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Cuando ELA exige 'dinero en B' para parar un conflicto

La Audiencia de Bizkaia condena a varios sindicalistas de la central nacionalista -en una sentencia pactada entre los acusados y la Fiscalía- a un año de prisión e inhabilitación especial por un delito de amenazas condicionales.

Algunos de los condenados fueron detenidos por la Guardia Civil cuando los empresarios amenazados hacían entrega de dinero en un maletín en la sede del sindicato a dos destacados dirigentes de ELA.

El conflicto al que se refiere la sentencia se produjo en 2012 en la empresa alavesa Transportes Tomás Acha.

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Que los sindicatos y algunos comités de empresa llevan en alguna ocasión los enfrentamientos con el patrón hasta bordear la legalidad no es nuevo. Pero a veces, la línea roja se cruza en algunos conflictos en los que la situación entre las partes ha llegado a un punto de no retorno tal que se pasa de las encarteladas y las consignas, a la amenaza.

Es lo que les ha pasado a sindicalistas de ELA, que han sido condenados por la Audiencia de Bizkaia -en una sentencia de conformidad pactada entre los acusados y la Fiscalía- a un año de prisión de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena por un delito de amenazas condicionales.

El conflicto al que se refiere la resolución judicial, que es firme, es el vivido en la empresa de transportes especiales Tomás Acha de Llodio desde finales de 2011 hasta parte del 2012. La empresa solicitó un ERE de extinción, que no fue aprobado por la autoridad laboral, y la situación laboral se descompuso hasta llegar a una huelga indefinida y un enfrentamiento sin cuartel con esta familia de empresarios, muy conocidos en la localidad alavesa.

En ese contexto, la sentencia considera como hecho probado que el secretario comarcal de ELA en la comarca Ibaizabal-Nerbioi y el entonces secretario de la Federación del Metal de la central nacionalista y mayoritaria "se reunieron el 23 de febrero en la sala de reuniones de la empresa" con Gorka Atxa, el "encargado de los asuntos legales de la mercantil propiedad de su padre, exigiéndole el pago en metálico y sin recibo, en "B", de la cantidad de 240.000 eurros por las indemnizaciones a trabajadores correspondientes a 25 días, siendo en la negociación del ERE donde se plasmaría el acuerdo del pago de los 20 días restantes".

Según los hechos probados de la sentencia, tras el pago de ese dinero, la central aceptaría cesar "el conflicto contra el mismo y su familia", un conflicto que hasta entonces había incluído "pancartas, carteles colocados en el centro de trabajo y domicilios familiares con texto como "Eres un mentiroso, paga" y con "dibujos de punto de mira y referencias a trabajadores que no secundaban la huelga, pintadas en el despacho" del empresario y de la empresa con la leyenda "hija de puta, zorra", al tiempo que se dirigían a los tres propietarios, hermanos, "en términos como el bueno, el feo y el malo, amenazas de muerte a familiares, lanzamientos de objetos y daños en la empresa, camiones y semirremolques".

Detenidos por la Guardia Civil

El 28 de febrero se celebró otra reunión en la que los acusados no aceptaron el pago parcial de la cantidad ofrecida por los tres hermanos, "posponiendo su recepción a fechas cercanas, comprometiéndose mientras tanto al cese del conflicto y la mentenimiento de una concentración sin ruidos". Un día más tarde, uno de los acusados concertó por teléfono con un miembro de la empresa "la entrega de 238.000 euros en la sede el sindicato ELA" en Basauri para el 2 de marzo de 2012, "cesando así el conflicto".

Ese día, los hermanos Atxa "acompañados de dos agentes de la Guardia Civil, presentados como personal del puerto, acudieron a la sede del sindicato" recibidos por miembros de la central, entre ellos el responsable de Pymes de la comarca Ibaizabal-Nerbioi de ELA y por el secretario de la Federación Gizalan de la citada central. Ambos fueron detenidos "en el momento en que se les hizo entrega de un maletín conteniendo dinero", según rezan los hechos probados de la sentencia.

Los acusados han llegado a un acuerdo con la Fiscalía, limitando la pena al concurrir la "atenuante cualificada de reparación del daño", lo que les libra de una pena que podía suponer el riesgo de ir a la cárcel.

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