¿España necesita una ley de salud mental? Siete claves de los profesionales ahora que el tema ha vuelto al Congreso

Imagen de uno de los proyectos de Apropa Cultura para una cultura "libre de estigma"

Elena Cabrera


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Unidas Podemos vuelve a intentar construir una ley de salud mental, después de que en 2019, sobre la campana de la anterior legislatura, fracasara en el Parlamento por falta de apoyos. En esta ocasión, el grupo parlamentario ha preferido abrir la puerta a las aportaciones del sector y de otras formaciones políticas antes de dar el paso para registrarla en el Congreso. Esencialmente es la misma ley de hace dos años pero incorpora a la propuesta los nuevos retos que se han evidenciado con la pandemia.

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En marzo, el diputado de Más País Íñigo Errejón llevó al hemiciclo, y de ahí a la conversación pública, las carencias del sistema de salud mental: la falta de profesionales y el estigma social. Dos flaquezas que necesitan ser corregidas con políticas públicas que hasta ahora se articulan con una Estrategia de Salud Mental que lleva diez años caducada. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le contestó al diputado que el Ministerio de Sanidad está trabajando en un nuevo plan estratégico, el cual vendrá acompañado de 2,5 millones de euros en los Presupuestos Generales para darlo a conocer y luchar, precisamente, contra esa estigmatización. Está por ver cuál es la reacción del PSOE ante la propuesta de su socio de Gobierno y si considera que es una legislación necesaria a pesar de la Estrategia. Por otro lado, muchas de las organizaciones profesionales y de pacientes aún no lo han recibido y otras, como la Sociedad Española de Psiquiatría y la Confederación Salud Mental, prefieren no valorarla hasta haberla estudiado en profundidad.

La primera pregunta es si España necesita una ley de salud mental. En el momento de presentarse la propuesta de 2019, la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN) recomendó evitar la generación de legislaciones específicas, “en línea con las recomendaciones del Comité de Personas con Discapacidad y la Relatora Especial” de la ONU ya que, “en cierta manera, la mejor Ley de Salud Mental sería la Ley de Presupuestos”. Consultados sobre este nuevo proyecto, están más abiertos debido al carácter “amplio” de la ley y el proceso consultivo que ha abierto Unidas Podemos antes de registrarla, lo que da “margen de trabajo”, según su presidente, Mikel Munárriz. “Vamos a hablar de la ley de salud mental pero vamos a ir haciendo cosas mientras”, añade, pues hay otras leyes y una transversalidad en las que se pueden avanzar. La AEN tiene una serie de propuestas que en su mayoría encajan con el espíritu del proyecto: abordar la salud mental en el marco de “una sociedad más cohesionada”, reforzando la parte comunitaria: formado equipos multidisciplinares y vinculados al territorio y permitiendo la participación de la ciudadanía en el diseño de estos. La propuesta de ley recoge la participación activa de las personas afectadas por problemas de salud mental en la organización de los servicios. Para Munárriz es importante también y lo que propone es que “personas que han vivido con problemas de salud mental se incorporen como agentes de apoyo mutuo, facilitadores y gestores de grupos de autoayuda”, para poder enriquecer y apoyar “a partir de su experiencia”.

Coerciones e internamiento involuntario

La AEN recalca que es preciso ahondar en un enfoque de derechos humanos, señalando específicamente la erradicación de la coerción. Precisamente la ONU está solicitando este punto al Consejo de Europa para que retire del Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo ya que este permite a los 47 Estados miembro aplicar medidas coercitivas, incluido el tratamiento forzoso y el internamiento involuntario en instituciones psiquiátricas. La anterior Estrategia 2009-2013 no se opone a las medidas coercitivas y de contención sino que intenta armonizar un código de buenas prácticas. La Confederación Salud Mental, plataforma que agrupa a más de 300 asociaciones y 47.000 socios, también lleva años solicitando al Comité de Bioética que se oponga al protocolo de ingresos involuntarios ya que entra en contradicción con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En 2016, el Comité de Bioética de España admitía que el uso de contenciones en España es más frecuente que en los países de nuestro entorno y, sin prohibirlas, recomendaba que se usaran solo de manera imprescindible. El Comité de Bioética europeo está discutiendo, pero todavía no ha aprobado, un documento final con su recomendación.

