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Empleo recula y deshace los cambios que introdujo sin avisar en los contratos de los investigadores

La ministra de Empleo Fátima Bañez.

Sofía Pérez Mendoza

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social se ve obligado a rectificar tras cambiar sin avisar y con efecto retroactivo los códigos de miles de investigadores contratados predoctorales con fondos de las carteras de Educación y Economía. En un comunicado, ha informado de que todos los contratos vuelven a la situación inicial, es decir, a tener el código 401 (por obra y servicio).

Empleo decidió unilateralmente a finales de 2015 poner el código 420 –adscrito a los contratos en prácticas–a todas las relaciones contractuales nuevas y también a las prórrogas, cuyo contrato inicial estaba firmado bajo otras condiciones. Estos últimos casos han sido la principal fuente de conflicto pues sindicatos y expertos laboralistas sostienen que no encaja en la legalidad introducir estas modificaciones en novaciones sin deshacer el contrato y acordar uno nuevo.

La cartera que dirige Fátima Báñez reconoce en un comunicado que han tomado la decisión después de que lo pidiera la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. La CRUE difundió en la noche del jueves una nota de prensa exigiendo al Ministerio la “supresión temporal” de los cambios. Empleo les había pedido que manifestaran en qué código creían que encajan mejor estos contratos “especiales”, regulados al amparo de la Ley de la Ciencia y para los que no se creó ningún código específico en la Seguridad Social.

El Ministerio ha insistido en todo momento en que esta modificación, de “carácter administrativo”, no llevaba consigo ningún cambio en las condiciones laborales de estos trabajadores y que la hicieron porque las universidades se quejaron de que no podían beneficiarse con estos contratos de bonificaciones. Justifican que rectifican su decisión –que al no ser avisada se conoció muchos meses después de hacerse efectiva– tras exigirlo también los sindicatos (CCOO) y varios partidos políticos.

PSOE y Unidos Podemos instaron a que fueran revocados tras la movilización de los miles de afectados en toda España, desconcertados y sin información sobre lo que estaba pasando. Los primeros se dieron cuenta después de que a varios se les denegara la tarjeta sanitaria europea. El Ministerio de Empleo asegura que este problema no tiene que ver con el contrato en prácticas sino con que sea temporal y ha pidió a las universidades que acreditaran que se extienden por cuatro años para que sea posible que los científicos puedan acceder a ella.

Irregularidades variadas

Los sindicatos llevan semanas estudiando los casos, entre los que han encontrado una gran variedad de situaciones. Algunas de las prórrogas que se firmaron no tenían código, pese a que no se mantenía el que ponía en el contrato inicial. Otras se rubricaron con el 401 y aún así en la vida laboral aparecía el 420.

El cambio de código se introdujo en todos los contratos nuevos y también a las prórrogas aunque la orden decía que solo era aplicable a “las altas”. Pero la modificación no solo se hizo con firma mediante, sino que se aplicó de forma retroactiva desde el inicio de su contrato a todos los predoctorales, en cuya vida laboral no hay ni rastro de que un día rubricaron un contrato con el código 401. Aparece como si desde el día 1 funcionaran con el 420. Esto puso alerta a los sindicatos como Comisiones Obreras sobre que Empleo estuviera incurriendo por varios motivos en fraude de ley.

La modificación ya deshecha, argumentaban algunos expertos, chocaba con la duración máxima establecida por ley para los contratos en prácticas: dos años. Todos los predoctorales duran cuatro (uno año prorrogable tres veces). Sobre la indemnización, Empleo sostiene que nunca tuvieron derecho a ella, aunque en algunos contratos sí aparecía en las cláusulas. En estos casos, los sindicatos ya habían informado a los trabajadores sobre la posibilidad de poner una demanda por la merma en sus condiciones laborales ya que los contratos en prácticas no dan derecho a esta cantidad al extinguirse la relación contractual.

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