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Huida hacia delante inexplicable

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Casado muestra toda la documentación de su máster

Que Pablo Casado decidiera presentar su candidatura a la presidencia del PP en el pasado Congreso Extraordinario de dicho partido, teniendo conocimiento de que la jueza Carmen Rodríguez-Medel se había  dirigido al Congreso de los Diputados a fin de que certificara su condición de parlamentario, en el marco de la investigación sobre el alcance de las irregularidades detectadas en el Máster oficial “Derecho autonómico y local” impartido por la Universidad Rey Juan Carlos, se entiende sin ninguna dificultad. A nadie se le oculta que no es lo mismo dirigir una exposición razonada al Tribunal Supremo sobre la conducta de un diputado que hacerlo sobre la conducta de un diputado que es el presidente del PP y candidato por tanto a la Presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales. Y tampoco es lo mismo para el Tribunal Supremo atender dicha exposición razonada e iniciar una investigación contra el Pablo Casado simple diputado de número, que contra el Pablo Casado Presidente del PP.

La presentación de su candidatura a la Presidencia del PP es perfectamente lógica como estrategia de defensa frente a la investigación de la jueza Carmen Rodríguez-Medel. Si Pablo Casado no se hubiera presentado a las primarias y hubiera continuado siendo un simple diputado, es posible que la jueza ya hubiera enviado la memoria razonada al Tribunal Supremo y es posible que se hubieran activado presiones para que dejara el acta de diputado. Posiblemente su carrera política ya habría terminado. La presentación de su candidatura le ha servido como escudo para retrasar, por el momento, la remisión de la exposición razonada al Tribunal Supremo. Hasta dónde llegará la protección, lo sabremos en no mucho tiempo, ya que la investigación judicial parece que está muy avanzada y ya hay tres compañeras de Pablo Casado, en una situación sustancialmente idéntica a la suya, que han sido citadas como investigadas. No parece, en consecuencia, que se pueda demorar mucho el envío de la memoria razonada sobre la conducta de Pablo Casado al Tribunal Supremo.

Lo que no se entiende es que, teniendo conocimiento la dirección del PP de esta circunstancia judicial que afectaba a Pablo Casado, no haya expresado ninguna reserva contra la presentación de dicha candidatura. La huida hacia delante de Pablo Casado es explicable. Personalmente no tenía nada que perder. Todo lo contrario. Pero, para el PP, es completamente distinto. Con Pablo Casado como diputado de número, el PP pagaría un coste en el caso de que la jueza Carmen Rodríguez-Medel entendiera que tenía que elevar su investigación al Tribunal Supremo, pero el coste sería insignificante comparado con el que tendrá que pagar si finalmente el asunto llega al Tribunal Supremo con Pablo Casado como Presidente del partido.

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Marchenagate

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El presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena

“Me llamo X. Aprobé los exámenes de acceso en la convocatoria del año pasado (BOE, 5 de diciembre de 2016). Elegí la carrera judicial que era mi vocación, pero cuando llegó mi número ya no quedaban plazas de juez y me asignaron ser fiscal. Sofía Marchena eligió la carrera judicial y ahora resulta que puede volver atrás y elegir la carrera fiscal. Si ella hubiera elegido fiscal -como hace ahora en una segunda oportunidad inaudita- YO HOY SERÍA JUEZ. A mí, en dos años, nadie me ha notificado que esta señora deja la Escuela Judicial. Nadie me ha dicho QUE QUEDA VACANTE UNA PLAZA DE JUEZ QUE DEBERÍA SER PARA MI. Quiero hacerlo público para evitar futuras irregularidades como esta”. Este mensaje apareció en uno de mis buzones tras la publicación esta semana de las anomalías en la asignación de una plaza de fiscal, especialmente creada para ella, a la hija de Manuel Marchena, presidente de la Sala II del Tribunal Supremo (La hija de Marchena). Cuando la Comisión de Selección, en un comunicado insólito, se nos acabarán los adjetivos para lo nunca visto, explicó tras mi columna que nadie había sido perjudicado, tampoco decía toda la verdad.

