PP y Vox aprueban su investigación “fake” sobre la dana obviando los Whatsapp del Gobierno valenciano

El pleno de las Corts ha dado el carpetazo definitivo a la comisión de investigación de la dana con la aprobación gracias a los votos del PP y de Vox del dictamen final calificado como “fake” por las asociaciones de víctimas mayoritarias, cuyos representantes han presenciado la sesión desde la zona de invitados del hemiciclo. También ha estado en su escaño y ha votado a favor junto al resto del grupo popular el expresidente, Carlos Mazón.

Aunque la votación de las conclusiones se ha abordado en la sesión vespertina, por la mañana, al inicio del pleno, la portavoz adjunta de Compromís, Isaura Navarro, ha pedido que se retirara del orden del día argumentando que el chat del grupo de Whatsapp del Consell, que se conoció días después del cierre de la comisión de investigación, invalida el dictamen. Tanto el PP como Vox se han opuesto, lo que ha posibilitado su aprobación por la tarde. En los mencionados mensajes se evidencia que desde primera hora de la mañana los responsables de la Generalitat eran conscientes del peligro que podía darse aquella trágica jornada del 29 de octubre de 2024.

Precisamente, el portavoz de coalición valencianista, Joan Baldoví, ha protagonizado uno de los momentos más tensos durante la mañana cuando ha recordado lo que escribió el expresidente, Carlos Mazón: “A las 8.00 de la mañana del 29 de octubre de 2024 Carlos Mazón dijo vamos a inundar a los medios de datos, desprende sensación de estar alerta que te cagas, después desapareció y se encerró en un reservado mientras morían 230 personas”, momento en el que Mazón, al escucharlo desde su escaño ha soltado una carcajada.

Ya por la tarde, antes del debate de aprobación del dictamen, la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales dana del 29 de octubre, Rosa Álvarez, ha considerado “una vergüenza” el cierre de la comisión de investigación de Les Corts sobre la gestión de la dana, y ha criticado que Carlos Mazón siga ocupando un escaño en Les Corts y siga “riéndose de las víctimas”.

Las tres asociaciones mayoritarias de víctimas han sido invitadas por el PSPV y Compromís al pleno de Les Corts Valencianes para presenciar la aprobación definitiva del dictamen de conclusiones de la comisión de investigación parlamentaria de la dana presentado por el PP y por Vox.

“Queremos presenciar la vergüenza de que cierren una comisión de investigación que desde el primer momento dijimos que era una investigación 'fake'” porque no se ha llamado a declarar a las dos personas investigadas en la causa judicial: la exconsellera Salomé Pradas y el secretario autonómico Emilio Argüeso, ha dicho Álvarez quien también ha pedido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que “se deje de las joyas de la abuela [en referencia a Zapatero] y se centre en que aquí hay 230 víctimas que necesitan respuesta” y que Mazón “esté fuera de la política”.

Indignación del PSPV y Compromís

El PSPV y Compromís han defendido sus votos particulares al dictamen, que han sido rechazados, en los que denuncian que el PP y Vox han instrumentalizado la comisión para proteger al Consell, que no ha habido interés por investigar la gestión de la dana y que la comisión se ha cerrado de forma precipitada y sin justificación, y exigen la constitución de una verdadera comisión de investigación.

La socialista Alicia Andújar ha asegurado que esta comisión “no pasará a la historia por intentar esclarecer la verdad sobre la muerte de 230 personas”, sino por ser “una comisión de exculpación” y para “encubrir” la gestión del Consell del Carlos Mazón, y ha advertido de que esta comisión es “ilegal”.

Isaura Navarro (Compromís) ha considerado “inviable” hacer un dictamen con la documentación aportada y las comparecencias llevadas a cabo; ha afirmado que el PP y Vox “nunca han querido saber la verdad”, y ha prometido que ganarán las elecciones y reabrirán la comisión “para que se sepa toda la verdad”.

El síndic del PP, Fernando Pastor, ha defendido el dictamen porque “no nace en un despacho ni de una consigna o de un relato”, sino de las comparecencias, del trabajo y de la documentación recibida en una comisión que, según ha destacado, ha hecho “el ejercicio de participación más amplio” y en el que “no ha habido vetos”.

El síndic de Vox, José María Llanos, ha celebrado que la comisión haya llegado a su fin y haya podido presentar sus conclusiones, pese a que sus trabajos han estado “mermados por la ausencia de comparecientes e información por parte del Gobierno de España”.

Los bulos del dictamen aprobado por el PP y Vox

Como informó elDiario.es, el documento de PP y Vox, de 126 páginas, señala que existía cobertura legal para que el Estado hubiera asumido la dirección de la emergencia y critica tanto las “deficiencias” en la información meteorológica e hidrológica transmitida durante la emergencia como la falta de ejecución por el Gobierno central de infraestructuras hídricas en zonas de riesgo.

Además, dedica gran parte de las conclusiones a derivar la responsabilidad de la gestión de la catástrofe al Gobierno por no haber declarado la emergencia nacional que se puede activar a petición de la autonomía o de oficio por el ejecutivo central, algo que no hizo porque el expresidente Carlos Mazón se opuso. De hecho, en su comparecencia para presentar su dimisión afirmó que uno de sus errores fue no pedir la declaración de emergencia nacional, reconociendo además que hizo caso omiso a la recomendación de su líder Alberto Núñez Feijóo.

A ello se une que tanto la jueza instructora como la Audiencia de Valencia han avalado por activa y por pasiva que la Generalitat Valenciana era la responsable de gestionar la catástrofe. De hecho, en uno de sus autos, la magistrada del juzgado de Catarroja que investiga el caso afirmó que “las víctimas no necesitaban la emergencia nacional sino la acción de la Administración autonómica”, es decir, que se les avisara con tiempo.

Las conclusiones también recurren al bulo del apagón informativo, amplia y reiteradamente desmontado por ambas instancias judiciales: “A lo largo de la Comisión, existe una coincidencia al concluir que la toma de decisiones se desarrolló en un contexto de elevada incertidumbre, derivado de deficiencias en la transmisión de datos hidrológicos, limitaciones en los sistemas de predicción y problemas en la integración de la información en tiempo real. Esta situación ha sido descrita como un auténtico apagón informativo, especialmente en relación con la información procedente de la Confederación Hidrográfica del Júcar”.

Sin embargo, en base a la misma información, la Universitat de València suspendió sus clases, lo mismo que diversos ayuntamientos como el de Utiel, y la Diputación de Valencia mandó a todos sus funcionarios a casa por las previsiones de la Aemet, las mismas que sirvieron a la embajada de Japón para recomendar el 28 de octubre, un día antes de la dana, a sus ciudadanos ubicados en la provincia que se preparan para una situación de emergencia,

Además, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) mandó a Emergencias numerosos correos de pluviometría y de caudales por superación de umbrales. Uno de los primeros ingenieros en declarar como testigo en el juzgado, en concreto el ingeniero de caminos de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), Francisco Vallés, destacó el papel de la Aemet: “Sus predicciones tenían que haberse tenido en cuenta. Hay que tomarse en serio a Aemet, que hizo un gran papel avisando desde días anteriores”.

Por último, atribuye también el escrito de conclusiones un amplio apartado para las obras hidráulicas no ejecutadas. Si bien es cierto que atribuye a la responsabilidad a “los sucesivos gobiernos de la nación”, la realidad es que como evidenció el vicepresidente para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols, el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018) dejó sin ejecutar las obras de encauzamiento por los recortes derivados de la crisis económica, lo que, en consecuencia, hizo caducar la declaración de impacto ambiental y obligó a tramitarla de nuevo.