“Que un comentario en Twitter sea reprobable no lo convierte en criminal”

Jan Malinowski es el jefe de la Sociedad de la Información del Consejo de Europa, un experto en Internet y libertad de prensa así como en derechos humanos y asuntos jurídicos online. Malinowski se muestra contrario a los planes del Gobierno de endurecer la ley para perseguir los comentarios que celebraron la muerte de Isabel Carrasco en las redes sociales. Recuerda que no se debe legislar por situaciones puntuales.

También reprende indirectamente al Gobierno por haber reforzado la ley de conservación de datos: “Los estados tienen que alinearse con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que consideró excesivos los tiempos que debía conservarse cierta información. También contesta, tras una jornada celebrada en el Senado con motivo del Día de Internet, sobre la propiedad intelectual y el Canon AEDE, el intento de los editores de cobrar por los enlaces.

En España ha surgido la polémica sobre los comentarios hacia la presidenta de la Diputación de León tras su asesinato. Interior ha dicho que pretende endurecer la ley para castigar este tipo de expresiones en las redes sociales. ¿Qué le parece?

Las leyes hay que hacerlas de forma ecuánime para que duren, y no de manera reactiva. Hay que educar a la gente y si hay actividad criminal hay que combatirla. Las leyes existen y hay que aplicarlas. Ahora bien, un comentario, que podría ser vejatorio o podría parecer que llama a una conducta criminal, a lo mejor no es criminal en sí mismo. La cuestión ahí es: ¿acaso es suficiente para provocar la acción criminal? A veces es un comentario estúpido de una persona en un momento dado y que no tiene más trascendencia.

Ha habido ya casos en Europa. En Inglaterra hubo un caso hace un par de años de alquien que hizo un comentario en Twitter diciendo que si su vuelo para EEUU no podía salir como consecuencias de problemas que había en el aeropuerto, volaría el aeropuerto. Meses después, la policía lo detuvo y fue procesado. Los tribunales al final lo declararon inocente y las autoridades fiscales analizaron la cuestión para determinar en qué casos habría que judicializarlo y en cuáles no.

No se puede simplemente porque alguien dice algo en Internet considerar que eso es un acto criminal. Hay que considerarlo en las circunstancias de si tiene la capacidad de provocar la violencia que se pretende evitar. Si es que sí, puede tener consecuencias criminales; si es que no, probablemente no es un acto criminal, aunque sea un acto reprobable socialmente.

¿Imagina un país europeo limitando el uso de las redes sociales, como sucedió en Turquía o en China con Google?

El artículo 10 del Convenio de Derechos Humanos dice que existe la libertad de expresión, de acceso a la información y de elección del usuario. Los estados no pueden limitarlo salvo en casos muy específicos. Hay estados que pueden reaccionar excesivamente ante una situación. El Tribunal Europeo está ahí para aclarar cuáles son las posibilidades de interferencia en los derechos. Personalmente, pienso que ha habido algunos excesos. Por ejemplo, en Turquía, el Tribunal Constitucional lo corrigió. Si no hubiera sido así, hubiera sido posible acudir a Estrasburgo.

¿Les dan miedo a los políticos las redes sociales?

Deberían ver una oportunidad, hay mucho que ganar. Si tienen miedo quiere decir que no están avanzando, que no se están adaptando a la sociedad. En ese caso, tal vez no deberían ser los que están legislando y gobernando el mundo moderno.

¿Qué le parece la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre la obligación de Google de borrar datos personales que no tengan interés público? sentencia del Tribunal de Justicia de la UE

La sentencia deja claro que el derecho a la vida privada y a la protección de datos existe en Internet y para los motores de búsqueda. También interpreta la directiva europea. Lo que no hace es decir cuál es el resultado para el caso concreto. Le da una interpretación prejudicial a la Audiencia Nacional, que es la que tiene que decidir. Ahora hay que individualizar esa sentencia para los casos concretos. En el Consejo de Europa ya habíamos dicho estas cosas de forma matizada: en la recomendación sobre derechos humanos y motores de búsqueda señala que hay información en el dominio público que no es información para consumo de masas.

El hecho de que la información esté en el dominio público no quiere decir que haya que diseminarla de manera inopinada. Lo que los motores de búsqueda deben hacer es considerar cómo deben tratar sus algoritmos, según el tipo de información, no para hacer invisible la información, pero sí para que sea menos fácil de encontrar. Si es información que está en el dominio público y alguien tiene realmente la voluntad de encontrarla, tendrá que poder encontrarla, pero no que simplemente por poner el nombre de una persona deba aparecer algo que pasó hace diez o quince años.

¿Se está permitiendo que cada usuario se cree una 'identidad digital' eliminando los aspectos negativos? ¿Hay una tendencia a proteger otros derechos sobre el derecho a la información?

