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Las demandas en cascada contra la exhumación de Franco se retiran salvo en el juzgado de Yusti Bastarreche

El Valle de los Caídos.

Los juzgados madrileños se llenaron en las últimas semanas de decenas de demandas de particulares -con argumentos calcados y basados en un informe encargado por la Fundación Francisco Franco- para frenar la exhumación del dictador. La gran mayoría de jueces rechazaron paralizar el proceso y solo uno, el magistrado Yusty Bastarreche, frenó las licencias urbanística para las obras. Ahora, logrado ese objetivo, quienes presentaron esos escritos los han retirado de los juzgados en los que no han fructificado.

Decenas de denuncias coordinadas usan un informe de la Fundación Franco para frenar la exhumación

Decenas de denuncias coordinadas usan un informe de la Fundación Franco para frenar la exhumación

eldiario.es ha tenido acceso a siete de esos documentos, todos con la misma redacción y firmados por el mismo abogado y el mismo procurador: "Siguiendo instrucciones de mi mandante desisto del presente procedimiento contencioso-administrativo". Dos escritos han llegado al juzgado de instrucción número 13, otros dos al 33, dos más al 16 y uno al 31.

Con este movimiento, los demandantes pretenden que el proceso quede en manos del único juez que aceptó frenar la exhumación. La ley que regula la jurisdicción contencioso-administrativa apunta a que las demandas tendrán que resolverse en un único juzgado. Por las normas de reparto, el que tendría que quedarse con los casos es el número 13, porque fue el que se pronunció en primer lugar sobre una de las demandas recibidas. Por eso los demandantes han retirado ese recurso.

A pesar de ello, si las partes implicadas en este proceso se oponen a la decisión de que Bastarreche se quede con los recursos por incumplir las normas de reparto, será la Audiencia provincial de Madrid quien tendrá la última palabra.

Decenas de recursos con argumentos calcados

Esos recursos que ahora se están retirando se presentaron en masa, en ocasiones en los mismos juzgados. Todos eran calcados, como lo es el escrito para desistir. Y todos se basaban en el mismo informe encargado por la Fundación Francisco Franco a unos arquitectos que alerta sobre el supuesto peligro físico que conlleva exhumar al dictador: "El movimiento de la losa de piedra [...] puede desestabilizar el conjunto". Es decir, que sacar a Franco puede provocar derrumbamientos en el Valle de los Caídos.

Varios juzgados han desestimado ese intento de paralizar la licencia urbanística que dio el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial. Entre ellos están el 13 y el 33, del que ahora se han retirado los recursos. Esos jueces consideraron que no había lugar a aceptar los argumentos de todos esos particulares que habían coincidido en basarse en el informe de la Fundación Francisco Franco, entre cuyas firmas estaba la de Enrique Porto Rey, director general de Urbanismo con Esperanza Aguirre.

"La actuación urbanística no implica lesión al fallecido o a sus familiares" o "No ha quedado justificado de qué modo o de qué manera sería irreparable -desde el punto de vista urbanístico- la decisión de ejecutar la retirada de la lápida", fueron algunos de los argumentos de esas resoluciones.

En el caso del titular del juzgado número 30, Marcos Ramos Valles, argumenta que no están acreditadas "las circunstancias de especial urgencia" para imponer la medida cautelar de suspensión de la licencia ya que, según explica, no hay ninguna razón que apunte a la ejecución inmediata del acuerdo del Consejo de Ministros para la exhumación del dictador.

El juez que atacó la memoria histórica

Los demandantes en masa solo encontraron respuesta positiva en un único juez, el titular del juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Madrid, Yusty Bastarreche. El Ministerio de Justicia tenía previsto el "levantado del pavimento de mármol, retirada de la losa de piedra que cubre la sepultura de Francisco Franco y su traslado a otro lugar". El magistrado consideró que "el movimiento de la losa de piedra [...] puede desestabilizar el conjunto".

Bastarreche hizo hincapié en que no había ninguna urgencia en la exhumación "del que fue Jefe del Estado, puesto que lleva enterrado en la Basílica [...] más de 44 años". Además, incluyó en su auto que las dificultades técnicas de la exhumación suponen a la larga una vulneración de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución: "No tiene sentido lógico ni jurídico alguno que una obra [...] pueda atentar contra uno de los pilares del Estado social y democrático del Derecho [...], esto es, poner en peligro la vida humana".

Este juez saltó a los titulares por suspender un acto en favor del derecho a decidir convocado en Madrid. Además, se da la circunstancia de que Bastarreche se ha significado en contra de la Ley de Memoria Histórica aprobada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

"El llamado proyecto de ley de Memoria Histórica ha logrado suscitar una de las más enconadas y agrias polémicas de carácter político en España en la que se creían superados los fantasmas de la Guerra Civil" dijo en un artículo publicado en una revista académica.

El texto decía también que la norma "representa el resquemor, el ansia de venganza y el odio de los vencidos en la guerra civil en estado puro sin mezcla de grandeza frente a los que la ganaron". "El Gobierno, con oscuras intenciones, ha hecho revivir, todos los hechos y situaciones que llevaron a nuestra Patria a aquellos momentos difíciles", añade.

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Publicado el
6 de marzo de 2019 - 22:03 h

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