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Gobierno y Junta 'improvisan' mil millones para una Andalucía en elecciones, pero sin garantías de pago

La ministra de Hacienda ofrece una salida política a Susana Díaz en forma de mil millones que podrá esgrimir en la campaña, pero aparca la financiación extra para empleo, dependencia y compensación interterritorial que pedía la Junta

La negociación con Podemos para asegurar la estabilidad del Gobierno ha dificultado los compromisos con Andalucía, aunque sí se garantiza por primera vez el ajuste de la inversión estatal al peso poblacional de la región, como recoge el Estatuto

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El consejero Ramírez de Arellano y la ministra María Jesús Montero

El consejero Ramírez de Arellano y la ministra María Jesús Montero

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han pactado esta semana los Presupuestos Generales del Estado para 2019. El documento, de marcado perfil progresista, aún necesita sumar los votos del PNV y de los independentistas y nacionalistas catalanes para salir adelante en el Congreso, pero en sí mismo ya representa un acuerdo de gran relevancia más allá de los números: al suscribir este pacto presupuestario, Podemos se ata políticamente al PSOE y reafirma su papel de socio preferente del Gobierno.

Este nuevo escenario –si culmina en la aprobación de los Presupuestos- concede cierta estabilidad al Ejecutivo y redimensiona la longitud de la legislatura, aplacando temporalmente el runrún de un adelanto electoral. Estas cuentas van a permitir a Sánchez hacer política con números de izquierdas, y no con los cálculos financieros y el marco fiscal heredados del anterior Gobierno de Mariano Rajoy. La intensa negociación de los últimos días entre el Ministerio de Hacienda y la cúpula de Podemos ha sido mucho más que un pacto de números. “Nos estábamos jugando la continuidad del Gobierno”, admiten en Moncloa.

Y aquí aparece la mano alzada de Andalucía. En mitad de esta frenética negociación en la que el Gobierno pensaba que estaba jugándose el todo por el todo, la presidenta Susana Díaz logró encajonar en la agenda de la ministra de Hacienda una reunión extemporánea con su consejero del ramo, Antonio Ramírez de Arellano.

El miércoles, el día clave para cerrar el pacto presupuestario, la ministra andaluza María Jesús Montero abandonó sus despachos con Pablo Echenique y el resto de negociadores de Podemos para recibir un rato al que ahora ocupa su puesto en la Junta. Puede que Sánchez se estuviera jugando el Gobierno, pero Díaz acababa de abrir la precampaña para las elecciones andaluzas del 2 de diciembre.

Expectativas altas

La Junta de Andalucía había publicitado esta reunión “bilateral” cargándola de muchas expectativas políticas: la propia presidenta dijo que aquí “se concretarían” todas las medidas en materia de financiación e inversiones para Andalucía comprometidas por Pedro Sánchez durante su visita a Moncloa, el pasado julio. Díaz salió de aquella reunión con una larga lista de “medidas concretas” que luego no han cristalizado en el encuentro entre Montero y Arellano: una inyección "inmediata" de capital en efectivo; un plan de empleo extraordinario en los próximos Presupuestos; financiación extra para sustentar el sistema de dependencia y un incremento sustancial de las inversiones para desbloquear proyectos clave, como el corredor ferroviario de Algeciras-Bobadilla, la ampliación del Metro de Sevilla o el AVE a Granada. 

Pedro Sánchez y Susana Díaz se saludan en su primera reunión en Moncloa.

Pedro Sánchez y Susana Díaz se saludan en su primera reunión en Moncloa. EFE

Para empezar, Andalucía iba a recibir “de forma inminente” 500 millones de euros, una “inyección de oxígeno” que surgiría de la relajación del déficit a las comunidades (350 millones de euros) y de las entregas a cuenta para los presupuestos del año que viene (150 millones). No ha ocurrido. Se trataba de un dinero “virtual” que dependía, en gran parte, de que el Gobierno lograse aprobar la senda de estabilidad, algo que no llegó a suceder, porque la oposición votó en contra.

Desde la Junta, se trasladó la idea de que el consejero Ramírez de Arellano saldría del despacho de Montero con un fajo de millones para Andalucía que servirían a Susana Díaz como punta de lanza para la campaña electoral. Se trasladó un optimismo recalcitrante, se remarcó que el horizonte financiero andaluz estaba en manos de una andaluza, María Jesús Montero, que ayer era consejera de Hacienda y hoy ministra, que ayer cuantificaba las facturas pendientes del Estado con Andalucía, y hoy estaba en condiciones de saldar esas mismas “deudas”. Pero Montero estaba intentado cuadrar el sudoku de ingresos y gastos para todo el país y apuntalar al Gobierno de Sánchez.

La reunión andaluza se reprogramó dos veces –primero el 8 de octubre (cuando Díaz anunció el adelanto electoral)- y luego el día 10. El Ministerio de Hacienda tenía todos los sentidos fijos en la negociación con Podemos, que en las últimas horas había amagado con negar su apoyo a la propuesta presupuestaria. Se intentó convencer a Andalucía de que no era el momento de pararse a hablar de inversiones regionales, de que no habría nada que inyectar a esta comunidad si el pacto con Podemos se estancaba y si el Gobierno no contaba con un marco presupuestario que enviar a Bruselas antes de la fecha límite (el próximo lunes 15). Pero Andalucía estaba al borde de un adelanto electoral y forzó el encuentro.