Más allá de la ley de la omertà, vamos a seguir hoy tras la pista de la inédita plaza 36 de la oposición de fiscales de este año. La plaza de la hija de Marchena. Nunca pensé que intentar buscar transparencia en el Poder Judicial pudiera parecerse a la tarea de Saviano, pero lo cierto es que me estoy encontrando con opositores advertidos sobre posibles represalias que borran todo rastro de sus quejas en sus foros y en las redes sociales, con medios de comunicación que se ponen de perfil ante una situación tan grave y de tan necesaria aclaración como los másteres fantasma y con una pléyade de mensajes que me recuerdan con cariño que tenga cuidado con Marchena que es un tipo muy poderoso. Cierto es. Es poderoso, busca más poder y, además, tiene una característica que no todos los jueces tienen y es que conoce los sutiles hilos que lo conforman y tiene arte para moverlos.

El CGPJ y la Comisión de Selección de la oposición a jueces y fiscales han hecho públicos sendos comunicados para explicarnos que todo está bien. Tan bien está, que las asociaciones judiciales, excepción hecha de aquellas a las que pertenecen algunos de los que podrían estar implicados en las irregularidades, tras leerlos, se han puesto en pie de guerra exigiendo al Consejo General del Poder Judicial la documentación que permita probar si se produjeron o no actos irregulares o no lícitos. Me gusta particularmente la petición de las asociaciones Francisco de Vitoria y Jueces y Juezas para la Democracia que termina con un litúrgico, pero también rotundo: “Es Justicia que pedimos en Madrid a 26 de julio”. Pedir justicia y transparencia y control de la corrupción es tarea que también tenemos los periodistas. Ahí lo dejo.

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El dilema del mal menor

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La portavoz del gobierno Isabel Celaá junto a las ministras Montón, Valerio y Batet. EFE

Es un mal muy español, como corresponde a un país con cimientos podridos que se resisten con fuerza a ver alterado su poder. Por eso mismo, existe temor a emprender una limpieza efectiva. Demasiados intereses en juego y presiones inasumibles. España intenta maquillajes, en el mejor de los casos, cuando precisa jabón por kilos, exfoliantes, y que corra el agua para que arrastre la suciedad. Sin duda alguna, la ciudadanía española merece ese esfuerzo.  Mucha gente decente lo precisa como el aire para respirar. 

A menudo se interpone el mal menor sin embargo. El gobierno de Pedro Sánchez ha cosechado este viernes un contundente fracaso. Sus principales socios de investidura, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT y  Compromís han rechazado los objetivos de déficit público y la senda de estabilidad presupuestaria que forma el techo de gasto.

Por supuesto que, de forma inmediata, es preferible disponer de dinero para remediar problemas urgentes. La oposición de los aliados en la moción de censura se basa fundamentalmente, según explican, en que viene a ser un nuevo parche. Unidos Podemos pide ir a bases más profundas en reformas y en derogar decretos de racionalización del gasto "que ahogan la sanidad, la educación y la dependencia".  La falta de diálogo es otra queja fundamental. Marina Estévez sintetiza aquí, en eldiario.es, las posturas concretas

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Inviolabilidad, investigación judicial e investigación parlamentaria

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La inviolabilidad protege contra la investigación judicial y nada más que contra la investigación judicial. No protege contra la investigación parlamentaria de la misma manera que tampoco protege contra la investigación por parte de los medios de comunicación en el ejercicio del derecho a transmitir información "veraz".

En el análisis de la posible investigación de la conducta del rey emérito Juan Carlos I por parte de la Audiencia Nacional, por un lado, y por parte de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, por otro, se están confundiendo planos que tienen que permanecer separados.

