¿Salud solo garantizada para quien pague su PCR?

Hoy es increíble qué temas eclipsaban hace un mes lo peligroso del virus que avanzaba de China a Italia. Pero ahora que el Covid-19 lo copa todo -salud, economía, educación, psicología, desafío democrático-, de nuevo el ruido tapa lo esencial: los tests PCR.

Lo único claro a nivel mundial es que hasta que haya vacuna, el modo de recuperar la vida al aire libre sin grave riesgo sanitario es haciendo PCR masivos. Hay que lograr que los contagiados que en la primera semana no tienen síntomas se queden en casa y rastrear a sus contactos y hacerles PCR para que los positivos también se confinen. Pero en España hasta la semana pasada se han hecho solo 20.000 tests diarios. 900.000 en mes y medio, pero a menos personas porque a cada enfermo se les suelen repetir. Es una cifra bajísima. Idéntica a la de Reino Unido, inferior a los 60.000 diarios de Italia y superior a la de Francia, de 12.000 al día.

Son tan pocos -frente a Alemania que hace 116.000 al día- por la falta del material para crearlos: reactivos y kits de extracción que escasean por la desbocada demanda global a la que laboratorios como Qiagen, Roche, BioMerieux o Thermo Fischer no dan abasto. Organismos públicos como el CSIC o universidades esperan el visto bueno para producirlos. Sin PCR, ¿cómo confinar a nadie en las Arcas de Noé? Debatir si es legal queda en un segundo paso si no hay capacidad para detectar a positivos asintomáticos.

Hay tests PCR para quienes pagan al negocio privado

En este grave contexto, sin embargo, no ha conmocionado que el Gobierno publique la Orden SND/344/2020 en el BOE del 13 de abril sobre los tests que hacen las clínicas privadas. ¿Cómo? ¿Que un mes después de decretar el Estado de Alarma podía hacerse PCR en la privada quien pagara? Sí. Pero aún peor. ¡Tras la Orden pueden seguir haciéndoselos!

Pese a titulares y titulares de que el Gobierno toma el control de los laboratorios de test privados y regula precios, eso no es exactamente lo que recoge la Orden: 

“Se pone a disposición de las comunidades autónomas cualquier centro, servicio y establecimiento sanitario de diagnóstico clínico, que a la fecha de entrada en vigor de la orden no esté prestando servicios al Sistema Nacional de Salud. Esta puesta a disposición incluye la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para la regulación de los precios de las pruebas diagnósticas para la detección del COVID-19, con el objeto de evitar situaciones abusivas en el acceso a este servicio”.

Se deja en manos de las autonomías usar o no esos servicios privados y regular o no los precios. ¿Qué harán las comunidades autónomas? ¿Lo controlará el Gobierno central? ¿Para qué es entonces el mando único aprobado el 14 de marzo con el Estado de Alarma?

¿Cómo mientras faltan PCR para sanitarios, ancianos y personal de residencias, para aplicar el “tests, tests, tests” a la población que dicta la OMS se permite que quien pague se los haga? Con precios variables, sobre 140€, según si el test lo envían a casa ¡por correo/mensajería! o lo hacen sanitarios en visita domiciliaria o es el usuario quien va la clínica.

Mientras nos auto-engañamos con que de esta crisis sale un consenso sobre el valor de lo público, mientras las autoridades repiten que “triunfa el valor de lo colectivo frente al sálvese quien pueda” (Ávalos dixit el domingo 19), sigue abierta la veda al feroz capitalismo.

¿Dónde queda la economía de guerra laureada, cada sábado, por el presidente Pedro Sánchez, con el sistema productivo “todo a una” para vencer al virus? ¿Cómo no usar los tests privados en quien lo necesita?

¿Qué recursos sanitarios privados se usan desde marzo?

Urge saber cuántos equipos de protección (EPIS), UCIS, camas, respiradores y tests privados usa el Estado desde marzo mientras se crean, a machamartillo, hospitales de campaña, hay traslados de pacientes entre autonomías y se medicalizan trenes.

La derecha que critica cada paso del gobierno PSOE-UP, tanto desde su rol de oposición estatal como desde los gobiernos del PP y Cs apoyados por Vox en Madrid, Andalucía, Murcia, Castilla y León y PP solo en Galicia, de los tests privados ni pío. Lógico tras décadas desmontando la sanidad pública para promover el negocio de las clínicas –y escuelas- privadas.

Los tests rápidos para la mayoría, son la “ruleta rusa”

Pero el tema es grave. Porque ante la carencia de PCR, las autoridades  nos quiere conformar con los “tests rápidos” o “serológicos”, poco eficaces. Pueden servir, solo dada la escasez de PCR y como complemento. Si un test rápido da positivo, esa persona debe aislarse y ahorra un PCR. Pero si es negativo hay que hacerle PCR porque el test rápido no registra el contagio los primeros siete días, cuando el paciente no tiene síntomas.

La Xunta de Galicia de Alberto Núñez Feijoo (PP) se ha negado a usar los 110.000 tests rápidos que le ha enviado Sánchez ni para cribar positivos claros. Pero la Junta de Andalucía de Juan Manuel Moreno (PP), en cambio, ha usado, de los 131.000 tests rápidos del Gobierno, 43.000 para los ancianos en residencias. Y, tras obtener solo un 3% de infectados, impulsa que las familias del resto se los estén llevando a casa.

Sin embargo, el gerente del Instituto Catalán de Salud insta, en un mail filtrado a EL PAÍS, a que no se usen pues “en la práctica parece que la sensibilidad es inferior” a la ya modesta garantizada por el Instituto Carlos III: del 64% en quien empieza a tener síntomas y del 80% tras el séptimo día de infección.

Más aún, José Manuel Bautista, catedrático en bioquímica y biología molecular y coordinador de la red de laboratorios de la Universidad Complutense de Madrid, explica en la SER que: solo los “PCR tienen toda la fiabilidad porque detectan el virus, mientras que el serológico (…) es una ruleta rusa porque puede dar positivo en gente que ya está curada pero sigue pudiendo transmitir el virus o negativo en gente que, sin embargo, sí que tiene el virus”.

La privada aumenta ventas tras la orden del Gobierno

Antes del 13 de abril, según El Mundo, se hacían 1.000 tests privados diarios en laboratorios como Megalab, Genyca, Synlab, Echevarne. ABC a fin de marzo, publicó en esta noticia el teléfono móvil de la primera clínica para promover la cita por WhatsApp de quien quisiera hacerse el test. Echevarne pone en su web que tras la orden sus tests de Covid-19 están “temporalmente fuera de servicio”. En cambio, el presidente de Arquimea Group, Diego Fernández, declara a Europa Press, que aunque temieron la Orden “el efecto real ha sido el contrario, un revulsivo de llamadas de residencias y colectivos” para hacerse esos tests de los que, dice, pueden hacer 70.000 a la semana y un millón en 3 meses.

¿Vamos a aceptar que a la población general nos desconfinen sin PCR, arriesgando a la ruleta rusa la salud de nuestros padres, abuelos e hijos, mientras quien pueda pagarse los tests sigue forrando a la privada?