Frente común de Igualdad y las comunidades tras el flirteo del PP con el negacionismo de la violencia machista

El Ministerio de Igualdad y las comunidades han alcanzado este jueves un pacto para hacer permanente el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y blindar las políticas autonómicas vinculadas al mismo. El acuerdo ha sido adoptado por unanimidad. Con el apoyo también de la autonomías gobernadas por el Partido Popular. Y se produce tras la cascada de mensajes ambiguos, críticas a las políticas de igualdad y confusión interesada entre la violencia machista e intrafamiliar de los populares en las últimas semanas y coincidiendo con el pacto de gobierno en Castilla y León con la extrema derecha de Vox, que enarbola este discurso.

La semana pasada, la portavoz parlamentaria y próxima secretaria general del PP, Cuca Gamarra, reclamó eliminar el Ministerio de Igualdad, aunque “eso no significa pedir que desaparezcan las políticas de igualdad”, apostilló. Solo unos días antes, el próximo presidente del PP, Alberto Núñez-Feijóo, negó el componente machista de la violencia vicaria, y el consejero andaluz de Salud defendió usar “violencia intrafamiliar” en vez de “violencia de género”. Ambos se autoenmendaron después.

“Hemos presenciado las últimas semanas declaraciones muy preocupantes por parte de distintos representantes institucionales”, ha afirmado Ángela Rodríguez, secretaria de Estado de Igualdad. “Todas las representantes de las instituciones que representamos la Conferencia Sectorial, coincidíamos que era necesario mostrar a la ciudadanía que aquí hay un acuerdo y trasladarle a las mujeres un mensaje importante: el Pacto de Estado contra la Violencia de Género va a ser permanente y todos los gobiernos de las comunidades y el Gobierno vamos a trabajar para que así sea”, ha añadido.

Rodríguez ha destacado que la conferencia sectorial extraordinaria que ha acogido el Senado este jueves ha sido “una isla en un mar de críticas a las políticas de igualdad” y ha trasladado que la sintonía “ha sido máxima” entre las consejeras con competencias en igualdad “independientemente del color político de cada una”.

A escasas horas de que Feijóo sea proclamado nuevo líder del PP, la secretaria de Estado le ha interpelado a que “tome las decisiones oportunas para seguir protegiendo a las víctimas” y “deje de tontear con la posibilidad de hacerle el juego a las fuerzas antidemocráticas”. Además, ha reconocido a las “mujeres valientes del PP” que “están luchando por estas políticas ”mientras escuchan a sus consejeros decir que la violencia machista no existe“.

Garantizar financiación suficiente

El acuerdo unánime que ha salido de la reunión implica la creación de un grupo de trabajo para articular la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia Machista en cumplimiento del dictamen acordado por todos los partidos, a excepción de Vox, el pasado 25N. El compromiso es que en junio, el grupo tenga sobre la mesa las conclusiones y una propuesta de acuerdo.

Los compromisos a los que ha llegado Igualdad con las comunidades pasan por poner en marcha mecanismos que garanticen la estabilidad presupuestaria y “un sistema de financiación estable y suficiente” que permita que las políticas y proyectos de igualdad se mantengan en el tiempo. También se prevé mejorar el sistema de cogobernanza para responder con agilidad ante situaciones de crisis, como la pandemia o la invasión de Ucrania, o poner en marcha políticas para mejorar la detección precoz de las violencias machistas.

La propuesta que haga el grupo de trabajo deberá también poner el foco en las nuevas manifestaciones de la violencia, por ejemplo la violencia digital o económica, y prestar especial atención a las víctimas que “no siempre han estado en el centro de las políticas públicas”, entre ellas, las mujeres racializadas, en situación de calle, mayores o del ámbito rural.

El Ministerio de Igualdad también ha trasladado a las comunidades autónomas las medidas incorporadas en el plan de choque aprobado este martes por el Consejo de Ministros ante la situación derivada de la guerra en Ucrania, entre las que destaca la acreditación para las víctimas de trata que procedan del país. “Hasta ahora dependía de la colaboración con la Policía, lo que hacía muy complicado que accedieran a los recursos y derechos que tienen como víctimas”, ha explicado Rodríguez sobre el cambio de paradigma que supone esta política.