Las víctimas políticas de la pandemia

Distintos conflictos relacionados con la lucha contra el coronavirus por parte de las distintas administraciones han provocado en los últimos dos meses una sucesión de ceses y dimisiones, principalmente en el ámbito autonómico, vinculados con la falta de ejemplaridad de algunos cargos públicos, errores de gestión o conflictos internos dentro de los gobiernos de comunidades y ayuntamientos.

Una de esas disputas internas, la que mantienen PP y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid –principal foco de la crisis sanitaria con más de 70.600 contagiados y casi 9.000 fallecidos, según las últimas cifras oficiales–, se cobraba este jueves la caída de la última víctima política de la pandemia. El secretario general técnico de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, Miguel Ángel Jiménez, se convertía en el primer cargo público en ser cesado a raíz de la polémica sobre los dos apartamentos de lujo en los que vive desde hace al menos dos meses la presidenta regional, la popular Isabel Díaz Ayuso.

Los pisos están ubicados en un aparthotel propiedad del dueño de la cadena hotelera Room Mate, Kike Sarasola, un empresario con intereses en la comunidad que recibió créditos millonarios del Gobierno de Mariano Rajoy y que dice cobrar a Ayuso una cantidad simbólica de 80 euros al día por el alojamiento, el párking o la seguridad, entre otros servicios. El precio al público de tan solo uno de esos apartamentos alcanza los 200 euros al día –unos 6.000 euros al mes–, pero Sarasola aseguró haber facilitado a la presidenta madrileña “un paquete” que le permitió beneficiarse de esa considerable rebaja de 120 euros por noche.

El consejero de Políticas Sociales y Familia, Alberto Reyero –de Ciudadanos–, cesó el jueves a Jiménez, secretario general técnico de su departamento, a quien consideró el “máximo responsable” del error que llevó a la publicación de un supuesto contrato de la administración regional con Sarasola. Ese contrato, de 565.000 euros, se publicó en el Portal de Transparencia de la comunidad por un “error humano”, según argumentaron este miércoles fuentes de la Consejería. Ese dinero nunca se llegó a pagar, afirmaron, y la información se retiró en unas horas de la página web.

Los conflictos entre PP y Ciudadanos en Madrid

“Durante el día de ayer [por el miércoles] y después de detectar el error sobre la información que se facilitó en el Portal de la Contratación en relación a la puesta en marcha de hoteles para uso residencial de personas mayores, el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, recabó la versión de todas las personas implicadas y pudo constatar que lo ocurrido responde a un error humano de carácter administrativo”, señaló el comunicado enviado por el departamento de Reyero. “Para depurar responsabilidades, se ha decidido cesar al máximo responsable de gestionar esta información, el Secretario General Técnico, Miguel Ángel Jiménez”, añadió.

El cese se conocía después de que Díaz Ayuso hubiera asegurado ese mismo jueves que iba a abrir una investigación interna al departamento de Políticas Sociales –en manos de Ciudadanos– por la publicación de este contrato a Room Mate por valor de 565.000 euros.

Los conflictos entre PP y Ciudadanos en el Gobierno de la Comunidad de Madrid provocaron en el inicio de la pandemia que la presidenta regional quitara las competencias en la gestión de las residencias de mayores –uno de los principales focos de la epidemia– al citado departamento de Políticas Sociales, en manos del partido que a nivel estatal preside Inés Arrimadas. La decisión de Ayuso estuvo motivada por las dramáticas cifras de fallecidos registradas en esos centros de ancianos: las 475 residencias madrileñas han registrado 5.811 muertos con el virus o con sospecha de tenerlo desde el pasado 8 de marzo.

También en Madrid, el 7 de mayo la directora de Salud Pública, Yolanda Fuentes, presentaba su dimisión en plena gestión de la desescalada por la COVID-19 y sin que el Gobierno regional hubiera presentado todavía su plan – lo entregó finalmente fuera de plazo– al Ministerio de Sanidad, el encargado de decidir si la región pasaba a la fase 1 el lunes 11.

Fuentes se marchó al no estar de acuerdo con la decisión del Ejecutivo autonómico de solicitar al Gobierno central la transición a esa fase 1 que permite un cierto relajamiento en el confinamiento decretado durante el estado de alarma. En su carta de dimisión, la ya exdirectora de Salud Pública afirmó que no estaba de acuerdo con la petición a Sanidad porque no estaba basada en “criterios de salud”.

