Tomarse en serio la responsabilidad política
Vivimos malos tiempos para nuestra joven democracia, envejecida de pronto. No sólo sufre achaques propios de la edad, de la complejidad de nuestras sociedades; últimamente tiene espasmos, como los de un animal viejo y moribundo, que no tienen que ver con el paso del tiempo. La crisis financiera, americana o transatlántica, fue el origen pero no es hoy la causa principal. Provocó los primeros síntomas, básicamente por confundir la economía libre de mercado con un capitalismo sin alma, despiadado, que no defendería ni Adam Smith. Hoy, con todo, la cosa es mucho más seria. Esa crisis financiera mutó en muy poco tiempo, particularmente en nuestro país, y se transformó en una crisis total: económica, social e institucional. Los demonios del pasado despertaron de pronto.
Mientras tanto, el gobierno de Rajoy no ha dado con la medicina. 15 meses después de su aplastante victoria electoral, el paciente está más grave. Prometió unos tratamientos y ha aplicado los contrarios, guiado por un deber inescrutable, que sólo él conoce. Enredado en primas de riesgo y contenciones del déficit, recortes y promesas incumplidas, el gobierno de Rajoy ha terminado por desahuciar a una buena parte de la sociedad. Ha retirado casi todas las redes de protección que servían de vacuna, y muchos ciudadanos han caído al vacío y lo siguen haciendo. Solos, desamparados. La política y el Estado empiezan a no tener sentido para ellos. Los primeros espasmos de nuestra democracia hacen acto de presencia.
El déficit o la prima de riesgo le han ganado la batalla a la solidaridad, el peor liberalismo al constitucionalismo social, el dinero, muchas veces sucio, a la igualdad de oportunidades. A la vez que esos ciudadanos caen, pensando en cómo será el golpe y si podrán recuperarse, otros, más afortunados, contemplamos estupefactos la orgía de corrupción que cada día nos cuentan los periódicos. Primero no te lo puedes creer; luego te parece increíble. En lugar de informar y de explicar, casi sería una cuestión de delicadeza, pero por supuesto es mucho más que eso, los afectados sólo niegan y, en muchos casos, con secretos y mentiras. Unos se parapetan en la mayoría parlamentaria; otros se esconden detrás del principio de presunción de inocencia. Una y otro, valiosísimos, por supuesto, pero ambos torticeramente utilizados. Más espasmos. Parecen agónicos. Impiden debates parlamentarios o comisiones de investigación al tiempo que presumen de una nueva ley de transparencia. La corrupción ha existido siempre, más en las dictaduras que en las democracias, y siempre existirá. Lo sabemos. Está en la condición humana, particularmente en la de algunos hombres, esos que hacen que el dinero trabaje para ellos frente a la mayoría de los mortales que, como le dice Paul Auster a John Coetzee, trabajan para ganarlo, para vivir dignamente. Pero si la crisis total nos hiere gravemente, la corrupción que no se afronta y no se combate termina matándonos. Debemos prevenirla primero, obstaculizarla al máximo y, para los casos que se escapen, castigarla con ejemplaridad, con determinación.
En el espacio público, hacen falta reglas claras, compartidas, obligatorias e iguales para todos. Una ética política que diría Thompson. Los partidos, particularmente los dos mayoritarios, deben llegar a acuerdos en esta materia y tomarse en serio un concepto fundamental: el de responsabilidad política. Frente a una acusación relevante, con indicios razonables de verosimilitud, se debe dimitir inmediatamente, con la cabeza alta si uno está seguro de su conducta y, por supuesto, sin alegar la presunción de inocencia, ni esperar a una sentencia condenatoria. La defensa política siempre es con buenas razones, si se tienen, sobre el fondo del asunto, ofrecidas con todo lujo de detalles ante el tribunal de la opinión pública y el Parlamento. La responsabilidad penal tiene otra lógica, sin duda más garantista, como debe ser, en donde uno puede legítimamente no declarar contra sí mismo. La responsabilidad política, materializada en forma de dimisión o de cese, no es por tanto por cometer un delito (no necesariamente; por supuesto, si hay delito, con mayor razón) sino, precisamente, por ser un irresponsable: directamente, si se ha llevado a cabo una conducta irregular, inaceptable, incompatible con el cargo, o poco ejemplar como diría el Jefe del Estado; indirectamente, si se ha elegido mal a un subordinado o si no se le ha vigilado con la diligencia suficiente cuando es éste el que ha hecho la fechoría, el que ha tenido esa conducta irregular, inaceptable, incompatible con el cargo. Por supuesto, la acusación debe ser suficientemente grave y los indicios sólidos, como los son, por cierto, en todos los casos que venimos conociendo en los últimos tiempos.
Un ejemplo de argumento defensivo no válido, en la línea de lo que vengo diciendo, es el de la prescripción de los delitos. Éste vale sólo en el ámbito penal. Tampoco es aceptable aumentar la responsabilidad con mentiras o medias verdades, como ha hecho el partido popular en relación con Bárcenas, sus finiquitos o la duración de su contrato laboral. La mentira pública aquí es una razón que opera por si sola para que haya dimisiones, de los que mintieron directamente o de los que les hicieron mentir. Ni Maquiavelo, ni Constant en su debate con Rousseau o Kant, aceptarían su justificación cuando está al servicio de la corrupción.
La política en democracia es una cosa seria y exige respeto y sobre todo auto-respeto por parte de nuestros representantes. Nuestra democracia parlamentaria no puede entrar en una agonía definitiva. No hay alternativas totales, y si las que hay, son peores. Tampoco creo que haya que moralizar en exceso. Y me revelo frente a la afirmación, o pueril o populista, de que todos los políticos son iguales. Es un nihilismo, un fatalismo, en el que no podemos caer. Debería bastar con cumplir las leyes y, en este punto, sobre todo, con dedicarse al servicio público honestamente, honradamente. Con sentido político de la responsabilidad. Nuestra joven democracia está en juego.
