De pista forestal a carretera en pleno parque natural: dudas sobre la legalidad y los usos del Eje Norte de Guara, en Huesca

El anuncio de la ejecución del Eje Norte de Guara, una pista asfaltada de 15 kilómetros entre Bara y Las Bellostas, en el norte de la provincia de Huesca, ha provocado una reacción inmediata entre los colectivos vecinales y ecologistas. El proyecto, presentado públicamente el pasado 3 de noviembre en Las Bellostas, prevé una inversión total de ocho millones de euros y la construcción de un viaducto sobre el río Alcanadre para conectar los dos núcleos atravesando el corazón del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara.

La Asociación Guarguera Viva y Ecologistas en Acción acusan al Gobierno de Aragón y a la Diputación Provincial de Huesca, ambos gobernados por el PP, de promover una carretera “incompatible con la normativa del parque natural” y de hacerlo “con una declaración ambiental nula y un expediente repleto de irregularidades”.

“Lo que se propone no es una pista forestal asfaltada, sino una carretera nueva”, sostiene Guarguera Viva. Para esta asociación, el proyecto “no cumple con las características que la normativa de carreteras establece para una carretera. La causa de esta denominación incorrecta es que no se puede abrir una carretera nueva en un espacio protegido, y así se intenta conseguirlo con esta maniobra semántica. Pero la realidad sigue siendo que es una carretera nueva”.

La asociación, que agrupa a vecinos y personas vinculadas al valle del Guarga, afirma que el proyecto “no coincide con el que fue sometido a exposición pública” y que las modificaciones -entre ellas, un nuevo diseño del puente sobre el Alcanadre y su ubicación- hacen que la declaración de impacto ambiental (DIA) aprobada en 2022 “no sea válida”.

“El presentado en Las Bellostas no es el proyecto que se sometió a exposición al público ni corresponde a la DIA aprobada, que además presenta serios problemas en su elaboración y tramitación”, señalan, y “el puente tampoco es el mismo: ahora es una estructura metálica y en otra ubicación”.

Por estas razones, Guarguera Viva solicitó formalmente una revisión de oficio de la DIA, un procedimiento que sigue abierto ante el Gobierno de Aragón. Según la asociación, “la secretaría general técnica del Departamento de Medio Ambiente y Turismo ha requerido hasta en tres ocasiones al INAGA (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental), organismo del Gobierno de Aragón, la remisión completa del expediente electrónico de la DIA, y a fecha de hoy no se ha enviado”.

En un escrito dirigido al consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, con fecha 12 de octubre de este año, Guarguera Viva amplía sus argumentos jurídicos y asegura que la DIA “es nula de pleno derecho”. “El plazo improrrogable de cuatro meses para la emisión de la DIA estaba finalizado y, por tanto, su sentido era desfavorable, por lo que la resolución favorable de 19 de diciembre de 2022 resulta ser nula de pleno derecho”, afirma la entidad.

El documento añade que los informes técnicos en que se basó la declaración “no estaban suscritos por nadie, esto es, eran a todos los efectos inexistentes”, y que “el sentido de la DIA estaba predeterminado, pues fue anunciado en una reunión y en declaraciones a la prensa casi dos meses antes de su aprobación oficial”.

Guarguera Viva denuncia también que el INAGA no ha permitido a la asociación acceder de forma completa al expediente, pese a ser parte interesada. “No se nos ha facilitado el acceso electrónico al expediente de revisión de oficio”, lamenta, y pide al Gobierno de Aragón “depurar las responsabilidades legales, incluso penales, en las que puede haberse incurrido”.

“Una vía estratégica y sostenible”

El Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Huesca defienden el Eje Norte de Guara como una infraestructura “estratégica” para el desarrollo del norte del parque. Según la adenda firmada por ambas instituciones, la pista “permitirá mejorar la accesibilidad, reforzar la seguridad vial y garantizar un acceso sostenible y compatible con la protección del entorno natural”.

