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Herencia de corrupción

Alberto Ruiz Gallardón, Cristina Cifuentes, Esperanza Aguirre e Ignacio González en una imagen de archivo

La elección de Ángel Garrido como presidente de la Comunidad de Madrid es el epílogo a 23 años de gobierno del PP en los que la modernización que ha experimentado la región, que es innegable, ha venido acompañada de escandalosos casos de corrupción que acorralan en los tribunales a sus antiguos dirigentes. La herencia que recibe Garrido de los ocho años de  gallardonismo y los 15 de  aguirrismo, con las secuelas decadentes de los efímeros mandatos de Ignacio González y Cristina Cifuentes, es la de un presidente al que no puede acompañar ninguno de sus antecesores el 2 de Mayo, día de la Comunidad, porque todos están asediados por la Justicia.

Alberto Ruiz-Gallardón salió prácticamente indemne de la corrupción política que ha asolado Madrid en las últimas tres décadas. Sorteó con un quiebro su relación con Montserrat Corulla, condenada a tres años y medio de cárcel por blanqueo en el caso Malaya, pero de forma póstuma se ha encontrado con el fantasma del Canal de Isabel II, y ahora él y todos los miembros del “gobierno de la excelencia” con el que presumía de haber transformado Madrid y haberlo convertido en un lugar “en el que a nadie se preguntaba de dónde venía sino adónde va” están imputados.

A pesar de la lealtad que le han guardado en la Audiencia Nacional sus fieles -Pedro Calvo y Juan Bravo defendieron que Ruiz-Gallardón desconocía las actividades investigadas-, tendrá que declarar como imputado el próximo 7 de junio por la primera operación de internacionalización del Canal de Isabel II, la empresa más rentable de la Administración regional que hasta 2001 se había dedicado exclusivamente a facilitar el servicio de agua a los madrileños. Bajo el mandato de Gallardón, el Canal se embarcó en la compra de empresas en Sudamérica y la primera, la de la colombiana Inassa, está bajo la lupa de la justicia porque con dinero público se pagaron más de 83 millones de euros por el 75 por ciento de una sociedad por la que un año antes se habían abonado, por la mitad de su accionariado, algo más de 8 millones.

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¿Y si invitamos a Palestina a Eurovisión?

“Lo importante es participar”. La frase del barón Pierre de Coubertin ha superado al movimiento olímpico y es aceptada por aquellos que aceptan la derrota y por los que saben ser elegantes en la victoria.  

Israel ganó la semana pasada Eurovisión con una canción que llamaba a combatir el acoso. La victoria se logró con la corrección que el sistema de televoto daba a las votaciones de los jurados nacionales. El Gobierno israelí no tardó ni 24 horas en confirmar que la próxima celebración del evento, honor que se le concede al ganador, tendría lugar el próximo año en Jerusalén. No lo hizo precisamente con un mensaje de amor. “Aquellos que no querían que Israel esté en Eurovisión van a tener Eurovisión en Jerusalén el próximo año”, dijo el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Se trata de una decisión en la que prima la política por encima de cualquier otra cuestión. Situar a Jerusalén como su capital a pesar de que no tenga el reconocimiento internacional. Sólo EEUU y un puñado de países reconocen esta situación. El resto, con la Unión Europea a la cabeza, esperan a un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos en que se fijen las fronteras de los dos estados.    

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El chalet sí es relevante

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Irene Montero y Pablo Iglesias

Un político tiene el derecho a vivir donde le plazca. Es obvio que, tal y como ocurre con el resto de los españoles, los únicos límites para sus aspiraciones personales en materia inmobiliaria son los que establece la ley y los que marcan sus ingresos pecuniarios. Un candidato a la presidencia del Gobierno puede residir donde quiera, como también puede optar libremente por ser atendido en la Seguridad Social o en una clínica privada, por llevar a sus hijos a un colegio concertado o a una escuela cien por cien pública. Puede hacer lo que crea más conveniente en el ámbito de su vida privada, pero no puede pretender que este tipo de decisiones no afecten, para bien o para mal, a su imagen pública.

