España se enfrenta a una batería de multas por no implantar leyes europeas de protección del medio ambiente
La pereza con la que España ha asumido diversas leyes europeas de protección del medio ambiente mantiene abierta una batería de expedientes sancionadores todavía en curso y en diferentes fases del proceso de infracción. Solo en el último mes, la Comisión Europea (CE) ha llamado la atención sobre el tratamiento de residuos, la seguridad nuclear o la caza masiva de pájaros. Este jueves, Bruselas ha enviado ante el Tribunal de Justicia la falta de planes de gestión de desechos en cuatro comunidades autónomas.
La maquinaria europea no es precisamente acelerada, lo que da una idea de la falta de prioridad política que ha lastrado la aplicación de algunas de estas regulaciones. En este caso más reciente, la Comisión recuerda que “España tenía que establecer planes de gestión de residuos que cubrieran todo su territorio para diciembre de 2010 y revisarlos cada seis años”. Todavía faltan cuatro comunidades autónomas: Aragón, Madrid, Baleares y Canarias, según el Ejecutivo comunitario que subraya que ha requerido “repetidamente que se completaran estas obligaciones”.
Hace solo tres semanas, Bruselas remitía al Gobierno otras tres advertencias antes de enviar los casos a los jueces. Hacían referencia a la evaluación ambiental, el silvestrismo y el cuidado de las aguas.
Respecto al primer dictamen, España debe incorporar a su legislación las últimas modificaciones sobre la norma que regula los informes previos a la aprobación de proyectos de infraestructuras “que conlleven impactos ambientales significativos” como la construcción de una carretera, la ampliación de un puerto o la apertura de una mina. La directiva europea no ha sido transpuesta completamente a juicio de la CE, que dio dos meses para terminar el proceso legislativo.
Ese es el mismo plazo que se le concedió a España para solventar el problema del silvestrismo, la caza masiva de pájaros con redes por sus cualidades cantoras –como el jilguero, el verdecillo o el pinzón–. De igual manera, la Comisión conminó por escrito a España para que acabe de implementar las medidas de control y seguridad sobre las aguas que estén destinadas al consumo humano. El objetivo de esa ley europea es garantizar que “sea saludable y libre de contaminantes”. Todas estas advertencias fueron cursadas a mediados de mayo pasado.
Completa este último paquete de tirones de oreja la revisión de las normas de seguridad nuclear. Si el mes pasado la CE urgía a España a adoptar un programa de gestión de residuos –el actual plan español data de 2006 y está caducado–, este jueves ya ha enviado la primera advertencia escrita de un expediente sancionador para que se terminen de implementar los nuevos estándares de seguridad “para prevenir accidentes”. El plazo expiró en agosto de 2017.
A la cabeza en infracciones
España es el estado de la Unión Europea líder en procesos de infracción por motivos medioambientales. En ese listado se incluyen tanto la vulneración de las leyes existentes como los casos de vertederos ilegales o pozos de riego pirata que han abusado del acuífero de Doñana, como los retrasos a la hora de incorporar la legislación europea a la normativa nacional. Unas dilaciones que han lastrado la defensa ambiental en España.
De hecho, casi uno de los últimos decretos que firmó la ya exministra de Medio Ambiente del PP, Isabel García Tejerina, fue el de reducción de uso de bolsas de plástico que llegaba, también, con retraso. Otro ejemplo fue la tardanza en aplicar el reglamento contra la venta de madera ilegal. Una norma que entró en vigor a nivel europeo en marzo de 2013 y que no vio la luz en España hasta diciembre de 2015 (con apertura de proceso sancionador de por medio).
