Acabar con las manadas. Una deuda política
'Manadas' aquí y allá protagonizan titulares de prensa provocando diversas opiniones sobre si los delitos sexuales están experimentando un auge en nuestro país o bien si lo que ha aumentado es el porcentaje de agresiones denunciadas sobre el total. Lo cierto es que tanto el balance de criminalidad del Ministerio de Interior como la Memoria de la Fiscalía relativos al 2017 constatan un aumento de delitos sexuales investigados. Por su parte, el estudio de Geoviolencia sexual denuncia que las agresiones sexuales en grupo se dispararon a lo largo del pasado año, alcanzando la cifra de 58 casos conocidos frente a los 15 del año anterior.
La ausencia de estadísticas oficiales y la falta de denuncia de muchas víctimas hacen que las violencias sexuales pervivan como una realidad silenciada, olvidadas por las instituciones en la lucha contra la violencia de género. A pesar de que la violencia sexual constituye una clara manifestación de la discriminación a la mujer, sustentada por los roles sexuales de dominación y sumisión, la violencia sexual ha sido olvidada tanto por la Ley Integral contra la Violencia de Género como por el Pacto de Estado relativo a la misma.
La ausencia de protocolos de actuación por parte de las administraciones públicas o la pervivencia de prejuicios machistas que las víctimas deben enfrentar a lo largo de un doloroso proceso judicial son factores que convierten el procedimiento en un calvario y desincentivan la denuncia. Ante esta realidad, la necesidad de políticas públicas de prevención de este tipo de delitos y atención a las víctimas resulta ineludible, como pone de manifiesto el informe de Amnistía Internacional publicado sobre la violencia sexual el pasado noviembre. “Invisibilizadas, cuestionadas, desprotegidas y juzgadas” son los calificativos con lo que la organización describe la situación de millones de mujeres víctimas de agresiones sexuales en nuestro país.
En este contexto se hace extremadamente necesario ofrecer atención a las víctimas sin necesidad de denuncia previa, pero a la par se deben implementar mecanismos que fomenten el acceso a la justicia, pues lo contrario provoca la falta de condena del agresor. Esta percepción de impunidad, unida a las profundas creencias culturales que para muchos varones legitiman las agresiones sexuales sustentadas sobre el rol pasivo asignado a lo femenino, permite que este tipo de violencia se perpetúe e incluso aumente. Es decir, la ausencia de políticas públicas incentiva la pervivencia de la cultura de la violación.
El caso 'la manada', convertido en el juicio por violación más mediático de la década, llevó a las mujeres de nuestro país a tomar las calles exigiendo respuesta ante las sentencias injustas y los juicios a las víctimas. La propuesta de Unidos Podemos que se debatida en el Congreso esta semana fue concebida como medio para escuchar esas demandas y convertirlas en ley, haciendo frente a un problema que supone una de las más terribles manifestaciones de la discriminación de la mujer en la sociedad. La propuesta aborda medidas de detección, prevención y sensibilización, formación de profesionales y coordinación de las administraciones públicas para ofrecer una mejor atención a las víctimas. Supone, además, una revisión del procedimiento judicial, ampliando las medidas de protección del Estatuto de la víctima para paliar el proceso de victimización secundaria, evitando que la denunciante tenga que prestar declaración en innumerables ocasiones o confrontar visualmente a sus agresores.
La proposición de ley debatida incluye también la reforma del Código Penal de acuerdo a las recomendaciones y estándares internacionales del Convenio de Estambul o el Comité de la CEDAW. Por ello, la propuesta elimina la actual distinción entre abuso y agresión sexual, estableciendo un único delito contra la libertad sexual donde el consentimiento libremente otorgado se convierte en el elemento clave del delito y cuya pena se modula en función de la gravedad del hecho y las circunstancias del mismo.
La propuesta regula también un delito específico para las agresiones en grupo y otro para al acoso sexual callejero, es decir, las situaciones en las que una mujer es perseguida por la vía pública con actitudes que la hagan sentir en peligro. No se trata de una respuesta basada en elevar las penas, sino de adaptar el Código Penal a las situaciones existentes y eliminar de su redacción los resquicios de una tradición histórica misógina que aún perviven, cuya más notable manifestación es el continuo juicio al que se somete a las víctimas. La resistencia frente a una agresión resulta ser el núcleo valorativo en diversas resoluciones judiciales. Como ejemplo, una sentencia de la Audiencia de Lleida este mismo mes imponía una condena mínima en un caso de agresión múltiple porque la víctima, con un 69% de discapacidad, “no se resistió con la suficiente contundencia” frente a sus tres agresores. La exigencia de resistencia a las víctimas, injusta en cualquier caso, resulta sumamente hiriente cuando se requiere a mujeres en situación de grave vulnerabilidad o niñas de corta edad y debe ser desterrada de la valoración del delito, puesto que la conducta juzgada es la del agresor.
La propuesta ha sido tomada en consideración, a pesar de la abstención del PP y Ciudadanos. No obstante, la disolución de las Cortes ante la convocatoria de elecciones anticipadas imposibilita que esta ley alcance su tramitación. Sin embargo, el debate ya ha alcanzado las instituciones y ha obligado a los partidos políticos a posicionarse. La abstención del PP y Ciudadano ante una propuesta que refuerza nuestra libertad sexual como mujeres resulta imperdonable. Aquellos que dicen estar siempre del lado de las víctimas hacen oídos sordos ante la terrible realidad de las millones de mujeres que han sufrido una agresión sexual. La próxima legislatura deberá completar este trabajo, avanzando en las conquistas en materia de igualdad. La cita electoral se aproxima y es nuestro momento, como mujeres, de exigir compromisos y posicionamientos frente a un tipo de violencia que todas, en mayor o menor medida, sufrimos por el mero hecho de nacer mujer. En las próximas elecciones tenemos mucho en juego: la igualdad de género se ha puesto en el centro del debate, cuestionada por partidos de ideología reaccionaria que pretenden devolvernos a épocas anteriores y aquellos que luchan por avanzar en las conquistas. Combatir la violencia sexual es una asignatura pendiente, un objetivo de la actual agenda feminista que vamos a lograr, porque la lucha feminista es imparable.
Nuestro país necesita una ley integral que aborde los delitos sexuales, una ley que no se limite a pequeñas modificaciones de la duración de las penas, sino que afronte este tipo de violencia de una manera multidisciplinar, entendiendo la violencia sexual como un problema estructural y persiga su erradicación. Esto supone poner especial énfasis en la prevención y la educación en igualdad para conseguir una sociedad segura para las mujeres. Debemos educar a nuestros jóvenes para que aprendan a disfrutar de su sexualidad entre iguales que se respetan, abandonando roles de sujeto activo y pasivo para construir una sociedad en la que los hombres no se vean a sí mismos como lobos integrantes de manadas que salen por las noches “a cazar hembras”.