Buscando mil millones 

Fuentes de Podemos explican que a las nueve de la noche del miércoles el pacto presupuestario aún no estaba consensuado del todo. Sobre esa hora compareció el consejero andaluz de Hacienda, tras su reunión fugaz con Montero, para anunciar el compromiso “muy firme” del Ejecutivo central de inyectar “mil millones de euros adicionales” a Andalucía en 2019. Se anunció un acuerdo de financiación con la Junta antes de que existiera el marco presupuestario estatal que lo haría posible. La consejería distribuyó una nota desglosando esos mil millones en tres partidas, aunque la suma total que aportó llegaba sólo a 900 millones. 

¿De dónde salían esos mil millones? El pasado agosto, Ramírez de Arellano explicó en una entrevista a Europa Press que el Gobierno de Sánchez tenía "un amplio margen de maniobra" de cara a los PGE de 2019 para incrementar la dotación de Andalucía en más de mil millones de euros.

El consejero dio la misma cifra, pero usó conceptos distintos que no se han satisfecho: la Junta reclamaba un incremento de 300 millones por el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI); otros 300 millones para la financiación del sistema de Dependencia; 130 millones de compensación por la retirada a las comunidades, por parte del anterior Ejecutivo del PP, del impuesto sobre depósitos bancarios, y un incremento en 350 millones en la partida de inversiones. De todos ellos, "el más urgente" de resolver era el agujero de la Dependencia, "porque el anterior Gobierno del PP ha dejado un déficit de casi 500 millones al no asumir el 50% de financiación que le correspondía en Andalucía”.

La Interventora General se remite a Montoro para negar gasto público en el 1-O

El ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Congreso. EFE

La reunión entre Montero y Arellano no abrió ninguno de esos debates, pero la ministra logró dar una salida política digna a la Junta recalculando al alza otros conceptos para llegar a esos mil millones. El dinero llegaría por tres vías distintas: inversiones, devolución del IVA y compensación por la tasa a los depósitos bancarios. El primero es el más tangible políticamente: es el compromiso de que las inversiones del Estado en los próximos Presupuestos se ajustarán al peso poblacional de Andalucía.

Es decir, representarán el 18% del gasto total para infraestructuras del país, cumpliendo así con la Disposición Adicional Tercera (DAT) del Estatuto andaluz, que ni Zapatero ni Rajoy llegaron a ejecutar nunca. Aun sin las cuentas de 2019 aprobadas, la inversión estatal para Andalucía se ha cifrado en 300 millones de euros adicionales. Así se saldaría el compromiso político, pero no el económico. 

La diferencia, tras seis años consecutivos de incumplimientos, es irrelevante. Al menos así lo calificó la propia Montero a principios de año al hacer balance de los Presupuestos de 2018 de Rajoy. La Junta sostiene que necesita 2.000 millones extra para tener un desarrollo ferroviario adecuado. Sólo la línea Granada-Almería necesita una inversión de 320 millones, según cálculos de Hacienda, y la conexión estratégica de Algeciras-Bobadilla está presupuestada en 1.300 millones.

Cálculos al alza

Los otros dos conceptos son devoluciones fiscales. Una parte es dinero extra para “corregir el mal cálculo” que hizo el anterior ministro de Hacienda sobre la devolución del IVA a las comunidades, algo que ni siquiera estaba en el cuadernillo de Arellano, pero la Montero se lo conocía al dedillo. Ese desfase se ha cifrado ahora en 400 millones, cien millones más de lo que calculó la ministra cuando era consejera. 

Hace seis meses, Montero acusaba a su antecesor, Cristóbal Montoro, de haberle arrebatado a Andalucía 300 millones de la recaudación de 2017. Ese año hubo una modificación del sistema de información inmediata del IVA, de modo que se computaron 11 meses de recaudación, en vez de 12, permitiendo a las empresas demorarse 30 días en la recaudación. Ahora, la ministra se ha comprometido a corregir ese déficit en la liquidación de las entregas a cuenta de 2017, que se ingresarían en las arcas andaluzas en julio del año que viene.

La última partida de dinero -otros 200 millones extra- debe pasar primero por una comisión bilateral Junta-Estado, que determine la compensación que el Gobierno debe a Andalucía por haber liquidado el impuesto de depósitos bancarios, una tasa que la Junta ya tenía en marcha cuando Montoro la eliminó para toda España. Arellano cifró la compensación en 130 millones y Montero le ha prometido 200. La compensación que ha recibido Andalucía del Estado por este concepto para los últimos tres años, según datos aportados por la consejería, es de 171,6 millones en 2016; 176,9 millones en 2017 y 180,6 millones en 2018.

Todo este baile de números y conceptos abstractos encierran el objetivo mutuo, de Montero y Arellano, por facilitar al Gobierno andaluz una salida política en un momento muy complicado en el que la negociación se situaba claramente en el despacho de al lado. “Si la ministra no fuera andaluza y no se conociera al dedillo lo que necesita Andalucía, ni siquiera habríamos tenido respuesta. No habría habido reunión”, admiten fuentes del Ejecutivo autonómico.

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