En la ley que propone UP la redacción no es clara. Las sujeciones mecánicas o las coerciones farmacológicas o de otro tipo no se prohíben tajantemente pero se pide a los centros que implementen “los cambios pertinentes en el funcionamiento” para “posibilitar la regulación” y “tender a la eliminación de la contención mecánica” y sí que las descarta para el internamiento voluntario. Respecto al internamiento involuntario, sí se opone, “salvo los supuestos restringidos y tasados en que lo determine una ley orgánica y siempre previa autorización judicial”.

Lo que sí propone la ley es un registro en el que consten todas las contenciones mecánicas realizadas, algo que llevan tiempo pidiendo las organizaciones profesionales. Munárriz admite que “la fraseología es confusa pero no debemos entrar a valorarlo ahora porque son artículos que deben mejorarse más” ya que uno de los problemas de este borrador de ley es que “no entra en los detalles”. En cualquier caso, la AEN y la Confederación de Salud Mental, así como otras organizaciones, están totalmente en contra de las contenciones y los ingresos involuntarios. “Pase lo que pase con esta ley, lo importante es que España no ratifique el Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo”, señala Munárriz ya que, hasta ahora, “el Estado español no ha dicho que esté en contra de este protocolo” que es el que permite los internamientos involuntarios, “hasta que no llegue la votación de ministros no estaremos seguros de cuál es la postura de España”.

Incremento de ratios

Hay consenso en la sociedad sobre que el principal problema de la salud mental es el acceso a ella, lo cual se traduce en largos tiempos de espera, debido a la escasez de profesionales. Esto provoca una fuerte desigualdad entre quienes pueden pagarse la atención privada y los que pasan meses conviviendo con sus trastornos esperando una cita. Este proyecto de ley propone aumentar las ratios, en un plazo de cuatro años, con un mínimo de 18 psiquiatras por 100.000 habitantes (actualmente hay 10), 18 psicólogos y psicólogas (actualmente hay 6) y 23 enfermeros y enfermeras especialistas (actualmente hay 7,5). Esta propuesta equivaldría a la media europea pero, al menos en el caso de la enfermería, a la Asociación Nacional de Enfermeras de Salud Mental (AEESME), le parece “escasa e insuficiente”, indica su secretario, Carlos Aguilera, ya que la referencia europea es de 2014 y “transcurridos estos siete años, a los que hay que sumar los retos de la pandemia, la cifra se queda al límite”, por lo que proponen que sean al menos 30 enfermeros por cada 100.000 habitantes. Por otro lado, la AEESME está a favor de “hacer énfasis en la dimensión positiva” de la salud mental, “dentro de un contexto de bienestar y habilidad para adaptarse” de la población. En ese marco, la consideración de los cuidados enfermeros especializados en salud mental es “esencial”, aunque le pide a la ley que facilite la coordinación entre el sistema de Atención Primaria y el especializado, con el objetivo de “frenar la medicalización y la psicologización de la vida cotidiana”, para lo cual ayudaría el refuerzo de la enfermería.

La Asociación Española de Neuropsiquiatría, potenciando su visión multidisciplinar, apunta que la salud mental “no es solo una cosa de médicos y psicólogos sino que hace falta de todo”, por lo que habría que fijar ratios para otras profesiones o al menos considerar su valor y su aportación al sistema.

Esperas interminables

Esta ley no fijaría unas garantías de tiempo de atención, para establecer un máximo de acceso a las prestaciones y los servicios de salud mental, sino que insta al Consejo Interterritorial de Salud a que lo haga, para acordarlos conjuntamente con las comunidades autónomas y fijarlos en un real decreto.

