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En el nombre de la RGI

Lanbide es la institución que gestiona la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

Eduardo Azumendi

La sensación de que el sistema de protección social de Euskadi, especialmente la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), está amenazado ha espoleado a movimientos y organizaciones sociales a salir en su defensa. Coordinados por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Euskadi (EAPN), estas organizaciones sociales han lanzado la campaña eskuBiDeak + Derechos +. Precisamente cuando la plataforma Ayudas más Justas está a punto de cerrar su captación de firmas en demanda de un endurecimiento en el acceso a la RGI. Esta plataforma fue impulsada por el alcalde de Vitoria, Javier Maroto. El discurso del regidor vitoriano es lo que ha puesto en guardia a las organizaciones sociales que observan con inquietud como el mensaje del alcalde está calando en una parte de la sociedad.

Las numerosas y diversas entidades que promueven la campaña eskuBiDeak + Derechos + “vemos con preocupación el aumento de la vulnerabilidad social, la pobreza y la exclusión en Euskadi. La población en riesgo de pobreza y exclusión social ha aumentado del 17,9% en el 2008 al 22,7% en el 2014; de 385.087 a 489.447 personas, 104.360 más”.

La RGI permite a unas 66.000 familias, 118.000 personas aproximadamente, vivir “con un mínimo nivel de dignidad, a la vez que posibilita que los índices de pobreza y exclusión sean en Euskadi inferiores a la media estatal y europea”, explican desde la EAPN. Alfonso López, coordinador de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Euskadi, enfatiza que “se está dando una imagen falsa de la RGI, hasta el punto de crear una división entre nosotros, los vascos, y ellos, los inmigrantes sin recursos”.

“El discurso de Maroto está calando en las tripas de la gente, no en la cabeza. Las ayudas no son para los inmigrantes. Se trata de un derecho subjetivo, cualquier persona sin recursos puede acceder a ella, sea inmigrante o nacional”.

La esperanza de López es que los mensajes en torno a la RGI no centren el debate electoral. “Hay dinero público muy mal empleado, una corrupción evidente, necesidad de mejorar los sistemas de salud y de educación….La RGI no puede copar la atención de los ciudadanos. Existe un fraude del 0,3% que hay que mejorar, pero ¿a cuánto asciende el fraude fiscal?”.

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