Las consejeras de Canarias y Aragón

La gestión de la pandemia también provocó el martes la dimisión de la consejera de Sanidad de Aragón, Pilar Ventura, a raíz de unas declaraciones que indignaron a la comunidad sanitaria. El pasado viernes, Ventura dijo en una comparecencia en las Cortes autonómicas que era un “estímulo” para los médicos que se tuvieran que hacer sus propios equipos de protección.

Cuatro días después, en una comparecencia sin preguntas y acompañada por el presidente de Aragón, Javier Lambán, Ventura explicó que había tomado la decisión para evitar convertirse en un “estorbo” para la gestión de la lucha contra la pandemia en la comunidad. Las palabras de Ventura en una comparecencia telemática en las Cortes el pasado viernes habían desatado una ola de protestas en el colectivo sanitario, que habían amenazado con mantener hasta que presentara su dimisión.

“Siento que mis equivocadas palabras hayan ofendido”, apuntó Ventura, que reconoció su error durante la comparecencia parlamentaria. “He trabajado estos meses con absoluta dedicación y empeño y hemos conseguido evitar el colapso sanitario con el esfuerzo de todos los profesionales”, añadió.

El 25 de marzo, cuando apenas habían transcurrido diez días desde la declaración del estado de alarma, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, destituía a la hasta entonces consejera de Sanidad, Teresa Cruz, por su trabajo durante la crisis del coronavirus. Su caída se producía tras una serie de deficiencias de gestión que habían desembocado en el nombramiento de un nuevo coordinador del comité de gestión de la crisis sanitaria distinto a la consejera, que quedó desautorizada.

Las desavenencias entre el presidente Torres y la exconsejera de Sanidad llegaron a su punto álgido tras conocerse las confusas gestiones que realizó esta última en torno a la incorporación de las clínicas privadas de Canarias a la fuerza de choque contra el coronavirus. Cruz había delegado esas negociaciones en dos subordinados, sin hacer un seguimiento de las mismas. Esa desorientación llevó a los principales centros privados de la provincia de Las Palmas a presentar sendos expedientes de regulación temporal de empleo ante las autoridades laborales.

En el cese también influyó la tensión dentro del Gobierno autonómico por el notable incremento de contagios entre el personal sanitario de los hospitales y centros de salud del sistema público canario, hasta un 22%, lo que convirtió a las islas una de las comunidades autónomas donde mayor incidencia ha tenido la COVID-19 entre el personal sanitario.

Cesados por una actitud poco ejemplar

La falta de ejemplaridad de algunos representantes públicos durante la pandemia también se ha cobrado ceses y dimisiones. El 22 de abril, el entonces alcalde de Badalona, Álex Pastor, dimitió del cargo tras ser detenido por los Mossos d'Esquadra mientras conducía por Barcelona saltándose el confinamiento y aparentemente bajo los efectos del alcohol.

Pastor fue arrestado de noche en el Eixample de la capital catalana después de que los Mossos pararan su vehículo en un control porque circulaba haciendo eses. Según la versión policial, el exalcalde se encaró con los agentes, a los que, según testigos, insistió en recordarles que era el alcalde de Badalona. Pese a que presentaba signos evidentes de encontrarse bajo los efectos del alcohol, Pastor se negó a someterse a la prueba de alcoholemia, por lo que fue arrestado y pasó la noche en el calabozo

En su carta de renuncia enviada a su abogado, Pastor sostuvo que la “exigencia” del cargo le había afectado notablemente en los últimos meses. “He visto resentido mi lado más personal y familiar y ésto ha afectado a mi salud, a mi estado emocional y me ha llevado a hacer cosas de les que me arrepiento”, relató el exalcalde en la misiva, por la que también entregó su acta de concejal.

Esta salida facilitó que el PP de Xavier García Albiol recuperara la alcaldía en un pleno que se celebró el pasado martes. Albiol era elegido alcalde de Badalona cinco años después de que una coalición de izquierdas le arrebatara la vara municipal por primera vez. Las izquierdas de la localidad que, en conjunto, suman más concejales que el PP, fueron incapaces de cerrar un acuerdo, por lo que el polémico dirigente popular recuperó el bastón de mando.

Tampoco fue ejemplar la actuación del ya exdirector de Emergencias del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), Jon Sánchez, que el pasado día 5 presentó su dimisión por haberse saltado el confinamiento y haberse desplazado a su segunda residencia en la localidad cántabra de Castro Urdiales, donde fue localizado por una patrulla de la Policía Local.

En un escueto comunicado, el Departamento de Salud del Gobierno vasco dio por “aceptada” la salida de Sánchez, aunque explicó que el ya ex alto cargo “se defenderá por todas las vías legales y administrativas oportunas” de la sanción que se le impondrá por el desplazamiento a Cantabria.