El mejor ejemplo, en positivo, lo tenemos al otro lado del charco. Llevamos casi una década admirando y elogiando a un afable octogenario llamado José Mujica. Su gestión como presidente de Uruguay se saldó con numerosos hitos en materia de política social que le hicieron granjearse la simpatía y el apoyo de una amplia mayoría de sus conciudadanos. Pero si su figura acabó por traspasar las fronteras del pequeño país sudamericano para convertirse en un mito de nivel mundial no fue debido a su gestión, sino a algo mucho más mundano: su casa. La humildísima vivienda en la que vivió antes, durante y después de gobernar su nación era una declaración de intenciones, un símbolo de su forma de ser que no pasó desapercibido.

Pablo Iglesias e Irene Montero han hecho su elección. Han optado por un pack: comprarse un costoso chalet y hacer frente a la tormenta dando todo tipo de explicaciones. Hoy ya conocemos la cuantía de la hipoteca y hasta el importe del recibo mensual que tendrán que pagar. Es un ejercicio de transparencia digno de elogio, pero que también viene a demostrar que no estamos ante una anécdota. Los dos dirigentes de Podemos llevan ya bastantes años en ese cruel mundo que es la política como para prever las consecuencias de sus actos. Me cuesta creer, e incluso me preocuparía porque diría muy poco de ellos, que no fueran conscientes de que estaban dando a sus enemigos un nuevo filón del que extraer material para atacarles inmisericordemente.

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No sin mujeres: no nos mires, únete

Una imagen de la pasada manifestación del 8M

El pasado miércoles se puso en marcha a través de las redes sociales una iniciativa mediante la cual un grupo de hombres del ámbito de las Ciencias Sociales  asumimos el compromiso de  no participar en actividades académicas en las que no se cuente con mujeres, de manera similar a como hace unos años ya habíamos hecho las socias y los socios de Clásicas y Modernas. De esta forma, hemos querido llamar la atención sobre uno de los ámbitos en que de manera más flagrante continúa reproduciéndose la desigualdad y que no es otro que el relacionado con la ciencia y el conocimiento. Como nunca me cansaré de repetir, si el patriarcado continúa vivo y coleando es gracias al sostén de una cultura machista y del dominio masculino del poder. Un poder en el que, por supuesto, hay que situar el que se traduce en dominio de los saberes, en la definición del prestigio intelectual, en el cuasi monopolio de las referencias científicas. La lógica de la democracia paritaria (que puestos a ser rigurosos vendría a ser una reiteración porque no creo que pueda existir democracia sin paridad) exige que, en cualquier espacio, y muy singularmente en aquellos en los que se ejerce poder, mujeres y hombres seamos considerados equivalentes. Y ello pasa necesariamente por la visibilidad de quienes todavía hoy son las “segundonas” en muchos eventos y por el reconocimiento de sus méritos y capacidades en igualdad de condiciones con los que siempre hemos tenido el derecho a estar y a valer.

La Universidad, la Academia, el mundo de la Ciencia y los Saberes, continúa siendo uno de esos espacios en los que todavía hallamos más resistencias al reconocimiento de la equivalencia de nuestras compañeras, por más que ellas lleven décadas demostrando que pueden ser perfectas constructoras de sabiduría. El androcentrismo que impregna los púlpitos, y con él la situación privilegiada que muchos se resisten a abandonar, continúa dificultando que ellas sean visibles y reconocidas como sujetas con autoridad. Sin ir más lejos, en el reciente Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España, celebrado en Málaga el pasado mes de abril, las compañeras de disciplina no tuvieron más remedio que rebelarse ante un programa en el que ocupaban un lugar muy secundario y en el que de nuevo pareciera que no hubiera expertas tan solventes como nosotros para hablar de derechos fundamentales o de la cuestión territorial. Todo ello por no hablar de la ausencia de la perspectiva de género en los contenidos de un ambicioso congreso en el que se abordaban los múltiples perfiles de la sin duda necesaria reforma de la Constitución española. Una vez más, lo sorprendente no fue tanto la reacción de algún colega ante la reclamación de las constitucionalistas sino el significativo silencio de la mayoría.

