Para despreciar a los menores la Junta no necesita a Vox

Cuesta entender el ensañamiento con el que la Junta de Andalucía se está cebando con los menores y los jóvenes más vulnerables. Hace tan solo una semana, como culminación de un proceso que ya venía de lejos, la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local clausuró de golpe el último centro de internamiento para menores infractores que quedaba en toda Andalucía bajo gestión pública, el San Francisco de Asís, en Torremolinos (Málaga). A los 108 trabajadores que formaban su plantilla tan solo les habían avisado unos días antes, de manera que ahora mismo no tienen ni idea de qué va a ser de su futuro laboral, porque nadie en la Junta les ha dicho dónde, cómo y cuándo serán reubicados.

En realidad, esta vergonzosa actuación responde a un desprecio generalizado por los menores que simplemente se ha intensificado desde que el Gobierno autonómico cayó en manos del PP y Ciudadanos, con Vox como apuntador.  Entre los logros de otra de las Consejerías, la que ocupa Javier Imbroda, sin duda el peor consejero de educación que haya tenido nunca Andalucía, se encuentra la próxima reducción drástica de plazas en centros educativos públicos de niñas y niños de tres años o mantener en la cuerda floja a las intérpretes de lengua de signos para el alumnado sordo, un servicio al que obliga la ley andaluza. Hace unos meses, sin ir más lejos, de una manera tan dolorosa como imposible de olvidar, la Junta trataba de lavarse las manos en la muerte del joven Ilias Tahiris en el centro de menores Tierra de Oria, de Almería, después de que se le aplicara un salvaje protocolo de inmovilización.

Menores como objetos

Lejos de que este suceso despertara algo de humanidad en nuestros gestores, el cierre del San Francisco de Asís demuestra todo lo contrario. El San Francisco de Asís constaba originalmente de un centro de día que atendía a centenares de menores, y al que justo hace ahora un año la Consejería dio el cerrojazo. Igualmente, tenía también dos pisos de convivencia, que han desparecido con el centro de internamiento, y en el que 16 menores cumplían hasta la semana pasada las medidas judiciales. El centro de internamiento albergaba en la actualidad a 15 internos, que llegaron a ser 45 antes de que, aproximadamente una década atrás, comenzara el desmantelamiento del servicio. Ahora, a una gran parte de sus 15 internos los han trasladado a Granada, a otro centro de gestión privada, como el Tierra de Oria, igual que quien lleva una maleta de un sitio a otro.

La plantilla del centro San Francisco de Asís -esos 108 trabajadores arrojados súbitamente a la deriva laboral- incluía educadores, monitores, equipo técnico (psicólogas, asesores sociales técnico de menores, trabajadoras sociales, etc.), ordenanzas, cocineras, vigilantes, etc. Evidentemente, sus derechos adquiridos como personal laboral de la Junta se mermarán de modo notable el día en que sean reubicados en cualquier puesto de gestión privada.

Los derechos de los menores se someten a imposibles criterios de rentabilidad, cuando, tal y como consagra el artículo 25.2 de la Constitución, toda acción debería orientarse a la reinserción social.

Su angustia solo es comparable a la que, sin lugar a dudas, están sufriendo los menores y sus familias. Para empezar porque alejar a los internos de sus familias, como ha sucedido con su traslado inesperado a Granada, atenta contra el interés superior del menor, un principio supuestamente rector en estas actuaciones. Además, porque entregar el cuidado de menores al interés privado no es en absoluto garantista. La Junta se desentiende de la gestión directa, lo que está provocando menos control en las medicaciones o en el tipo de castigos. Se dan casos de desigualdades entre los internos que, por ejemplo, se pueden costear televisores en su cuarto y los que no. Las condiciones laborales del personal en los centros privatizados, considerablemente peores, tampoco obran en sentido garantista. En definitiva, los derechos de los menores se someten a imposibles criterios de rentabilidad, cuando, tal y como consagra el artículo 25.2 de la Constitución, toda acción debería orientarse a la reinserción social.

Con mucha probabilidad la siguiente ficha que caerá en la casilla de la privatización sea la de los centros de protección de menores. Sencillamente, “protección” y “menores” son dos términos que la Junta no sabe unir. Hace unas semanas Vox intentaba, sin éxito, chantajear al Gobierno autonómico con la mamarrachada del llamado “pin parental”. Sin embargo, la brutalidad con la que la Junta está liquidando estos servicios no ha necesitado del empujoncito final de la extrema derecha. Para nada. Ciudadanos y PP se bastan solitos para demostrar día a día que el cuidado de nuestros menores está en manos de unos desalmados.