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Una alto cargo de Ignacio González, a un subordinado: "No metamos a la Fiscalía a remover la mierda"

Una exdirectora de Empleo de la Comunidad de Madrid en el Gobierno de Ignacio González impidió a un subordinado denunciar el fraude millonario en los cursos de formación a la Fiscalía

eldiario.es adelanta la conversación grabada en la que la alto cargo da instrucciones para que "las irregularidades" no lleguen al ministerio público

Lee aquí la transcripción completa de la charla que motivó la imputación de la exdirectora general de Empleo de Madrid

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Documentación del caso Aneri remitida a la Asamblea de Madrid

La conversación duró cuatro minutos y tuvo lugar en un despacho de la Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid el 20 de enero de 2014, meses después de que los técnicos de ese departamento empezasen a hallar irregularidades en las ayudas de los cursos de formación y localizado a decenas de personas que, pese a figurar en los listados de distintas asociaciones profesionales como alumnos, no sabían nada de ellos.

El caso se había bautizado con el nombre de su principal implicado, José Luis Aneri, un empresario cordobés que falsificó miles de nombres y utilizó a varias decenas de gremios profesionales para captar más de 15 millones de euros en ayudas públicas para formación del Gobierno madrileño.

Cinco semanas antes de que Aneri fuese detenido e imputado por un fraude de varios millones de euros, el subdirector de Formación Continua y Emprendedores, Joaquín Velázquez, alertó a su superiora, la directora general de Empleo, Patricia Herrero, en presencia de una tercera persona, de que las irregularidades detectadas por los funcionarios en la gestión de las subvenciones públicas eran ya demasiado graves como para quedarse en el campo administrativo. En ese diálogo, Velázquez recomendó alertar al secretario general Técnico de la Consejería, la mano derecha de la titular de Empleo en el Gobierno de Ignacio González entonces, Ana Isabel Mariño, y acudir también a la Fiscalía, convencido de que el caso antes o después acabaría en los juzgados.

Patricia Herrero

Patricia Herrero

Patricia Herrero intentó disuadir a su subordinado con evasivas. Hasta en dos ocasiones, a lo largo de la charla a cuya transcripción ha tenido acceso en exclusiva eldiario.es, la directora general le advirtió de que no quería ver a la "Fiscalía revolviendo la mierda" de su departamento e intentó convencerlo de que el escándalo podría saldarse con simples multas a las asociaciones.

La charla, aportada a la Fiscalía Anticorrupción por el subdirector general de la Comunidad de Madrid e incorporada al sumario, fue clave para que la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid,  Esperanza Collazos Chamorro, citase como imputada a Patricia Herrero y elevase el tiro hacia el Gobierno de Ignacio González, hasta el punto de haber expulsado a la Comunidad de Madrid como "acusación particular" en este caso por si, escribe el auto judicial, en un futuro fuese declarada "subsidiariamente responsable". 

En los más de 8.000 folios que recopilan la investigación aparecen otras evidencias de que altos cargos de la Comunidad de Madrid intentaron poner trabas a la investigación judicial y de la policía. Antes de mantener ese diálogo grabado en el despacho de la Consejería de Empleo, Patricia Herrero ya había advertido repetidamente a sus subordinados de que no quería ninguna comunicación por escrito de lo que estaba pasando con los cursos. Así queda patente en un correo electrónico también incorporado a la causa en el que avisa al mismo subdirector general, al que estaban reclamando información sobre el caso: "No se notifica nada y que pase todo por aquí".

Consulta al viceconsejero Van Halen

En la conversación grabada el 20 de enero de 2014 y que fue reproducida ante los abogados del caso en el juzgado el pasado 18 de abril, la entonces directora general de Empleo dejó claro que los trapos sucios en ese fraude millonarios de subvenciones públicas, se iban a lavar en casa.  "Lo que tenemos es que sancionar directamente estas cuestiones, no tenemos que meter a la fiscalía para que empiece a remover mierda", dice primero a su subordinado.

Cuando este insiste en acudir con las pruebas al Ministerio Público, Patricia Herrero, asegura que ha hablado del tema con el viceconsejero de Empleo, Juan Van Halen, y reitera:  "Tú lo pones en comunicación de una Fiscalía y vale, ya hemos pasado la bola a otros y nos cubrimos, vale, y ¿qué pasa? Ahí desembarca un equipo de la Fiscalía y empieza a mirar el trabajo de este señor y de todo su equipo y alguna irregularidad o alguna cosa mal seguro que hacemos por equivocación pero a ver... Hay que pensar bien. Yo se lo dije al viceconsejero [Van Halen] y eso hay que pensarlo despacio porque al final estás metiendo a unos tipos ajenos aquí a que miren los historiales y miran toda la mierda, la mierda en el sentido del mundo de la formación, no la mierda que hay dentro pero, me entiendes, porque también hay que tener cuidado, o sea...".

Lo que se descubrió semanas después, una vez que la policía detuvo a José Luis Aneri, el cabecilla de la red, se incautó de sus ordenadores e imputó a varios miembros de las asociaciones profesionales, fue una trama organizada para captar ayudas públicas de empleo a través de cursos (presenciales y a través de Internet) que no se impartían. Miles de alumnos apuntados aseguraron no haber participado en ellos. Y la trama salpicó a viejos conocidos de los Gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, como el empresario Alfonso Tezanos, vocal en la directiva de la patronal madrileña CEIM y presidente de la organización de empresarios Fedecam, que fue detenido también en marzo de 2014. 