Creo que justo en estos momentos, en los que afortunadamente el feminismo está ocupando un lugar en la escena pública que muchas y algunos no imaginábamos ni en nuestros mejores sueños, es más urgente que nunca que los hombres nos sintamos interpelados por todo lo que nuestras compañeras están reclamando en las calles, vindicando en las redes, gritando en todos aquellos espacios en los que todavía hoy su voz continúa siendo devaluada. Ha llegado la hora en la que, más allá del discurso políticamente correcto, nos comprometamos en hacer efectiva la igualdad, lo cual pasa necesariamente por la renuncia a nuestros privilegios, por la redistribución de espacios y tiempos, por la búsqueda de un mayor equilibrio en lo que son los referentes del saber y de la cultura.  Es decir, para que ellas den un paso hacia adelante, nosotros tendremos en muchos casos que dar un paso hacia atrás. Tenemos pues que revisar las condiciones del pacto, el reparto de papeles y unas reglas que han sido siempre hechas por nosotros y para nosotros. Todo ello nos coloca sin duda en una situación de incomodidad, pero solo desde la asunción de que nos corresponde a nosotros mover ficha será posible el salto cualitativo sin el que nuestras democracias continuarán siendo imperfectas.

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¿Optimismo?, ¿qué optimismo?

Cuaderno- collage de Delphine Prokešová. El futuro es brillante en la portada; en la contra, la verdad duele.

Leo en una noticia que las familias españolas se sienten optimistas y vuelven a endeudarse para consumir más. La idea de unir optimismo y endeudamiento me resulta inquietante, por no decir perversa. La noticia destaca que es el clima de optimismo provocado por el supuesto fin de la crisis lo que hace que el sueldo a fin de mes no dé para pagar las compras por primera vez en diez años. Y se supone que esto es una buena noticia. Desde luego es una buena noticia para la maquinaria puesta en marcha por las políticas neoliberales, buena noticia para el plan prediseñado por la dictadura del mercado. Junto a este dato, otro: Bruselas prevé que la inversión pública en España siga en mínimos, un 40% por debajo de la media de los últimos 23 años. ¿Pues qué pasa? Este gobierno, que no deja de congratularse por el fin de la crisis, ¿no es tan optimista como las familias?

En su novela El mar, el mar Iris Murdoch explora, entre otros, el tema de la fatalidad. En un momento dado el protagonista afirma: "Mi plan había tenido un éxito tal que también yo estaba atrapado en él". Igual que ese personaje, nuestras sociedades de consumo se ven atrapadas en su propio éxito. La lógica del mercado sólo atiende a razones monetarias, a beneficios económicos; el concepto de servicio público, de bienestar ciudadano le es ajeno. 

Al final, el destino no es más que la suma de las pequeñas decisiones del día a día. Uno va enredándose sin darse cuenta, tejiendo los hilos en una dirección o en otra y al final la red -la trampa-, confortable o no, está ya hecha. El destino colectivo también se hace así paso a paso. Y por ahora la dirección de esos pasos no parece muy halagüeña: Los recortes no se hacen en las partidas de defensa o en armamento, se hacen en investigación, en escuelas y hospitales. No se invierte precisamente en lo más básico: educación y sanidad. El plan se ve a la legua: que la gente se endeude no sólo comprando lavadoras sino pagando estudios privados y seguros médicos. Ese dios-mercado que rige nuestras vidas nos obliga a transitar caminos que a fuerza de repetirse van trazando surcos de los que será muy difícil salir. Se consolida un sistema de explotación y competencia generalizada, una crisis perpetua y un desastre medioambiental. Y en este contexto hablan de clima de optimismo, ¿qué optimismo?

