Y, mientras, Marlaska y la alcaldesa marbellí atornillados al sillón

Estaba la semana para aprovechar la macromanifestación en Madrid y proteger la Sanidad pública frente a la dañina Administración Ayuso y, a la vez, la foto del presidente Sánchez abordando en el G-20 el ataque con misil a Polonia con Biden, Macron, Scholz y Sunak daba imagen de peso internacional cuando el error en la ley del ‘solo sí es sí’ que da opción de rebajar penas a criminales sexuales torció la senda. La decepción y la tristeza por esas grietas legales solo las supera el estupor por el “mantenerla y no enmendarla” de la ministra Irene Montero y una dirigencia de Podemos que debería abrir oídos a círculos no aduladores. Dicho lo cual, ojo que mientras, se están intentando ir de rositas, como gatos por la gatera, por un lado, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y, por otro Ángeles Muñoz, senadora y alcaldesa de Marbella, protegidos, respectivamente, por PSOE y PP, pese a sus escandalazos.

Lo que a cada cual le salpica, siendo de distinto cariz, es en ambos casos gravísimo. En el de Marlaska, la violación de derechos humanos en la masacre de Melilla del 24 de junio cuando murió una cantidad de personas por esclarecer, 23 ya reconocidas, y se devolvió a Marruecos incumpliendo la ley a 470, según informe del Defensor del Pueblo Ángel Gabilondo –nada hostil al PSOE pues ha sido ministro y cabeza de lista suyo–. En el de la alcaldesa Muñoz, el hedor a corrupción y tráfico de influencias viene por la imputación por la Audiencia Nacional de su marido e hijastro Lars Gunnar Broberg y Joakim Broberg acusados de blanqueo de capitales, organización criminal y narcotráfico.

Las pruebas no paran de aflorar y acumularse. El documental Muerte en la frontera emitido en el programa Africa Eye de la BBC británica ha reactivado el foco sobre el Gobierno al emitir imágenes de moribundos desatendidos dentro del territorio español, pese a que el ministro siempre lo ha negado. Por otra parte, informaciones del compañero de elDiario.es Pedro Águeda no paran de sacar a la luz datos que cercan a la alcaldesa de Marbella cuyo hijastro se vanagloriaba diciendo: “La ciudad es nuestra, la Junta... la jodida Andalucía”, cuyo marido enviaba correos participando en la adjudicación de obras, que ella misma concedió contratos de construcción por 600.000€ al testaferro de su hijastro narco y que ha pasado de ser médica de familia en 1994 a amasar en tres décadas de política una fortuna de 12 millones de euros.   

 ¿A qué precio y por qué mantenerlos?

La lógica dictaría que el Gobierno de España y la Junta de Andalucía, el PSOE –mayoritario en el ejecutivo central y que eligió al ministro– y el PP –que rige el gobierno andaluz con mayoría absoluta y el ayuntamiento marbellí, séptimo mayor de la región– quisieran alejar de ellos cuanto antes estas dos sombrías figuras. Pero, en cambio, se enrocan en protegerlos.

De un lado, mientras esta semana eurodiputados de todo signo, también socialistas, han reclamado en Bruselas una investigación independiente y urgente sobre lo ocurrido en Melilla, aquí en España se llega a instrumentalizar al Congreso de los Diputados para, a base de burocracia, torpedear la comparecencia del ministro Marlaska y la comisión de investigación que piden, desde el socio de gobierno Unidas Podemos a los puntales de investidura y presupuestos ERC, PNV, EH Bildu y el grupo Plural. Todo porque, según fuentes socialistas, “Marlaska no quiere personarse ahora”, a la espera –apunta Jon Iñarritu, de EH Bildu en la comisión de Interior– “de que pase el eco mediático y los tsunamis informativos tapen lo destapado por la BBC”.

De otro, la alcaldesa marbellí insiste en amenazar a la prensa que informa de cuanto la cerca y el PP andaluz pilotado por la célula malagueña a la que pertenecen el presidente Juanma Moreno Bonilla y su mano derecha Elías Bendodo –ascendido por Feijóo a coordinador nacional del partido–, en vez de apartar la manzana podrida y sanear el cesto, hace piña con ella y contraataca con una vieja acusación no probada a la mujer del actual líder socialista andaluz, Juan Espadas. 

Es preocupante que se instrumentalice al Congreso para retrasar la rendición de cuentas de Marlaska o que una ministra solvente como María Jesús Montero dé la cara por un ministro pillado en mentiras y en flagrante vulneración de derechos humanos.

¿Por qué se resisten tanto PSOE y PP a prescindir de Marlaska y Muñoz? Es un enigma que empuja a hipótesis inquietantes porque lo cierto es que uno y otra están bien pillados, las revelaciones se suceden, pinta que caerán (torres más altas cayeron) y mientras más sigan en sus cargos más se llevarán por delante.

La justificación de lo injustificable desprestigia. Muy lamentable ha sido oír a María Jesús Montero, solvente ministra de Hacienda y esperanza del PSOE andaluz frente al anodino Espadas, defender al indefendible Marlaska tras la muerte de las 23 víctimas ya admitidas del 24 de junio de 2022 en Melilla apuntando que con Fernández-Díaz de ministro del PP se mató a unas 15 personas el 6 de febrero de 2014 impidiéndoles llegar a la playa ceutí del Tarajal. Que el PP cínicamente se rasgue ahora las vestiduras no ampara recurrir al dañino “y tú más”.

Lo que los partidos deben plantear a la ciudadanía, que somos luego llamados a votar, es qué tipo de acciones proponen y qué gente pondrán a hacerlas. Y si lo mejor que tienen para ofrecernos es a una Ángeles Muñoz o a un Marlaska (que ya en agosto de 2021 repatrió a 55 niños migrantes de Ceuta a Marruecos vulnerando la ley y que está preparando un inquietante sistema de reconocimiento facial del que expertos independientes alertan por su falta de garantías democráticas) es para echarse a temblar. Mina la fe en el sistema. Y ya sabemos que el electorado progresista es más riguroso que el conservador y que no acude a las urnas cuando le falta convencimiento.