Riesgo laboral

El proyecto propone modificar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 para incorporar la protección de la salud mental en el deber de prevención del empresario. Lo hace ante la “evidencia empírica de que las situaciones de desempleo y precariedad laboral son factores que incrementan el riesgo de padecer problemas de salud mental”. Una de esas novedades respecto a la anterior propuesta, relativo a cómo la sociedad ha reaccionado ante la pandemia, llega a partir de la experiencia del trabajo a distancia. La modificación a la ley de Riesgos Laborales que se propone señala específicamente que el empresario debe garantizar la protección de la salud mental de las personas trabajadoras y en concreto, entre otros factores, “la efectividad del derecho a la desconexión digital”.

Prevención del suicidio

La ley propone tres acciones relativas a la prevención del suicidio: formación (no solo para profesionales sanitarios sino trambién para bomberos, policías, docentes y periodistas), la creación de un protocolo consensuado con el Consejo Interterritorial de Salud y un registro de datos a nivel estatal para estudiar con mayor detalle la epidemiología del suicidio. Las organizaciones coinciden en que es un tema al que se debe poner atención y destinar recursos, en especial en la población adolescente. El suicidio es la segunda o tercera causa de muerte entre los menores de 21 años y la tercera en la adolescencia, una situación que “probablemente va a empeorar”, según Azucena Díez, la presidenta de la Sociedad de Psiquiatría Infantil.

Flaqueza en la investigación

El Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (Cibersam) dependiente del Instituto de Salud Carlos III forma parte del consejo asesor de la Estrategia de Salud Mental. Su director científico, Eduard Vieta, ha leído el borrador y ha quedado impresionado por “su pobreza”. “La parte de investigación es patética”, afirma, sobre los dos artículos que componen el capítulo dedicado a la investigación, así como un apunte en el capítulo dedicado a las personas afectadas por la crisis de la COVID-19. “La ley habla mucho de derechos humanos, lo cual es obvio, pero habla cero de ciencia. Nunca se habla de enfermedad mental sino de problemas mentales”, añade, recalcando también que solo hay una cita a un estudio científico y que ni siquiera está centrado en España.

“La parte de la investigación habla de regulación de derechos e ignora todas las oportunidades que podría haber ahí”, dice Vieta. El primer artículo del capítulo dedicado a la investigación y la promoción de la salud mental alude a que hay que actualizar y hacer públicos anualmente “los datos epidemiológicos” pero el director de Cibersam precisa que “meter datos del sistema de salud es gestión, no epidemiología”.

“Estoy cien por cien de acuerdo con lo que dice la ley pero es que son cosas que doy por supuesto”, incide. “Sería una oportunidad para que la innovación participe con aquellos que se dedican a tratar, y eso es algo que sí podría estar aquí. Además, me parece llamativo que no se hable de investigación en biociencia, ni fórmulas concretas para una coordinación con las autonomías que solucione los problemas existentes”, añade. Una de sus propuestas sería la de garantizar la defensa del paciente para que tenga derecho a los tratamientos más eficaces, “a pesar de que sean caros, como ocurre en oncología”.

Camino por delante

“No sé si es que acaso son cuestiones para una ley de ciencia en lugar de una ley de salud mental pero este es un papel que ya nace mal. Es un error pasar un borrador que tiene muchos problemas, hay que traer un documento más trabajado. ¿Cómo vas a construir un buen edificio si pones unos cimientos con aluminosis?”, se pregunta Eduard Vieta.

En lo que concierne a la formación, el borrador de ley recoge que la formación de los profesionales debe tener un enfoque de derechos humanos, pero la Asociación Española de Neuropsiquiatría propondrá algo más específico: que la formación esté totalmente desligada de la industria farmacéutica.

“Esta ola no la debemos dejar pasar”, concluye Mikel Munárriz. “Parece que va a haber un impulso de los servicios públicos, de los cuidados de las personas, de la atención a las situaciones de debilidad que ha evidenciado la pandemia, por lo que hay que estar ahí con la salud mental para que no se quede atrás”.

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