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Economía social, cooperación y redes clientelares.

Estas han sido unas semanas turbulentas para la economía social madrileña, sometida a una campaña de desprestigio y difamación por parte de algunos medios de comunicación; amplificada por la complicidad del Partido Popular y Ciudadanos. Diversas personas y entidades con una dilatada trayectoria y reconocimiento social nos hemos visto implicadas en una oleada de informaciones tendenciosas, orientadas a sembrar dudas de ilegalidad sobre los trabajos profesionales que hemos desarrollado para el Ayuntamiento de Madrid.

Una sucesión de noticias que arrancaron insinuando la existencia de una trama corrupta ligada a la economía social de la ciudad, que estaría siendo subvencionada y beneficiada por una concesión discrecional de proyectos. Da igual que las empresas tengan más de una década de historia, que estuvieran contratando anteriormente con el Ayuntamiento de Madrid del PP, que todos los proyectos hayan sido ejecutados, que la viabilidad de ninguna empresa dependa de su facturación con el Ayuntamiento o que las entidades sean expertas de forma incuestionable en sus ámbitos profesionales.

Tras las primeras argumentaciones de las entidades y la aparición de noticias más rigurosas, como las de Andrés Gil o las de Europa Press, se ha ido mostrando la inconsistencia de dichas informaciones, construidas en base a datos de dominio público accesibles gracias a la política de transparencia municipal. Entonces las acusaciones evolucionaron de corrupción hacia la denuncia de opacas redes clientelares para financiar a cooperativas afines al gobierno local. Denuncias sustentadas únicamente en que hay personas que han pertenecido a distintas empresas de la economía social, antes de entrar a colaborar con el proyecto político de Ahora Madrid.

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El naufragio de Llarena

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El juez Llarena

No cabía esperar otro fin que no fuera el naufragio para una singladura instructora tan errática, anómala y voluntarista como la llevada a cabo por Llarena. Ya tenemos el primer pecio: la euroorden belga. No es lo mismo creer que el fin último de preservar la unidad de España soportará todos los medios, incluso los irregulares, en un país cuyos altos tribunales tienen un nivel de sumisión a la llamada Razón de Estado inaceptable, que intentar que ese trágala funcione también en el resto de Europa. No se trata de ningún manejo extraño ni de estados hostiles ni de nada de lo que nos van a argumentar ahora, sino de que las anomalías en esas euroórdenes con freno, marcha atrás y regreso no son digeribles por nadie que no esté dispuesto a supeditar la ley a los deseos, por muy patrióticos que estos sean.

La fiscalía belga ha acabado por presentar los mismos argumentos que las defensas de los ex consellers porque el cenagal procesal en el que Llarena ha sumido el procedimiento no admite mirar para otro lado. En su informe, los fiscales belgas desgranan con indisimulado estupor las incongruencias y renuncios, por no decir falsedades y contradicciones, que los reclamantes españoles han ido poniendo sobre la mesa de la Justicia belga. Dejan claro que no se trata de cuestiones formales de la euroorden, como que esta sea incompleta o que contenga alguna inexactitud o falta de claridad, puesto que la jurisprudencia belga ya establece que eso no sería un motivo para denegar la ejecución de una orden europea de detención y entrega. No, la cuestión va más allá. La Fiscalía deja claro que es preciso que la autoridad judicial belga verifique si la orden de detención ha sido emitida por una autoridad judicial, si procede efectivamente de esa instancia judicial y si, ATENCIÓN, la orden está precedida de una orden de detención nacional. “Si no se cumplen estas condiciones, la orden de detención europea no es regular y, por lo tanto, no se puede ejecutar”. Lo que está claro es que un auto de procesamiento no tiene en ningún lugar ni de dios ni del diablo el valor de una orden de detención “y por lo tanto no puede constituir una base válida para ejecutar la euroorden”.

