La Agencia Tributaria en Bilbao inicia la retirada del escudo franquista de su fachada... 9 años tarde

Llegó el día de ver caer al 'Aguilucho' franquista de la Agencia Tributaria en la capital vizcaína. Al menos de que se inicien los trabajos para ello. Desde que a finales del pasado año se conoció la noticia -largamente esperada por las asociaciones memorialistas en Euskadi- de que el Ayuntamiento de Bilbao había concedido, con dos años de retraso, la licencia para retirar este símbolo franquista era solo una cuestión de tiempo. Un vestigio de la etapa franquista que data de 1954.

La Agencia Tributaria decidió eliminar el escudo franquista del águila imperial que corona el edificio de su sede en Bilbao tras haber recibido el permiso correspondiente.“Si se había esperado tantos años para cumplir la ley de Zapatero, tampoco unos meses iban a suponer mucho”, apuntaban entonces desde los grupos que trabajan por la recuperación de la memoria histórica en el País Vasco.

Tres operarios -dos latinoamericanos y otro de origen africano- han comenzado a primera hora de este lunes los trabajos de montaje de la estructura de mecanotubo para poder retirar el escudo, que se encuentra en la fachada del edificio de la Agencia Tributaria, coronando el inmueble, propiedad de la Administración central. Los trabajos, en el mejor de los casos, se prolongarán por espacio de tres meses, según las primeras estimaciones.

La polémica ha rodeado a este símbolo franquista desde hace muchos años y las organizaciones memorialistas llevan exigiendo su retira desde la aprobación, el 26 de diciembre de 2007, de la ley estatal. La Ley de Memoria Histórica, en su artículo 15, es meridianamente clara sobre el futuro de todo este tipo de simbología franquista: “Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.

Es cierto que, en su artículo segundo, la ley señalaba excepciones. “Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley”. A ese artículo se han agarrado diferentes instituciones en toda España para intentar parar o, al menos, ralentizar la retirada de este tipo de simbología franquista.

Pero desde que se elaboró, por parte del Gobierno socialista presidido por Patxi López el catálogo de vestigios franquistas en 2012 -en los estertores de aquella legislatura que no llegó a durar cuatro años- había vía libre para que las instituciones retiraran el citado escudo franquista. Era ya una cuestión de iniciativa política.

El 20 de marzo de 2014, el Parlamento vasco acordó por unanimidad instar al Ejecutivo autonómico y a los ayuntamientos a que se completara “la retirada de los símbolos franquistas” que persisten en los edificios públicos, entre los que figuraba el escudo de la Agencia Tributaria en Bilbao.

“Símbolos singulares”

El plan para actuar ya estaba redactado por la comisión técnica creada por el Ejecutivo vasco previamente. La comisión estaba formada por miembros de la Asociación de Municipios Vascos Eudel, de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y del propio Gobierno vasco En él se incluían las recomendaciones para actuar, en coordinación con los municipios donde persiste aún este tipo de simbología, tanto en el callejero municipal y en las placas de las viviendas, como en los denominados “símbolos singulares”. En ese apartado se encontraban los dos enormes escudos franquistas situados en la fachada del edificio de la Agencia Tributaria, en la plaza Moyúa de Bilbao -el que ahora se va a retirar-, y el de la Subdelegación del Gobierno en Vitoria. El plan recordaba también el escudo de gran tamaño situado en el interior de la Catedral Nueva de la capital alavesa, que está en el acceso al Museo Diocesano de Arte Sacro, “apoyado por la Diputación Foral de Álava”.

La comisión interinstitucional, en octubre de 2012, ya recomendaba la “retirada” del escudo de la Hacienda española, pese a estar “incluido en los catálogos de interés cultural del Gobierno vasco”, se admitía, “teniendo en cuenta el impacto social que genera su presencia en el espacio público, al suponer una ”exaltación de los enfrentrados“. La comisión subrayaba en su dictamen que debía ”prevalecer una valoración ética de su presencia pública sobre los valores estéticos que pudiesen argumentarse para defender su mantenimiento, optándose por la retirada“. El nuevo Gobierno vasco, dirigido por el lehendakari Urkullu, dejó la responsabilidad del cumplimiento de la ley de memoria en manos de los municipios, que son los que en última instancia pueden aprobar la retirada de los vestigios franquistas. Pero siguieron pasando los años y no se acababa de tramitar la pertinente licencia para las obras.

Se da la circunstancia de que en 2002, el consistorio bilbaíno, en manos del PNV y con Iñaki Azkuna como regidor, denegó, a instancias de su Comisión del Patrimonio, el permiso a la Agencia Tributaria para que retirase el escudo franquista al estimar que contaba con “un alto valor escultórico”. Entonces todavía no había llegado a La Moncloa José Luis Rodríguez Zapatero ni las Cortes españolas habían aprobado la Ley de Memoria Histórica, que no vio la luz hasta diciembre de 2007. En febrero de 2015 se inició una campaña para el cumplimiento de la norma estatal en materia de memoria histórica con la denuncia contra 38 alcaldes, incluida la entonces alcaldes de Madrid, Ana Botella, por incumplimiento de la ley. Unos meses antes, la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña había llevado a los tribunales al consistorio para forzar la retirada de más de una veintena de símbolos franquistas en calles, plazas o avenidas. Desde entonces, la ola para exigir la retirada de los reductos del franquismo sigue inundando los municipios españoles.

A las 17: 55 de este lunes 22 de mayo de 2017, en Bilbao, los tres operarios seguían colocando la estructura de mecanotubo, ajenos a toda la polémica que ha rodeado al citado símbolo franquista. Casi nueve años y medio después de que se aprobara la Ley de Memoria Histórica. Los trabajos se prolongarán durante los próximos tres meses. El 'aguilucho' está herido de muerte. Es solo cuestión de tiempo verlo caer (ordenadamente).