Una madre y su hija, víctimas de violencia de género, son desahuciadas junto a sus dos hijos menores en Catarroja

Este miércoles ha tenido lugar en el municipio de Catarroja el desahucio de una familia compuesta por Maite, de cerca de 60 años, quien vivía con sus hijas Teresa y Lucía —esta última de 10 años— y con su nieto Juan José, de solo 2 años, hijo de Teresa. Maite y Teresa son víctimas de violencia de género; además, uno de los agresores se encuentra actualmente en prisión.

Este es el segundo intento de desahucio que sufren; el primero fue paralizado en los juzgados. La familia, en situación de vulnerabilidad reconocida, llevaba 10 años viviendo de alquiler en esta vivienda. Ahora se encuentran en una situación crítica: subsisten con un sueldo de 480 euros, ya que Maite está de baja por una fractura de menisco. Estas circunstancias les dificultan acceder a cualquier otra alternativa habitacional.

La vivienda pertenece a un gran tenedor particular que se dedica a la compraventa de viviendas en subastas para especular, según ha denunciado el Sindicat d’Habitatge. El propietario no ha querido hacer declaraciones ni hablar con la familia, a la que ni siquiera ha concedido unos días para retirar sus pertenencias.

El Sindicat d’Habitatge de València convocó una concentración para tratar de detener el desahucio. Según explica Quique, portavoz del sindicato, también habían contactado con los comités sociales surgidos tras la dana, que cuentan con estructuras propias en los pueblos de L'Horta Sud, para tratar de movilizar a más gente. La idea era concentrar al mayor número de personas posible para presionar. Han intentado negociar, sin éxito, con la comitiva judicial para que se pusiera en contacto con los juzgados de cara a pedir un aplazamiento, pero finalmente se han negado a hacerlo. Desde el sindicato han ayudado a la familia a bajar sus pertenencias, y un conocido se ha acercado en coche para trasladarlas.

Ahora solo pueden recurrir a los servicios sociales para ver qué alternativas les ofrecen. Aunque, según comunica Quique, la alternativa probablemente sea un albergue en el que podrían separarlas, puesto que conforman dos núcleos familiares distintos. Antes, la única solución que habían recibido por parte de los servicios sociales fue indicarles que llamaran a los servicios de atención de urgencias sociales, donde les dieron cita para el 7 de julio.

Ante esta situación, el Sindicat d’Habitatge de València, que afronta cuatro desahucios en cinco días, denuncia que este caso no es aislado y forma parte de una crisis cada vez más cruel: “La única valoración que podemos hacer es que esto es un crimen, no hay derecho a que esto suceda y no hay derecho a que las instituciones defiendan a los rentistas”, concluye el portavoz del sindicato.