El proyecto, aseguran, ya cuenta con declaración de impacto ambiental favorable de la CHE, informe positivo de Patrimonio y autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro para el puente, y se ejecutará “con pleno respeto a los valores del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara”.

El consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón Manuel Blasco ha destacado que la obra “facilitará la labor de los servicios de emergencia, favorecerá el turismo familiar y de naturaleza, y mejorará la accesibilidad para personas con discapacidad”. El presidente de la Diputación, Isaac Claver, la presenta como “una inversión clave para unir los valles del norte de Guara y dinamizar su economía”.

Fuentes del ejecutivo autonómico replican a las críticas que el proyecto “se ciñe” al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del parque y a su Plan Rector de Uso y Gestión, que identifican el Eje Norte como una prioridad para mejorar la accesibilidad y reforzar la cohesión territorial. Añaden que el proyecto “es el original y no se han producido modificaciones en el mismo”. Además, el proceso del expediente de revisión de oficio del DIA reclamado por Guarguera Viva “sigue su proceso” y “no se deniega información a cualquier colectivo o ciudadano que la solicite”.

Ecologistas en Acción comparte las críticas y considera “incomprensible” el aumento de coste del proyecto desde los 3,37 millones de euros previstos en 2021 hasta los ocho millones actuales. “No se han dado detalles del incremento necesario, ni de las partidas ni de las modificaciones del proyecto”, señala la organización.

La entidad defiende que las inversiones públicas deberían centrarse en mejorar la pista existente entre Las Bellostas y Nasarre, “lo que satisfaría las necesidades reales del territorio y favorecería el acceso ganadero, forestal y vecinal”. “Con un presupuesto ínfimamente menor se lograría resolver las demandas reales del territorio. Un simple arreglo de las infraestructuras existentes, abandonadas desde hace décadas”, afirma Ecologistas en Acción.

El colectivo rechaza la nueva apertura de tres kilómetros de trazado y la construcción de un gran viaducto sobre el Alcanadre: “Nadie necesita desplazarse desde Bara hasta Nasarre, ni viceversa. Un vado sería suficiente para facilitar el cruce del río a los habitantes de Bara”. Para Ecologistas, la actuación responde a un modelo turístico “que no beneficia a quienes habitan la zona, sino a intereses externos”. “Se destina dinero público a proyectos que sólo beneficiarán a unos pocos, mientras se olvidan las necesidades básicas de la población”, concluyen.

Denuncias ante la CHE, el Justicia y la Fiscalía

Las críticas no se limitan al plano ambiental. Guarguera Viva subraya que el procedimiento administrativo del Eje Norte acumula reclamaciones ante varios organismos. El pasado julio, la asociación presentó alegaciones formales ante la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y el Ministerio para la Transición Ecológica, cuestionando la autorización del nuevo puente.

La asociación informa también de la existencia de una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente en Madrid “sobre las afecciones ambientales de una nueva carretera en un espacio protegido que acumula hasta 14 figuras de protección”. Y mantiene abierta una queja ante el Justicia de Aragón en la que documenta las deficiencias del expediente y la falta de acceso a la información.

Más allá del conflicto legal, la asociación denuncia el contraste entre la inversión prevista para el Eje Norte y la situación de abandono de las infraestructuras básicas de la Guarguera, una de las zonas más despobladas del Alto Aragón.

“Tenemos sólo acondicionado un tercio de la carretera A-1604, nuestros servicios básicos están en un estado precario, los accesos a los pueblos también, internet, la electricidad, la telefonía móvil… muchas necesidades en el valle que hacen difícil entender que existan ocho millones de euros disponibles para una nueva carretera en espacios protegidos”, lamentan los vecinos de la zona.

La entidad considera que el dinero “debería destinarse a mejorar la vida de la población y no a proyectos en la sombra”, y cuestiona que una obra de esa envergadura pueda justificarse como medida de cohesión territorial.