La Audiencia Nacional es un órgano judicial y, en consecuencia, es un órgano de naturaleza exclusivamente jurídica. Como consecuencia de ello, no puede dar un solo paso sin identificar cuál es la norma jurídica, Constitución o ley, que le permite darlo. El órgano judicial, como poder del Estado que es, tiene que hacer "visible" siempre su legitimidad democrática, es decir, cual es la manifestación de la "voluntad general" con base en la cual actúa. Tiene, en el caso que nos ocupa, que "motivar" con base en la Constitución y la ley por qué puede extender su investigación a la conducta del que fue rey y ahora es rey emérito. Si en el ordenamiento jurídico español no encuentra la manifestación de la voluntad general que le  permite hacerlo o si encuentra, a la inversa, una manifestación de la voluntad general que no se lo permite, no puede siquiera iniciar la investigación. Estaría prevaricando si lo hiciera.

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Ni insolentes ni mediáticas, a la Justicia le gustan calladas

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A muchos jueces no les gusta que salgamos pacíficamente a las calles ni llenemos las redes sociales de mensajes que apoyan a las mujeres víctimas de las violencias de género. No les gusta que se cuestionen sus decisiones ni sentir que la opinión pública les pone entre la espada y la pared. Sienten esa crítica masiva como un ataque a su independencia judicial, una especie de embestida de la que no saben zafarse cuando, en cambio, sí lo hacen de otro tipo de presiones mayores como las de la delincuencia organizada o las propias altas esferas de poder. Desde hace muchos años están inmersos en una forma de funcionar en la que el cuestionamiento es insolencia y la desobediencia se debe castigar de forma ejemplar. No comprenden a qué nos referimos cuando hablamos de Justicia patriarcal y siguen sin aceptar que juzgar y emitir opiniones de valor sobre la mujer víctima y los hechos no es ninguna forma de interpretación de la ley. Se les hace cuesta arriba juzgar con perspectiva de género porque no saben cómo aislarse de los sesgos machistas que encontramos en sus sentencias. Les extraña que feministas,  activistas y juristas (con enfoque de derechos humanos y de género) nos llevamos las manos a la cabeza, porque están acostumbrados a que sus decisiones se acaten con respeto, "aunque algunas duelan más".

Todas las que hemos seguido el caso de Juana Rivas sabemos que la fuga que emprendió, si no mediaba algún tipo de solución extrajudicial, la estaba llevando a un callejón sin salida judicial. Las juristas a las que consultó Marta Borraz en plena ebullición del caso calificaban de "enormemente complicadas" las soluciones para Juana Rivas y no descartaban la posibilidad de que el proceso se terminará volviendo en su contra en lo civil y en lo penal. Y, efectivamente, así ha sido. Sin embargo, la sentencia condenatoria, es dura, casi parece saldar más un asunto personal que uno judicial.

A magistrados y jueces les suele costar privar de libertad a los hombres que maltratan y agreden a las mujeres, mucho más les cuesta retirarles la patria potestad de las hijas e hijos que han sido testigos directos y/o indirectos de las violencias. En este sentido, prefieren no hacer mucho caso de la Ley de Infancia y Adolescencia, y no califican a los menores de edad de víctimas de violencia de género, víctimas de sus padres. De esta forma, siguen sin sentirse obligados a escucharlos con las garantías debidas adaptando el sistema de Justicia a su madurez y a su edad. Prima entre los operadores jurídicos una creencia tradicional y conservadora que pone por delante el derecho relativo de los padres (hombres) por encima del interés superior del menor. Se está viendo en multitud de casos, una interpretación de las relaciones familiares que invisibiliza a los niños y niñas y poco tiene que ver con las leyes de infancia y adolescencia y las Observaciones del propio Comité de Derechos del Niño. Este es y este fue el conflicto que dio origen a esta situación: Juana Rivas se negó a entregar a sus hijos a quien fuera su maltratador en 2009, aunque se tratase su padre, decidió desobedecer.

