#SenadoTransparente: la remota esperanza de que la Ley de Transparencia mejore en el Senado
Aún no ha entrado en vigor, pero parece que la Ley de Transparencia aprobada el pasado día 12 en el Congreso contenta a pocos. Entre otras cosas, porque algunas organizaciones a favor del derecho al acceso a la información, como Access Info Europe, llevan desde 2006 reclamando una norma de este tipo pero, hoy, siete años después y a falta de su votación en el Senado, sus demandas “no se han llevado a cabo”, según su coordinadora, Victoria Anderica.
Por eso, Access Info Europe, la Fundación Ciudadana Civio, la Open Knowledge Foundation España y Qué hacen los diputados inician este jueves una campaña con la que pretenden que los ciudadanos hagan llegar a los senadores sus propuestas para que esta ley no nazca con carencias.
Según explica Anderica, el objetivo de esta acción es “hablar con los senadores, que les llegue el mensaje y que la gente obtenga una respuesta”, ya sea por teléfono, por correo electrónico o, “incluso, presencialmente”. Sin embargo, la coordinadora ha querido dejar claro que el objetivo no es “bombardear”: “No hace falta que al mismo senador le llegue el mensaje tres veces. Con que le llegue una es suficiente”. Así, publicarán una lista con los nombres de los representantes en la Cámara Alta en la que se especificará quién ha sido informado.
Aunque hay “varios puntos que son insuficientes”, las enmiendas que reclaman las organizaciones se basan en los tres pilares que consideran fundamentales. En primer lugar, desde Access Info Europa exigen que la ley reconozca el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental para adaptar la norma a los estándares internacionales.
Además, otra de las enmiendas que se proponen defiende que no se excluya información –como ocurre, por ejemplo, con toda la que tenga una regulación específica–, para evitar que la Ley de Transparencia “se quede huérfana” y no sea más que un simple parche para la regeneración democrática.
El tercer pilar de esta campaña responde a lo que Victoria Anderica considera una falta de independencia del organismo de revisión, un órgano encargado de examinar los recursos de acceso a la información, pero que dependerá del Ministerio de Hacienda, lo que le llevará a estar “politizado y sin un mandato claro”.