La imputación de la alto cargo de Ignacio González guarda relación directa con este diálogo grabado y con otras pruebas documentales que distintos testigos han aportado al caso. Ya el pasado noviembre, la instructora de la causa daba pistas de sus sospechas sobre la implicación de los dos últimos Gobiernos de la Comunidad cuando solicitaba que se identificase a todos los altos cargos del organigrama de las consejerías de Empleo entre 2010 y 2014 bajo los Gobiernos de Aguirre y González. Al frente del departamento de Empleo cuando tuvieron lugar estas prácticas estaba la consejera Ana Isabel Mariño, hoy senadora y diputada regional en la Asamblea de Madrid.

Transcripción completa de la charla en poder de la juez

Lo que sigue es el fragmento de la charla que mantuvieron el 20 de enero de 2014 la directora general de Formación del Gobierno de Ignacio González, Patricia Herrero García-Ramal,  y su subordinado, el subdirector general Joaquín Velázquez, sobre la posibilidad, planteada por este último, de llevar el fraude detectado a la Fiscalía. Lo que se reproduce es el contenido íntegro del audio en poder de la juez. 

Joaquín Velázquez. Lo mando el día 30 de diciembre, lo revisa y el 12 de enero me llega este documento, yo se lo paso a ella y ellos me dicen `la tripartita [una fundación en la que están presentes el Estado la patronal y los sindicatos], lo más normal que va a hacer la tripartita es depurar en la fase de liquidación solo estos casos casos concretos. 

Patricia Herrero. Coño, si te mandan un documento donde un alumno está metido y no existe...

J. V. Por eso, Patricia, tal vez nosotros hemos de ir a la Fiscalía o al SGT [Secretario General Técnico de la Consejería de Empleo, Alfonso Moreno, en aquel momento] diciendo que hemos detectado esto y que es un muestreo, del Caso Aneri o no, pero un muestreo, lo que nos hace intuir que probablemente haya muchos más casos, que no tenemos o sí tenemos medios suficientes, para seguir haciéndolo. Como yo te decía en el correo... Pero tengamos o no medios suficientes lo que nosotros hagamos no es prueba en el juicio o para nada en el futuro, tal vez deba quedar en manos de la Fiscalía o de letrados de la consejería o de quien sea pero que se revoque totalmente. 

P. H. Es que la Fiscalía... lo que se va a poner es a investigar aquí. 

J. V. Le doy la vuelta. 

P. H. No, no, joder, es que tú metes a la Fiscalía aquí y se va a meter contigo, codo con codo, a revisar tu trabajo. 

J. V. En todo caso, se ponga a revisar o no

P. H. A ver si por intentar cubrirte

J. V. No, no, a mí me lo pasa y yo considero... a mí me proponen lo de la Fiscalía y no lo considero una mala opción, aunque yo considero que no hay que entretener a la Fiscalía con tonterías. 

P. H. No no, lo que tenemos es que sancionar directamente estas cuestiones, no tenemos que meter a la fiscalía para que empiece a remover mierda, ¿sabes? O sea, en el fondo

J. V. Yo no lo sé pero si el SGT [Secretario General Técnico de la Consejería] se pronuncia es mucho mejor. Que te diga qué hay que hacer. Si te dice que esto es un muestreo de 30 de diciembre sobre unos expedientes muy concretos y el muestreo nos da como consecuencia que, imaginémonos, un 7% de los casos son falsos, un muestreo, el que sea, de lo que hemos detectado y que ahora se va a hacer un análisis de 1.000 casos más... Solo podemos funcionar con muetreos porque Carlos Ferrer de evaluación me dice ´Joaquín, es que nosotros lo único que tenemos es que llamamos por teléfono a una persona que era alumno supuestament´...

P. H. Y metistéis las claves para ver las fotos

J. V. Y le preguntamos al alumno y el alumno nos dice `yo no estuve allí´ y entonces nosotros lo anotamos y de eso resulta un informe que le pasa Valentín [Bote, entonces director general de Estrategia para el Empleo, el departamento al que correspondía hacer el seguimiento y la evaluación de las ayudas] y a Patricia y yo digo `bueno, Carlos, ¿qué medio de prueba tienes aparte de esto?´y él dice `no, es una llamada de teléfono´. Es que mañana podemos ir -porque yo le he sugerido a ellas también lo de la Fiscalía porque me lo dijeron ellos también lo de la Fiscalía- y entonces nosotros podemos ir a un juicio y llegar el alumno y decir `yo sí que estuve en el curso´y no ha quedado ninguna prueba de lo que el alumno ha dicho. 

P. H. Claro. 

J. V. Y no son autoridad, aunque sean funcionarios públicos, no son autoridad en este procedimiento para poder levantar un acta telefónica. 

P. H. No es lo mismo, sancionar a las asociaciones que levantar el tema a la Fiscalía. 

J. V. Yo no te digo que no se haga lo de las asociaciones. 

P. H. Vale, tú lo pones en comunicación de una fiscalía y vale, ya hemos pasado la bola a otros y nos cubrimos, vale, y ¿qué pasa? Ahí desembarca un equipo de la Fiscalía y empieza a mirar el trabajo de este señor y de todo su equipo y alguna irregularidad o alguna cosa mal seguro que hacemos por equivocación pero a ver... 

J. V. Yo no le tengo miedo. 

P. H. Hay que pensar bien. Yo se lo dice al viceconsejero [Van Hallen] y eso hay que pensarlo despacio porque al final estás metiendo a unos tipos ajenos aquí a que miren los historiales y miran toda la mierda, la mierda en el sentido del mundo de la formación, no la mierda que hay dentro pero me entiendes, porque también hay que tener cuidado, o sea. 

J. V. Miedo a nivel interno yo creo que no debe haber. 

P. H. Si no es miedo, si es que además te hace incómodo el día a día, si yo tengo a un tipo aquí sentado mientras yo trabajo, se hace incómodo. 

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