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Una Fiscalía a la carta

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Torra, en su reunión con Sánchez

En la mañana del 30 de octubre de 2017, 48 horas después de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) que el Parlament de Catalunya proclamó camuflada en la exposición de motivos de una resolución promovida por los grupos independentistas, el entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza, puso en marcha una maquinaria -la judicial- que es imposible de parar.

Fracasada la vía política, se emprendió la de los tribunales y esa maniobra no tiene marcha atrás. Por mucho que ahora se empeñen los líderes de los partidos soberanistas, que ven en la debilidad numérica en el Congreso del Gobierno de Pedro Sánchez una oportunidad, no solo para reclamar sus legítimas aspiraciones políticas -con el referéndum de autodeterminación pactado en la cabecera de su lista de peticiones-, sino también para intentar condicionar el juicio que a la vuelta del verano se celebrará en el Tribunal Supremo.

De las declaraciones públicas que han realizado en los últimos días los responsables soberanistas, sorprende la opinión que tienen de la Fiscalía como un actor político más, al que reclaman una interlocución para la resolución de la situación catalana, o incluso como un ente completamente subordinado al Gobierno, sin el criterio propio ni la suficiencia en su actuación que le atribuyen su posición como garante de la legalidad y su teórica independencia de otros poderes.

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Marina y los buscadores de cobre. Sobre extractivismo y expulsiones

Manifestación contra la reapertura de la mina de Touro-O Pino en la localidad de Touro en febrero

O Pino es un pequeño municipio de A Coruña. Marina nació allí, hija de padre y madre castellanos a los que la tierra gallega se les pegó tanto, tanto, que les cambió hasta el habla, y ahora ya no pueden hablar sin cantar.  

Marina y la carballeira de al lado de su casa son un todo. Respirando tanta tierra, se convirtió en la mejor descubridora de tréboles de cuatro hojas que conozco, en cuidadora de bichos, animales y plantas, en una ecologista de las buenas y en una rebelde ante las injusticias contra la gente y contra la tierra. Hace apenas dos años comenzó a estudiar medicina. Tanto entrenamiento en cuidar lo vivo no podía tener otro final.

Y ahora su tierra está en peligro. En Touro-O Pino hay una antigua mina de cobre que fue abandonada a finales de los 80 porque los bajos precios de las materias primas no la hacían rentable. A pesar de que hayan pasado ya más de treinta años sin actividad, la contaminación que causó aún se mantiene en el río Ulla, sus afluentes y llega hasta la misma ría de Arousa.

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La Catalunya de Casado

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Casado asegura que Catalunya será su prioridad.

Pablo Casado sueña con una Catalunya que no existe. No es el primer dirigente del PP que confunde el deseo con la realidad. Es una dolencia muy común entre los políticos, no solo de su partido.

La diferencia entre Casado y otros colegas suyos es que a él ya le va bien que Catalunya no sea como la anhela. De hecho, le va perfecto que sea una comunidad autónoma que se reivindica como nación y que encima se empeña en defender y proteger su lengua. Porque el PP -a diferencia de los socialistas- nunca ha aspirado a gobernar Catalunya ni ha hecho nada para entender su complejidad. Catalunya es un instrumento para espolear el voto del 'a por ellos'.  

El PP colocó mesas petitorias por toda España para recoger firmas contra el Estatut, decidió que el independentismo era un suflé que bajaría por gracia de Santamaría, y ahora pretende reducir la presencia de los partidos periféricos a la mínima expresión en el Congreso. En eso coinciden con Albert Rivera: si no les puedes ganar en las urnas, cambias la ley y solucionado.  

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Casado empieza con c, con c de corrupción

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Pablo Casado

España ha conocido este jueves a la nueva dirección nacional del Partido Popular. Algunas caras nuevas, un notable rejuvenecimiento… y poco más. La falta de paridad es, sin duda, una de las mejores muestras de que estamos ante una mera operación de maquillaje para intentar cubrir la caspa. Aquí no hay regeneración, no hay renovación, no hay propósito de enmienda, no hay intención de dejar atrás la corrupción. El nuevo PP de Pablo Casado es el mismo PP de Bárcenas, de la Gürtel, de la apropiación de las instituciones, de la prepotencia y de la mentira masiva. La mayoría de los dirigentes territoriales y locales, así como al grueso de la militancia con derecho a voto, o son cómplices de los corruptos o no han interiorizado la gravedad de lo ocurrido durante todos estos años. Solo así se entiende que hayan puesto el partido en manos de un líder como Pablo Casado.