Cuando una persona sale a la calle por la mañana, lo primero que hace es mirarse al espejo y decir: “Esta es la imagen que quiero dar al público”. No da la imagen privada de su casa. Da la imagen que quiere dar y eso es justo. Internet, en cierto modo, lo impide y a la gente hay que permitirle que construya su imagen digital, que es la imagen que quieren dar al público. Eso no quiere decir que haya que censurar Internet: hay cosas que son de interés público y que deben dejarse ahí porque pertenecen al dominio público.

Ha habido una oleada de peticiones a Google de retirada de información, incluidos políticos que no quieren que salgan sus trapos sucios. No se trata de eso. La información sobre los políticos es de interés público y tiene que ser publicable y accesible para los usuarios y la prensa. Hay que encontrar el equilibrio para los distintos derechos que están en liza y decidir caso por caso. No se puede decir: “Esta es la receta y toda esta información desaparece de Internet y toda esta información puede ser encontrada”.

El Gobierno español ha endurecido, contra el criterio del Tribunal de Justicia de la UE, la ley de conservación de datos, ¿qué le parece? ¿Considera que los derechos de protección de datos de los españoles se ven vulnerados?

La cuestión de conservación de datos es muy delicada. El principio de derecho a la vida privada tradicionalmente exigía que un juez se pronunciase para interferir en ese dominio privado, y eso quería decir que la interceptación de comunicaciones o correo debía ser siempre con autorización judicial. En aquella época había registros y datos que se conservaban para facturación y los jueces podían levantar el velo de la privacidad y exigir esa documentación.

En Internet eso no se necesita. Los datos y los metadatos no se necesitan para la facturación y a veces se pueden conservar, pero el conservar todo porque sí durante un periodo parece injustificado y lo era a pesar de lo que decía la directiva. El tribunal la invalidó. Los estados tienen que alinearse con esa sentencia y tienen que tener en cuenta que más allá de la directiva tienen el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la posibilidad de los usuarios de dirigirse al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si consideran que su derecho a la vida privada o a la confidencialidad de las comunicaciones han sido vulnerados.

¿Son conscientes los usuarios de que tienen los mismos derechos en Internet que en otros ámbitos de la vida?

Habría que preguntárselo a los usuarios, pero nosotros queremos que sean conscientes de sus derechos. Hace poco el Comité de Ministros del Consejo de Europa aprobó la Guía de derechos humanos de usuarios de Internet, que traduce en términos muy simples los derechos humanos que conocemos tradicionalmente al contexto de Internet.

El objetivo no es producir un trozo de papel con palabras bonitas, sino que se convierta en algo conocido y utilizable. Que los usuarios puedan ser conscientes y reaccionar cuando contratan un servicio o tienen un problema con un proveedor. Los recursos cuando hay problemas tienen que estar ajustados a la realidad del caso: no se le puede decir a un usuario “tienes un problema con una plataforma informática cuya sede está en California, tienes que ir a los tribunales de California”. Tiene que ser posible resolver los problemas de forma eficaz e inmediata.

¿Qué problemas hay con la propiedad intelectual?

Las leyes de propiedad intelectual fueron escritas para una realidad distinta en el pasado para unos modelos de negocio que intentaron blindar esa situación. En el caso de Internet, es un espacio nuevo y los que han estado explotando la propiedad intelectual quieren asegurarse de que ellos van a controlar ese espacio de negocio. A lo mejor hay que cambiar las leyes y revisarlas de acuerdo a los derechos humanos, el derecho a la creación y el hecho de que nadie inventa nada, sino que todos basamos nuestra innovación en algo que otros han hecho antes.

Aquí se pretende establecer un canon para las que las webs que enlacen, junto un extracto de un contenido ajeno, tengan que pagar al editor. ¿No es un poco arcaico?

Eso es una forma de remunerar a los creadores e innovadores. Hay que explorar todos los modelos. No sabemos cuál va a ser la respuesta que va a durar en el tiempo. Los cánones para repartir ciertos ingresos entre los propietarios de contenidos son una posibilidad. Me parece más problemático recurrir a las sanciones o a la desconexión de usuarios en Internet. Eso habría que analizarlo en términos legales.

Pero que Google News tenga que pagar a los medios por meter un enlace.

Eso es otra cosa: el impuesto Google. No estoy de acuerdo con eso. Me parece que el hecho de Google esté haciendo un gran negocio en base a la forma en que transmite información y a añadir publicidad a la información que facilita no se puede comparar con decir que está utilizando la información en su provecho.

Los medios tradicionales de comunicación de masas fueron muy lentos en adaptarse a la realidad de Internet. Están pagando el pato. Hay algunos que se están adaptando y explorando nuevas formas. Lo que es importante no es el modelo de negocio de los medios, lo que es importante es el periodismo, lo que los medios dan a la sociedad y de lo que la sociedad no puede privarse. El futuro dirá cómo va a darse eso, si van a ser los medios tradicionales adaptados o no, no lo sé. No es cuestión de los políticos, de los gobiernos y de los legisladores proteger modelos de negocio. Su función es determinar el interés público y común y aavanzar en ese camino.