El PP se resiste a retirar la “tarjeta de racionamiento”
A pesar de la solicitud de los colectivos integrados en la Plataforma por los Derechos Sociales de Vitoria y del apoyo de EH-Bildu y del PSE a su petición de retirada de la “tarjeta de racionamiento de alimentos” -así han bautizado al nuevo soporte municipal- la fórmula recién instaurada por el PP para gestionar las ayudas de alimentación seguirá vigente.
La concejala de Bienestar Social, Ainhoa Domaica, no se ha doblegado ante los argumentos contrarios a la nueva fórmula de reparto expuestos por el colectivo y respaldados por los grupos de la oposición. Ni siquiera las recomendaciones de las propias trabajadoras de los servicios sociales de base, que aconsejan la recuperación del antiguo sistema de ayudas económicas y así lo han reflejado en un documento aportado por EH-Bildu, han hecho variar la decisión tomada hace semanas por el equipo del popular Javier Maroto.
Entonces el Gobierno popular presentaba este nuevo modelo como garante del control de las ayudas sociales. Pretendían asegurarse de que las prestaciones llegasen a quienes realmente las necesitan, para que se destinen a su fin y cubran las necesidades de alimentación de las familias de Vitoria-Gasteiz. “Mediante el sistema se expulsa a quien se aproveche del sistema”, explicaba Domaica. ¿Cómo se acaba con el fraude que insinuaba la concejala? Con ese nuevo modelo de gestión que ya está funcionamiento.
Los perceptores de ayudas destinadas a la alimentación han dejado de recibir el dinero en metálico que se les otorgaba después de una valoración de las trabajadoras sociales. A partir de este mes se les entrega una tarjeta con el saldo que les corresponda para cubrir sus necesidades básicas. Los beneficiarios pueden adquirir los productos de primera necesidad presentes en un listado cerrado con esa tarjeta en la red de supermercados Simply, que son los únicos que disponen por el momento de la tecnología que permite el uso de estos soportes magnéticos. Si la experiencia piloto funciona como se espera, se ampliará la oferta de colaboración en este recurso social a otras superficies de Vitoria.
Listado cerrado de productos de primera necesidad
Mientras que el gobierno de Maroto no ve más que ventajas en esa nueva forma de gestión, la visión de los colectivos sociales y las propias trabajadoras de los servicios de base son bien diferentes. Los técnicos de intervención social desaconsejan el nuevo método adoptado porque supone “un retroceso hacia medios asistencialistas y de beneficencia” y elimina de raíz cualquier oportunidad de empoderamiento de esas personas condenándolas a la exclusión social.
La propia ordenanza reguladora del programa de prestaciones municipales se plantea como metodología de trabajo una atención integral de la persona basada en el refuerzo de su autodeterminación y en la potenciación de sus propios recursos y en los de su entorno familiar. “Esto desaparece con los criterios actuales”, denuncian las trabajadoras en su escrito. “El trabajo de los profesionales de intervención social debe fomentar la autonomía de estas personas. Este sistema supone un retroceso hacia medios asistencialistas y de beneficencia que van conllevar la estigmatización de los perceptores, un agravamiento de su precaria situación y un mayor riesgo de exclusión social”, concluye el documento.
Del mismo parecer son los integrantes de Elkartzen. “Si el argumento del fraude fuera verdad, lo lógico y exigible a cualquier administración, sería dar a conocer los datos de esos supuestos engaños. Pero como es costumbre en Ainhoa Domaica, se tira la piedra y se esconde la mano, porque no hace público ningún dato que lo corrobore”, critica el colectivo. Por ello solicitan a la concejala “un cambio drástico” tanto en sus políticas como en sus actitudes. “Que deje de crear falsas alarmas sociales que no tienen otro fin que la estigmatización de la pobreza y la discriminación, así como justificar unos recortes que no van a suponer sino unas dramáticas situaciones de exclusión y pobreza”. Le piden a la responsable de Asuntos Sociales que centre su preocupación en el aumento de las tasas de pobreza en la ciudad y en buscar los mecanismos y recursos necesarios para garantizar los derechos de las personas.