El joven (de edad) político abulense se presentó al congreso con un pie en el banquillo de los acusados. La jueza que investiga las irregularidades en la Universidad Rey Juan Carlos ya había solicitado al Congreso de los Diputados que confirmara su condición de aforado. Era el paso previo a la imputación y todos los compromisarios populares lo sabían cuando decidieron auparle a la presidencia. Durante meses le habían escuchado dar explicaciones, vagas y contradictorias, para justificar sus títulos universitarios obtenidos en el sospechoso instituto que regaló el máster a Cifuentes y en ese peculiar campus que ya es conocido popularmente como “Harvardaca”. Nadie se puede sorprender por las nuevas irregularidades que está desvelando eldiario.es y que apuntan a que al “flamante” presidente del PP le pudieron fabricar diplomas y obsequiar con sobresalientes.

Casado era más de lo mismo y los compromisarios lo sabían. Llevaban tres años viéndole en televisión actuar como portavoz del PP de la corrupción. Jugando su papel de poli bueno, de político joven y moderno, el entonces vicesecretario general de Comunicación actuó como todos los demás. Uno tras otro, y sin la más mínima autocrítica, fue defendiendo la inocencia de José Manuel Soria cuando su nombre apareció en los Papeles de Panamá, la honradez de quienes destruyeron los discos duros del ordenador de Bárcenas, las virtudes de una Esperanza Aguirre rodeada de ranas corruptas, la honestidad del imputado murciano Pedro Antonio Sánchez. Fue Casado y no otro el que respaldó con más intensidad a su compañera de máster Cristina Cifuentes, a la que expresó públicamente el “cariño, el respeto y la confianza” que tenía en ella todo el Partido Popular. En todos los casos, apariencias físicas aparte, nada en su mensaje difería del que lanzaban los supuestos corruptos, ni del que transmitían Rajoy, el gran Rafael Hernando o su amiga y valedora final Mª Dolores de Cospedal.

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La hija de Marchena

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La transparencia y la limpieza deben regir los actos de toda administración y, como no, aún más si cabe del órgano de Gobierno de los jueces que son aquellos llamados a controlar la de los otros. Por eso, cuando la sombra de la duda se cierne sobre sus actos es necesario que estos sean explicados, aclarados y dejados fuera de toda sospecha ante la ciudadanía y ante aquellos que puedan haberse visto agraviados por ellos. Si el acto que semeja mancillado lo es, además, por la sombra del nepotismo, no cabe dilación a la hora de hacerlo.

Este es el caso de la publicación este martes en el Boletín Oficial del Estado de la adjudicación de la plaza número 36, de la convocatoria pública de 35 plazas de fiscal, a la hija del presidente de la Sala II del Tribunal Supremo, Manuel Marchena. Hace calor y en muchos rincones de España, jóvenes esperanzados estudian su oposición con gran sacrificio personal. Ayer estaban soliviantados. ¿Cómo se concede la plaza número 36 si sólo había 35 plazas? ¿Cómo es que esa plaza inesperada es para Sofía Marchena Pereda, hija del magistrado Marchena? ¿Deben comenzar a desconfiar de algo que les parecía tan sólido y neutro y justo como una dura oposición? ¿Debemos hacerlo los ciudadanos? Voy a intentar responder a algunas de estas preguntas pero es seguro que serán otros los que tendrán que hacerlo para asumir su responsabilidad.

Comenzaré por el principio para ver dónde se hallan las grandes dudas de un proceso que puede resultarles farragoso.

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