Así que ahí que se pone la Fiscalía belga a determinar si existe esa orden de detención nacional previa o no, de la que cuelgue su euroorden. Y hasta le piden ampliación a España sobre tal circunstancia. El caso, por abreviar, es que Llarena les respondió a través de Eurojust que en su auto de procesamiento prorrogó las medidas cautelares de Lamela y eso incluía la orden de detención. Quiere decir pues que la orden de detención nacional válida es la dictada el 3 de noviembre de 2017. Claro que, dicen los belgas, si el título de detención válido es ese -dado que la euroorden no es autónoma, sino que cuelga de esa orden nacional- es de esperar que “su contenido responda con los hechos y calificaciones penales conexas”. Lo que sucede es que, en sus explicaciones, Llarena evidencia que eso no es así, sino que se remite al auto de procesamiento, y además queda que se ha ampliado y alterado el contenido de las misma. Hay un párrafo de los fiscales belgas que es demoledor para el Tribunal Supremo español y que se refiere a las contradicciones de las diversas explicaciones y ampliaciones de Llarena: “Las órdenes subyacentes, repentinamente, ya no son las de noviembre de 2017 -contrariamente a lo dicho a Eurojust-, tampoco el auto de procesamiento en sí -como se menciona en la carta de Llarena- sino las órdenes emitidas el mismo día que la euroorden y que son esencialmente una mera repetición del auto de procesamiento”. Así que, tras este fárrago, los fiscales, al igual que las defensas, han determinado que “en realidad no existe una orden de detención nacional subyacente que se corresponda en esencia con la orden de detención europea”. Se acabó. Es irregular y el procedimiento queda sin objeto. El tribunal no ha podido sino admitir la alegación coincidente de ambas partes.

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Pablo Casado, esprínter

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Fue José María Aznar quien presumió de “poner los pies encima de la mesa” y decirle a George Bush: “Yo hago 10 kilómetros en 5 minutos”. Si lo de Aznar fue una fanfarronada ridícula, uno de sus “cachorros”, Pablo Casado, acaba de confirmarnos que su título de Derecho no fue una carrera, sino un auténtico  sprint. La mitad, 12 asignaturas, se las ventiló en las convocatorias de junio y septiembre del mismo año. Según Casado, “es algo muy habitual”.

Pablo Casado se ha preguntado “qué estamos haciendo con el periodismo en España”, porque lamenta ser víctima de “un verdadero acoso”. El dirigente del PP asegura que solo falta que le saquen “el título de EGB o unos análisis de sangre para decir que hay consumo de estupefacientes”. No se ha llegado a ese punto. Casado simplemente debe aclarar las exclusivas que han ido destapando varios medios y demostrar que no hizo su carrera dopado. Porque “muy frecuente” no es. Por lo menos, está al alcance de unos pocos.

Pablo Casado saltó a la fama en 2008, cuando nos dijo que “si eres joven y eres español, eres del PP, aunque no lo sepas”. Por entonces, el presidente de Nuevas Generaciones en Madrid ya tenía la carrera de Derecho, finalizada en tiempo récord un año antes, según ha publicado El Mundo. Con el título bajo el brazo, la joven promesa de Génova arengaba a los suyos afirmando que “en pleno siglo XXI no puede estar de moda ser de izquierdas”.

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155 por tiempo indefinido

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El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en una conferencia en Oviedo.

En los estados de excepción se sabe cómo se entra, pero no cómo se sale. Eso es así en general, pero más todavía cuando la adopción de la medida de protección excepcional del Estado tiene su origen en un problema que afecta a la Constitución Territorial. Si la ruptura de la "normalidad" se produce como consecuencia de un problema de naturaleza territorial, es muy difícil reparar lo que se ha roto. En las crisis de esta naturaleza, "la normalidad" se ha ido deteriorando lenta y progresivamente y, cuando se produce la ruptura, lo hace en la forma de un terremoto de magnitud considerable, tras el cual ya no hay "normalidad" a la que volver. El edificio constitucional no puede ser reparado.

