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La Junta simplificará medio millar de trámites a las empresas

En el primer trimestre del año se debatirá un proyecto de ley orientado a la reducción de la burocracia que deben sortear los negocios.

La reducción de trabas es también una obligación impuesta por la reciente entrada en vigor de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, y por el calendario fijado el pasado 8 de noviembre por el Consejo de Ministro para la ejecución del Plan de Racionalización Normativa.

Desde 2011 se han conseguido ya paliar las trabas que suponían 156 procedimientos.

CCOO-A recuerda que "no se pueden quitar trabas por quitar trabas o se generará inseguridad jurídica", pero sí agilizar los procedimientos.

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La Junta de Andalucía abordará la simplificación de 535 trámites de actividades económicas.

El último estudio anual del Banco Mundial sobre regularización para pymes - Doing Business- señala que abrir un negocio en España requiere de media 10 procedimientos y 23 días, el doble que en los países de la OCDE. Y Andalucía no es una excepción, porque aunque la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo no facilita datos relativos a la comunidad autónoma, sí acaba de presentar un informe en el que plantea la simplificación de nada menos que 535 trámites -de un total de 1.313 identificados en la región- para conseguir mover la economía y crear empleo.

Forma parte del compromiso del Gobierno de Andalucía y su "nuevo modelo productivo", pero también es una obligación impuesta por la reciente entrada en vigor de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, y por el calendario fijado el pasado 8 de noviembre por el Consejo de Ministro para la ejecución del Plan de Racionalización Normativa. En éste, se han identificado 2.700 normas -un 30% estatales y un 70% autonómicas- que pueden suponer barreras a la unidad de mercado. Este elevado volumen es responsable de que, en el mismo informe del Banco Mundial, España ocupe la posición 142 de las 189 economías estudiadas en lo que a regularización se refiere.

Bajo la premisa de que más burocracia no es ninguna garantía para conseguir la defensa de los intereses generales y la creación de empleo, la Junta de Andalucía ha presentado un informe de las trabas que hoy día encuentra la creación de empresas en la comunidad autónoma, es decir, un punto de partida para un proyecto de ley con el que simplificar los trámites. En concreto, la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía ha identificado los citados 1.313 procedimientos, de los que 691 corresponden a la puesta en marcha de empresas (63,5%) o a controles de las fases posteriores de la vida de cada negocio (36,5%).

Lo hecho hasta el momento

El consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, ha querido dejar claro que no significa que, después de tantos años hablando de la necesidad de agilizar los trámites para crear empresas y de proyectos como la ventanilla única o la posibilidad de montar un negocio en 24 horas, no se haya avanzado nada. Ha expuesto que desde 2011 "se han simplificado 156 procedimientos" de los mencionados 691. ¿Cómo? Mediante tres posibilidades que tienen ahora las empresas para echar a andar antes de completar todo el papeleo: declaración responsable, que implica la firma de un documento acreditativo del cumplimiento de los requisitos para el desarrollo de  una actividad económica; comunicación previa, que sólo exige la notificación; y, sobre todo, libre prestación de servicios, que hace innecesaria la comunicación y es la figura a la que más se han acogido los emprendedores.

Pero quedan todavía por simplificar otros 535, de los que 220 corresponden a competencias de la Junta de Andalucía y son a los que se les va a meter mano directamente. Para ello, el consejero ha reconocido que "es esencial disponer de un catálogo o mapa de procedimientos de autorización de la Junta de Andalucía", que será aprobado antes del 15 de febrero. Del mismo modo, en el primer trimestre del año se aprobará por parte del Consejo de Gobierno un decreto ley que se tramitará como proyecto de ley en el Parlamento de Andalucía "para eliminar todos aquellos que no estén justificados por razones de interés general". Igualmente, se procederá a simplificar los requisitos para la creación de empresas, como, por ejemplo, inscripciones en registros, renovación de autorizaciones, duplicación de trámites, etcétera.

Lo que no son competencias autonómicas

En segundo lugar, para la simplificación de las 315 autorizaciones basadas en normas estatales o derivadas de la UE, los esfuerzos de la Junta de Andalucía quieren orientarse hacia aquellos procedimientos que afecten a sectores con mayor peso económico en la región. La propuesta se presentará ante el Comité para la Mejora de la Regulación de las Actividades de Servicios, organismo de cooperación entre la Administración General del Estado y la Junta de Andalucía, creado en 2011 con la Ley de Economía Sostenible.

En el tercer escalón, para los trámites que dependen de las administraciones locales, se trabajará en la reevaluación de las ordenanzas, con especial atención a las que afectan a municipios de tamaño medio o grande. Mientras, un grupo de trabajo con las diputaciones y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) se encargará de impulsar la simplificación en los municipios de menor tamaño. En este sentido, se quiere establecer un sistema de alerta temprana en función del cual se evite la inclusión de nuevos trámites, por ejemplo en licencias de urbanismo, que en la práctica puedan constituir un procedimiento de autorización encubierto.

Todo este trabajo, que como se ha dicho, deberá culminar en una legislación que evite que las inversiones se escapen de la comunidad autónoma, se hará en el marco del Acuerdo para el Progreso Económico y Social de Andalucía, y específicamente en la Mesa para la Mejora de la Regulación en la que participan representantes de los agentes económicos y sociales: la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y los sindicatos UGT-A y CCOO-A.

Sólo este último ha querido valorar lo presentado. Desde CCOO-A han señalado que "quitar trabas por quitar trabas no se puede hacer", si acaso, agilizar los trámites, y eso es lo que el sindicato espera que se consiga. En este sentido, CCOO ha aclarado que quitar trabas puede "generar inseguridad jurídica" entre las empresas, si un negocio empieza y luego es echado para atrás.

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