Lo que está ocurriendo en España tras la activación del artículo 155 de la Constitución ejemplifica perfectamente lo que acabo de decir. No tengo la menor duda de que el Presidente del Gobierno, cuando decidió hacer uso de la "coacción federal" prevista en dicho artículo, pensaba en una suspensión temporal del ejercicio del derecho a la autonomía en Catalunya con la finalidad de volver a "la normalidad" lo más rápidamente posible. Todavía tengo menos duda de que esa era la idea del Secretario General del PSOE e, inicialmente, también la de Albert Rivera. El 155 de la Constitución como un paréntesis breve, que se extendería el tiempo necesario para la celebración de elecciones e investidura de un president de la Generalitat.

Si la aplicación del artículo 155 de la Constitución se hubiera reducido a la disolución del Parlament y a la convocatoria de elecciones y si a dichas elecciones hubieran podido acudir los dirigentes nacionalistas sin que se hubieran activado querellas contra ellos que los llevaron a la cárcel o al exilio, tal vez hubiera sido posible abrir algún tipo de diálogo tras el resultado electoral y la suspensión del derecho a la autonomía en Catalunya habría tenido una duración muy breve.  

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Rajoy se hunde demasiado tarde

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Mariano Rajoy en una imagen de archivo

Los sondeos son cada vez más claros: los españoles empiezan a huir de Rajoy casi en desbandada. Es tarde, pero siempre se podrá decir lo de que más vale tarde que nunca. Los españoles de todas partes, empezando por la comunidad de Madrid, huyen de Rajoy como antes lo hicieron los catalanes (tanto los que se sienten españoles como los que no), que electoralmente ya dejaron al PP convertido en una desprestigiada fuerza marginal en su territorio. Empieza a ser evidente que Rajoy se irá pronto. Tal vez hará el gesto de la dignidad, tal vez tendrán que empujarle los suyos; ya muy están asustados por la cantidad de empleos que perderán y por el poco poder real que les quedará después de haber sostenido durante tanto tiempo a un líder capaz de muchas cosas, pero no de hacer política.

El problema es la situación en que nos va a dejar Rajoy. Le gustaba apuntarse todas las cosas positivas que pasaban, cuando son pocos y discretos los logros obtenidos gracias a su inteligencia. Pese al mal olor penetrante de la corrupción durante toda su etapa --los libros de historia con toda seguridad la unirán a su apellido-- él ha sonreído mucho atribuyéndose lo que nos ha ido regalando el viento de cola, pero al final eso ha pasado de favorable a desfavorable. La buena racha económica que se acaba con él (pero no porque él se vaya) se diluye por la subida del precio del petróleo, el alza de las tasas de interés y las inestabilidades económicas que provoca   Trump (que se le parece tanto en el perfil ético y en la capacidad de reflexión)por enredar las relaciones comerciales internacionales.

Pero más allá inestable estado del mundo  a los españoles Rajoy les dejará en herencia  dos cuestiones interiores podridas. Económicamente, la desigualdad ha crecido tanto y se desmorona tan estrepitosamente el modelo de la generalización de los salarios basura, que las dinámicas positivas del negocio turístico y de la exportación no consiguen estabilizarnos. Pero políticamente el legado es peor. La situación catalana está tan emputecida como pronosticaban los más pesimistas. Con Rajoy, a la pereza de la inacción se le ha sumado que ha sido muy poco convincente al manejar los instrumentos democráticos. Pensar que el dúo Zoido-Llarena podía entrar a caballo en cualquier cristalería si era catalana es un ejemplo de su simplería.

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